El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó el jueves que el contrato de concesión del Canal 1 llegó a su fin y que debe abrirse un nuevo proceso licitatorio.
“Llegó al final el contrato del Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”, escribió el mandatario en su cuenta en X, pese a que la vigencia de la concesión actual expira en 2027.
Canal 1 denuncia hostigamiento del gobierno de Petro
La declaración de Petro se conoció pocas horas después de que Plural Comunicaciones, empresa que administra Canal 1, emitiera un comunicado en el que denunció una “persecución sistemática” de diferentes entidades del Estado.
El consorcio, integrado por varias productoras privadas, cuestionó la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre una presunta integración empresarial no notificada entre Canal 1 y Caracol Radio. Según la compañía, la actuación “desconoce los hechos” y responde a un patrón de hostigamiento que involucra también al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).
“La presión busca debilitar a un medio de comunicación libre y democrático”, aseguró Plural, que calificó la situación como un intento de expropiación de la concesión.
No es la primera vez que Petro plantea la apertura anticipada de un proceso licitatorio. En agosto, durante un consejo de ministros televisado, el jefe de Estado pidió al entonces ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar los trámites para una nueva concesión, alegando irregularidades en la operación del canal.
Días antes, el Mintic había enviado un requerimiento a Plural Comunicaciones sobre modificaciones accionarias sin autorización previa y presuntos incumplimientos en la actualización del Registro Único de Operadores. La empresa respondió que los cambios eran legales y que el propio ministerio había indicado que no era necesario reportar movimientos internos de socios.
El Canal 1 es propiedad del Estado colombiano, pero su operación fue entregada mediante licitación a Plural Comunicaciones. Por ello, los contenidos que se emiten no dependen directamente del gobierno.
La empresa insiste en que el contrato sigue vigente hasta 2027 y que continuará defendiéndolo en instancias legales y administrativas.
