Firma de Miami, Diaz Reus & Targ, acusada de perjurio y conflicto de interés en caso ligado a Pdvsa-Ad Hoc – AlbertoNews

La prominente firma de abogados de Miami, Diaz Reus & Targ (DRT), enfrenta serias acusaciones de perjurio, fraude al tribunal y conflicto de interés, presentadas durante una acalorada audiencia general la semana pasada en el tribunal federal del Distrito Sur de Florida.

Las acusaciones surgen de un litigio civil actualmente ante la Corte de Apelaciones de 11er Circuito presentado por tres ciudadanos venezolanos, el ingeniero Jorge Alejandro Rodriguez, el dirigente sindical Ivan Freites y el conocido opositor y editor del prestigioso diario El Nacional Miguel Enrique Otero, contra Horacio Medina, el controversial presidente de la junta directiva ad hoc de PDVSA, quien es cliente de Diaz Reus.

Durante la audiencia, el demandante principal, Jorge Alejandro Rodriguez, quien actúa pro se (sin representación legal), acusó formalmente a DRT de un grave conflicto de interés. Según Rodriguez, él y sus co-demandantes sostuvieron consultas profesionales detalladas con socios clave de Diaz Reus, incluyendo a Michael Diaz y Javier Coronado, en octubre de 2023.

Rodriguez alega que el propósito de esa consulta era discutir un litigio «sustancialmente relacionado» con PDVSA, el mismo núcleo del caso en el que la firma ahora defiende a Medina en su contra.

Más grave aún, Rodriguez acusó a la firma de cometer perjurio y «fraude al tribunal» al, presuntamente, presentar declaraciones juradas falsas para ocultar este conflicto. La acusación se centra en mensajes de texto proporcionados por un ex-asociado de DRT, Jorge Schmidt, quien negaba conocer a Rodriguez o el asunto. En la audiencia, Rodriguez afirmó que dichos mensajes contenían una «línea de tiempo imposible» (fechados en
2023 para un asunto que, según él, surgió en 2025) y que DRT «obstruyó» activamente el contacto con Schmidt durante cuatro meses.

Los abogados de Diaz Reus, liderados en la audiencia por Gábor Gazsó y Marta Colomar, negaron categóricamente las acusaciones, calificándolas de «especulativas», «vagas» y carentes de fundamento. La defensa de la firma sostiene que, aunque hubiera existido una consulta previa, esta no guarda la «relación sustancial» requerida por las normas de ética para constituir un conflicto que amerite la descalificación.

El caso principal, una demanda bajo la ley RICO que acusaba a Medina y otros de difamación e intimidación, ya había sido desestimado con prejuicio respecto a los cargos federales por la jueza del caso, quien lo calificó en su
momento como un «alegato escopeta» (shotgun pleading) inadmisible.

Diaz Reus es una firma reconocida en Miami por su práctica en litigios internacionales complejos y defensa de «cuello blanco» (white-collar crime), a menudo representando a clientes de alto perfil en América Latina.

Horacio Medina, su cliente, es una figura polémica pública clave en el contexto de la oposición venezolana, conocido por presidir la junta ad hoc de PDVSA nombrada por la Asamblea Nacional y quien se ha visto envuelto
en acusaciones de lavado de dinero durante este litigio.

La Jueza Magistrada a cargo de la audiencia no emitió un fallo sobre el fondo de las graves acusaciones. En cambio, la corte centra su atención en un asunto técnico previo: si el tribunal tiene jurisdicción para siquiera
considerar las mociones de sanción y descalificación, dado que el caso principal se encuentra en apelación.

La jueza ordenó a ambas partes presentar escritos legales de siete páginas, a entregarse la próxima semana, centrados exclusivamente en esta cuestión jurisdiccional. El resultado de este debate determinará si las serias acusaciones de mala conducta profesional contra Diaz Reus serán investigadas a fondo por el tribunal o las mismas deben tratarse en otro foro o jurisdicción.

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