Observatorio Fiscal alerta: $7,8 billones de la reforma tributaria no llegarían a la Nación | Crecimiento | Economía

Esta semana comienza con una advertencia sobre la Ley de Financiamiento 2025, pieza clave para cubrir parte del déficit del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que asciende a $557 billones y todavía sigue sin convencer a los analistas y diversos sectores de la economía que señalan que podría agravar la crisis fiscal.

La alerta en esta ocasión llegó por cuenta del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que dio a conocer un análisis según el cual, de los $26,3 billones en nuevos ingresos que proyecta el Gobierno con esta ley, $7,8 billones no entrarían a la caja nacional, pues corresponden a impuestos al consumo de alcohol y tabaco que pertenecen a los departamentos y al Distrito Capital.

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En otras palabras, cerca del 30% de la reforma tributaria se sostiene en recursos que no pertenecen a la Nación, sino a las entidades territoriales y que para el Observatorio representan no solo un error técnico, sino también un factor de tensión con las regiones.

Los analistas a cargo del informe señalaron que el plan de recaudo adicional contempla un crecimiento progresivo, de $26,3 billones en 2026 a $37 billones en 2030 y resaltan que dentro de ese monto, el rubro de alcohol y tabaco pasaría de $7,8 billones a $10 billones en ese mismo periodo.

“El punto crítico es que este recaudo no es nacional, pues desde 1995 fue cedido a los departamentos y al Distrito Capital a través de la Ley 223, y en 2016 se le asignaron destinaciones específicas con la Ley 1816. En 2024, estos tributos aportaron $5,4 billones, equivalentes al 43% de los ingresos propios de los departamentos. Bogotá recibió $700.000 millones, para un total nacional de $6,1 billones”, acotaron.

El Observatorio acotó que estos recursos son fundamentales porque financian programas de salud, educación y deporte, y en regiones con baja capacidad fiscal como Chocó, Vichada o La Guajira constituyen un verdadero pilar presupuestal e hizo énfasis en que de ahí que la inclusión de este rubro en las cuentas del PGN 2026 genere preocupación.

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Un camino que genera dudas

Con todo lo anterior, los investigadores plantearon dos preguntas centrales, comenzando por si ¿busca el Gobierno convertir estos impuestos en rentas nacionales para cuadrar las cuentas? ¿O, por el contrario, el ingreso adicional que realmente corresponde a los departamentos se terminará aplazando del PGN el próximo año?

“En cualquiera de los escenarios, el efecto es negativo. El primero implicaría desconocer la titularidad territorial de estas rentas y el segundo confirmaría que el PGN 2026 sigue desfinanciado, porque los $7,8 billones nunca llegarían a la Nación”, indicaron.

1 de cada 3 pesos que generaría la reforma tributaria del gobierno Petro no entraría a las arcas de la Nación.

Imagen de ChatGPT

Por otra parte, el informe recuerda que los impuestos al consumo de alcohol y tabaco tienen un diseño complejo y una destinación específica, ya que en el caso de los cigarrillos y el tabaco elaborado, combinan un componente específico de $3.725 por cajetilla y $297 por gramo de picadura, más un 10% ad valorem sobre el precio al público.

“Estos valores suben cada año con el IPC más cuatro puntos; mientras que en el caso de las cervezas, la tarifa es del 48%, que incluye un 8% de IVA, y del 20% para refajos y mezclas. Las cervezas con menos de 2,5 grados de alcohol están clasificadas como alimento y no pagan el impuesto”, dice el reporte.

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Para licores, vinos y aperitivos, se aplica un gravamen específico por grado de alcohol (325 pesos para licores, 220 pesos para vinos) y un ad valorem del 25% y 20%, respectivamente; ante lo cual, más allá de los detalles técnicos, lo cierto es que parte de este recaudo está dirigido directamente a financiar sectores sensibles.

Acá también se debe tener en cuenta que en el caso de los licores, el 37% se destina a salud y el 3% a deporte; en cervezas, el 8% va a aseguramiento en salud y a la red hospitalaria; y en tabaco, los recursos están dirigidos a la atención de población vulnerable y a programas sanitarios.

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¿Un cambio justificado?

Después de hacer el recuento del estado de las rentas, el Observatorio Fiscal señala que en la exposición de motivos de la Ley de Financiamiento, el Gobierno justificó los cambios con un argumento de salud pública, argumentando que el consumo de alcohol y tabaco genera altos costos sociales, y los impuestos son vistos como una herramienta costo-efectiva para reducirlo.

“Por eso, la reforma plantea un rediseño agresivo en el que para el alcohol, se propone unificar el impuesto para todas las bebidas, con base en el precio al consumidor certificado por el Dane, elevar el ad valorem al 30%, fijar un componente específico de 1.000 pesos por grado alcohólico por litro y subir el IVA del 5% al 19%”, indicaron.

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También contaron que para la cerveza, se amplía el hecho generador para incluir las sin alcohol, con una tarifa de 330 pesos por grado alcohólico en 330 cc más un 30% ad valorem. En cigarrillos y derivados, el ad valorem del 10% se mantiene, pero el componente específico de una cajetilla subiría de 4.068 a 11.200 pesos, mientras el tabaco suelto pasaría de 324 a 891 pesos por gramo.

“Además, se introduce un impuesto para vapeadores de 2.000 pesos por mililitro y un ad valorem del 30%. Aunque estos ajustes buscan desincentivar el consumo y aumentar el recaudo, deberían plantearse en otro nivel como una reforma tributaria territorial, explícita y negociada con los departamentos, reconociendo su titularidad sobre las rentas”, señalaron.

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Así las cosas, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que aumentos tan bruscos de tarifas pueden incentivar el contrabando de licores y cigarrillos e insiste en que la presentación poco clara de las cifras resta transparencia al debate fiscal y aumenta la incertidumbre sobre la verdadera magnitud del déficit.

De igual forma, ponen sobre la mesa que contar como nacionales $7,8 billones es un error técnico,
porque esos recursos nunca llegarán a financiar el PGN 2026, de modo que el déficit seguirá siendo un problema.

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Es por esto que más allá del aspecto técnico, sugieren una lectura política, según la cual, la inclusión de estos tributos podría convertirse en una herramienta de negociación con los poderes regionales, justo en un año preelectoral y en el tramo final del Gobierno.

“Al presentar como nacionales recursos que en realidad pertenecen a los departamentos, el Ejecutivo abriría espacio para que las regiones presionen por mayores transferencias o compromisos, en un juego de intereses que trasciende lo meramente fiscal”, concluyeron.

Dicho esto, una vez más se pone en duda la solidez de las cuentas oficiales si se tiene en cuenta que la Ley de Financiamiento 2025, que debería aportar $26,3 billones al PGN 2026, incluye $7,8 billones de tributos que no llegarán a la caja nacional porque son rentas territoriales.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio