Los fiscales de la dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía de Colombia expresaron su preocupación por las nuevas directivas que, según ellos, limitan sus capacidades de investigación y abren un escenario de impunidad.
De acuerdo con una investigación de la Revista Semana, los funcionarios de la entidad, bajo la nueva directiva 003 de la fiscal Luz Adriana Camargo, recibieron instrucciones de no solicitar órdenes de captura contra criminales que estén en «acercamientos» con el gobierno para los diálogos de paz.
La medida, que generó indignación entre los fiscales, llega al punto de ordenar la «libertad inmediata» de los delincuentes capturados en flagrancia, siempre y cuando el delito esté relacionado con el «concierto para delinquir». Este tipo de conducta criminal está presente en una amplia gama de delitos, desde el hurto hasta las masacres, lo que, según los fiscales, en la práctica les da un «permiso para delinquir».
Camino hacia la impunidad
En el documento al que Semana tuvo acceso, se detalla que las órdenes de captura no solo se suspenden para los criminales designados como «delegados de paz», sino que los fiscales también «se abstendrán de solicitar nuevas órdenes de captura en contra de las personas» que cuenten con este beneficio.
La directriz es contundente: si un delincuente con salvoconducto es sorprendido cometiendo un crimen relacionado con el concierto para delinquir, su captura se considerará «ilegal» y deberá ser dejado en libertad.
La directiva no especifica el nivel ni el tipo de organización criminal, y extiende el beneficio a aquellos con los que se adelanten «acercamientos» o «conversaciones», sin definir el alcance de estos términos. Esto ha llevado a los fiscales a advertir que, aunque las investigaciones formales continuarán, la misión de la Fiscalía se verá comprometida, ya que los propios criminales quedan protegidos por el ente acusador mientras se mantengan en negociaciones con el gobierno.
Además de las directivas sobre las órdenes de captura, los fiscales de Crimen Organizado también han manifestado su confusión y molestia por una polémica resolución de «reorganización» interna, que amenaza con traslados de personal y la entrega de procesos.
