Presupuesto 2026 en Colombia: falta de quórum acerca opción de decretazo | Gobierno | Economía

El debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 entró en una fase crítica luego de que las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, que debían votar este jueves 11 de septiembre el monto global de las apropiaciones, suspendieran la sesión por falta de quórum.

Todo esto, luego de que la Comisión Tercera de la Cámara se retirara y con ello, no se logró discutir ni votar las más de 15 proposiciones radicadas para modificar el monto de $557 billones planteado por el Gobierno.

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El incidente dejó en el aire el trámite de una de las leyes más importantes del año y alimentó los temores de que, por falta de consensos y con el tiempo en contra, el presupuesto termine nuevamente aprobado por decretazo, dado que la fecha límite para que las comisiones conjuntas aprueben el monto vence el próximo 15 de septiembre.

Acusaciones de sabotaje

Por medio de sus redes sociales, la senadora Angélica Lozano calificó lo ocurrido como un acto de sabotaje, resaltando que “saboteo, la comisión III de Cámara, firme aliada del Gobierno, no está… rompió quórum para impedir discutir y aprobar presupuesto. ¿A qué juegan?”; dejando clara la molestia de un sector del Congreso frente a lo que interpretan como una maniobra deliberada para dilatar la aprobación.

Vale la pena decir que la falta de quórum no sólo bloqueó el debate de fondo, sino que impidió que se votaran proposiciones que iban desde reducciones parciales del monto global hasta modificaciones profundas al gasto y ahora, con la sesión suspendida, la expectativa se centra en si habrá voluntad política para retomar el trámite antes de que venza el plazo legal.

Entre quienes critican con mayor fuerza el proyecto está el senador Efraín Cepeda, quien advirtió que el Gobierno está intentando obligar al Congreso a aprobar una reforma tributaria encubierta dentro del Presupuesto Nacimiento, ya que según su denuncia, los $26,3 billones adicionales que plantea el Ejecutivo terminarían gravando a las clases medias y bajas de la población.

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“¿Para qué quiere el Gobierno $26 billones de pesos si el año pasado no ejecutó $80 billones y este año no ha ejecutado $70? El gasto para el año entrante crece en $36 billones, entonces es solo para financiar el gasto de funcionamiento, que no es otra cosa que órdenes de prestación de servicio de personas que nada hacen solo para que voten”, afirmó Cepeda.

Si bien en su momento el senador anunció que votará negativamente la reforma tributaria y, en cambio, respaldará la reducción del presupuesto en $26 billones, como mecanismo para frenar lo que considera un exceso en el gasto, esto no se pudo dar y ahora deberán esperar si antes del domingo se cita nuevamente a las Comisiones Económicas.

El Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto en Comisiones Económicas.

Imagen de ChatGPT

Los gremios elevan la presión

El sector empresarial también hizo sentir su voz y desde allí, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificó como insuficiente cualquier recorte inferior a los $45 billones, sentenciando que “lo responsable es un recorte de $45 billones en el presupuesto, cualquier otra cifra es un gran golpe a los hogares, trabajadores, emprendedores y empresas colombianas. Un recorte de $10 billones es una buena señal, pero es absolutamente insuficiente”.

No obstante, en medio de la presión política y gremial, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno está dispuesto a una reducción de $10 billones en el presupuesto global, lo que dejaría el monto en alrededor de $547 billones.

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Paralelamente, el Ejecutivo se mostró abierto a ajustar la Ley de Financiamiento en la misma proporción, reduciendo el objetivo de recaudo de $26,3 billones a $16,3 billones y según Ávila, esta propuesta busca lograr un consenso con el Congreso, destacando que “el propósito que ha animado al Gobierno en toda esta reflexión es tener un presupuesto y una ley de financiamiento acordada con el Congreso”.

Así las cosas, el fracaso de la sesión del 11 de septiembre y la falta de consensos hacen que la atención se centre ahora en la fecha límite del 15 de septiembre, dado que si para entonces no se aprueba el monto del presupuesto, la Constitución habilita al Presidente para expedirlo por decreto.

El Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto en Comisiones Económicas.

Imagen de ChatGPT

El riesgo de que esta sea la salida aumenta con cada día que pasa sin acuerdo; mientras que en ese escenario, el Gobierno tendría la potestad de fijar el monto en los $557 billones inicialmente planteados, con el consiguiente choque político y las advertencias de sectores que ya han cuestionado la transparencia y el tamaño del gasto.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio