Regiones alertan por vacíos y riesgos fiscales en la nueva Ley de Competencias | Regiones | Economía

La reforma a la Ley de Competencias, uno de los proyectos más esperados del Gobierno en materia de descentralización, ha encendido las alarmas en los territorios y pocas semanas después de que se conociera el primer borrador de este proyecto, departamentos y capitales coinciden en que la propuesta es necesaria, pero advierten que carece de claridad técnica y garantías fiscales suficientes para hacer viable el nuevo reparto de funciones entre la Nación y las entidades territoriales.

En el papel, la iniciativa busca reglamentar el Acto Legislativo 03 de 2024, que aumentó en un 50% los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para los próximos 12 años. No hay que olvidar que dicho incremento, equivalente a $40 billones adicionales, está condicionado a que el Gobierno Nacional traslade gradualmente algunas de sus funciones a los territorios.

Consulte aquí: El recaudo tributario le habría costado la cabeza a otro director de la Dian

No obstante, lo que debía ser un paso hacia la autonomía regional, ha abierto un debate sobre los límites, los tiempos y los riesgos fiscales de esa transferencia; dado que si bien el Gobierno defiende sus postulados, muchos de ellos no terminan de convencer a las autoridades regionales.

Una descentralización a medias

Inicialmente, desde la Federación Nacional de Departamentos se reconoce el valor del esfuerzo del Gobierno por modernizar el esquema competencial, pero advierten que el borrador de ley tiene un carácter más declarativo que operativo y que la propuesta “carece de metodologías claras, diagnósticos técnicos y mecanismos verificables” que permitan orientar la asignación de responsabilidades.

Para los gobiernos departamentales, la ley no resuelve un punto central y es saber qué funciones dejará de ejecutar el nivel central cuando las regiones asuman nuevas tareas. Esa omisión, subrayan, podría romper la neutralidad fiscal prevista en la reforma constitucional, pues el gasto de la Nación solo podrá reducirse si se definen expresamente las competencias transferidas.

Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación, considera que, sin esa precisión, el país correría el riesgo de duplicar responsabilidades, generando sobrecostos y posibles demandas por invasión de competencias; a lo cual debe sumarse la preocupación por el diseño institucional propuesto.

Puede interesarle: ‘Le están quitando la promesa de valor a Bre-B’

“La creación de instancias como el Consejo Superior de Autonomía y Descentralización, conformadas mayoritariamente por entidades del Gobierno Nacional, genera preocupación, pues la participación de las entidades territoriales en estos órganos parece ser marginal, limitando su capacidad de incidir en decisiones que afectan directamente su autonomía y cuyo impacto se verá reflejado en los territorios”, indicó Tavera.

Este colectivo también llamó la atención por los artículos 86 y 87 del texto propuesto, que facultan al gobierno central para asumir competencias locales de manera excepcional, ya sea por subsidiariedad o por intervención directa ante una grave afectación; pero “carecen de estándares objetivos y verificables, otorgando un amplio margen de discrecionalidad a la Nación”.

Este proyecto se espera que llegue al Congreso antes de que acabe el año.

Imagen de ChatGPT

Capacidades y brechas

Otro de los reparos de la FND está en la categorización territorial que plantea el proyecto; ya que la propuesta distingue tres tipos de departamentos y siete clases de municipios según criterios de capacidad y densidad poblacional, pero sin sustento técnico ni jurídico claro; por lo que resaltan que esta nueva clasificación podría chocar con la Ley 617 de 2000, que sigue regulando topes de deuda, límites de gasto y escalas salariales.

Además, recuerda que más de 950 municipios permanecen hoy en la categoría 6, con estructuras administrativas precarias y mínima capacidad de recaudo, dejando claro que “no es lo mismo gobernar desde Bogotá que desde Acandí” e insistiendo en la necesidad de construir una línea base que mida capacidades institucionales y fiscales antes de asignar nuevas competencias.

Lea también: Bioeconomía: el nuevo frente del crecimiento que Colombia aún no despega

Cabe recordar que el borrador de la Ley de Competencias concentra su aplicación inicial en tres áreas, que son salud, educación y agua potable y que desde la Federación de Departamentos valoran esa priorización, pero alertan sobre vacíos de coherencia normativa y sostenibilidad financiera.

“El proyecto de ley busca redirigir la casi totalidad de los recursos del SGP de salud para financiar directamente la oferta de servicios a través de la operación de Centros de Atención
Primaria en Salud (CAPS) públicos, un modelo donde el dinero sigue al prestador y no al afiliado. La crítica central es que el gobierno legisla sobre un sistema de salud diferente al existente, creando una disrupción estructural sin modificar la ley que define el modelo de aseguramiento”, reseñaron.

Regiones y recursos públicos en las regiones.

Imagen generada con Inteligencia Artificial – ChatGPT

Una descentralización financiada

La visión de Asocapitales, que agrupa a las principales ciudades del país, coincide en la necesidad de actualizar el marco competencial, pero subraya que el mayor riesgo del borrador es trasladar responsabilidades sin fuentes de financiación explícitas.

Andrés Santamaría Garrido, director de esta asociación, respalda la reforma, siempre que cada nueva función venga acompañada de un costo fiscal calculado y verificable, una fuente presupuestal garantizada y un cronograma de ejecución, destacando que lo más importante es que haya un “costo fiscal claro, cronograma verificable y acompañamiento institucional”.

Más información: Contraloría advierte que pobreza en el Caribe persiste, pese a millonarias inversiones

Las capitales también reclaman una autonomía real en la gestión de recursos y proyectos, lo que implica mayor margen para definir prioridades locales en inversión, talento humano y planeación fiscal; planteando que “la autonomía no puede quedarse en el discurso, sino que requiere poder de decisión sobre el gasto y las fuentes de ingreso propias”.

Entre sus propuestas figura la creación de fondos sectoriales especializados, con recursos indexados al IPC y a la demanda poblacional, además de un sistema de incentivos que premie la eficiencia en la gestión pública. También piden condiciones más flexibles para acceder a crédito multilateral y financiamiento externo, con garantías comparables a las del Gobierno Nacional.

Este proyecto se espera que llegue al Congreso antes de que acabe el año.

Imagen de ChatGPT

Asocapitales no se opone a la gradualidad de doce años establecida por el Acto Legislativo, pero exige que esta se traduzca en metas medibles y balances públicos que permitan evaluar el cumplimiento de la Nación, dejando claro que esta transición “no puede ser sinónimo de demora; debe ser sinónimo de responsabilidad compartida”.

En materia institucional, las capitales proponen crear un Consejo Nacional de Descentralización, con participación directa de alcaldes y gobernadores, encargado de definir los estándares de servicio y los costos asociados a cada competencia. También piden mesas técnicas permanentes Nación–capitales para coordinar la implementación sectorial en salud, educación y seguridad urbana.

Noticia destacada: Exdirector de la Dian explica por qué Colombia no necesita una nueva reforma tributaria

Otro punto clave es la diferenciación por capacidades institucionales. Asocapitales considera que el borrador no distingue entre ciudades con contextos y recursos muy disímiles, por lo que propone un Índice de Capacidad Territorial que sirva como referencia para determinar el grado de autonomía y acompañamiento que requiere cada entidad.

Tanto departamentos como capitales reconocen que la Ley de Competencias representa una oportunidad histórica para redefinir la relación entre Nación y territorio, pero coinciden en que la versión actual necesita ajustes sustanciales. Todo esto mientras que la discusión de fondo no es únicamente técnica, ya que toca el modelo de Estado que Colombia quiere construir. Las regiones piden confianza, capacidad y corresponsabilidad; la Nación, control, gradualidad y sostenibilidad.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio