El miedo como programa: migración, política y los fantasmas de la campaña presidencial chilena
En las campañas electorales, todo problema encuentra culpables veloces. Si falta trabajo, es por los extranjeros. Si colapsa la salud pública, la culpa es de los que llegaron. Si aumenta el miedo, son los recién llegados quienes lo encarnan. Las elecciones se convierten en un gran bazar de responsabilidades, donde la complicidad discursiva se negocia como moneda de cambio: usted vota, y yo le diré a quién culpar mañana. Con la migración sucede igual: se compra miedo al por mayor y se vende explicación instantánea en titulares.
La migración se ha vuelto metáfora y chivo expiatorio. Ya no es un asunto de gestión pública, sino una narrativa con poder para moldear temores y definir candidaturas. La opinión pública ha tomado un atajo peligroso: asociar migración con delincuencia, estigmatizar al extranjero y reducir vidas complejas a consignas alarmistas. No es ficción: en Chile —como en tantas otras latitudes— la palabra “venezolano” ha sufrido una transformación semántica. En ciertos espacios mediáticos se pronuncia con un dejo despectivo, a veces camuflado en el adjetivo “caribeño”, usado con intención peyorativa. Esa conversión de identidad en amenaza no surge de la nada: se construye a diario en matinales, columnas, redes sociales y debates televisivos que fabrican el clima antes del hecho. Primero se inventa el peligro; luego se cosecha el miedo. Y entre ambos extremos queda la gran mayoría de migrantes —los que trabajan, estudian, emprenden y sostienen hogares— reducidos a símbolo de amenaza o simple cifra estadística.
No puede negarse que existen problemas reales de integración. Algunos grupos enfrentan dificultades para adaptarse a nuevos códigos culturales y cívicos, arrastrando heridas profundas de pobreza, violencia o desarraigo. Pero esa fractura no nació en el exilio: proviene del colapso social que dejó tras de sí un Estado venezolano devastado por el autoritarismo y la corrupción. Décadas de represión, miseria y descomposición generaron, junto a la diáspora humanitaria, un tejido social roto que permitió la expansión de estructuras criminales. Varias de ellas —paramilitares, mafias del oro, del narcotráfico y del contrabando— crecieron bajo la complicidad o tolerancia del propio aparato estatal y aprovecharon la migración masiva para extenderse en la región. Negarlo sería ingenuo. Pero reducir toda una diáspora a su costado delictivo es igualmente injusto: implica condenar a millones que escaparon justamente de ese sistema de crimen institucionalizado.
La narrativa de criminalización masiva es peligrosa porque borra los matices y desplaza la mirada del verdadero origen del colapso. Cuando políticos y comentaristas en Chile sostienen que la llegada de extranjeros es la raíz de la inseguridad o el desorden, terminan sirviendo —consciente o inconscientemente— a una narrativa funcional al régimen que provocó la diáspora. Así, el debate se simplifica: se castiga al desplazado y se absuelve al dictador.
La campaña presidencial chilena de 2025 ha sido una muestra clara de esa tensión. Los programas y discursos oficiales oscilan entre la promesa de inclusión y la consigna del “orden”. En el papel, se ofrecen planes de regularización y acceso a salud o educación; en la práctica, predomina la retórica del miedo, centrada en la expulsión y el control. La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado añadió un nuevo elemento: la política exterior chilena se cruzó con la discusión sobre Venezuela y la migración.
El galardón no solo reconoció a una figura opositora al chavismo; reactivó el debate sobre quién representa la resistencia democrática y, por extensión, qué venezolanos merecen asilo o simpatía. No es casual que parte de la izquierda chilena acuse a la diáspora de “conservadora” por sus afinidades políticas, mientras la derecha insiste en señalarla como fuente de inseguridad o alteración cultural. Ambas posturas se tocan en lo esencial: deshumanizan al migrante y lo convierten en objeto útil para el cálculo electoral.
La prensa también participa en este juego. Antes de que ocurra un hecho, ya existe un relato que lo interpreta. Así, la opinión pública, saturada de fragmentos, titulares y opiniones, asume como natural la ecuación migrante-delincuencia. El resultado es doble: se legitiman políticas restrictivas que vulneran derechos humanos y se encubren las responsabilidades estructurales del Estado venezolano que exportó el caos. La tragedia se transforma en espectáculo, y el sufrimiento, en capital político. Los medios que deberían contextualizar terminan amplificando prejuicios; la política, en vez de integrar, administra la exclusión.
Ni la izquierda ni la derecha escapan a esta instrumentalización. Desde la primera, surgen críticas hacia los venezolanos que, según encuestas, apoyan opciones conservadoras; desde la segunda, se los culpa del desempleo y de la inseguridad. En ambos extremos, la migración sirve para consolidar identidades partidarias y despertar emociones primarias. Y mientras tanto, quienes vieron en Chile un refugio político o vital cargan con la desconfianza generalizada.
Los datos, sin embargo, desmienten las narrativas simplistas. Diversos estudios muestran que la criminalidad no depende de la nacionalidad, sino de condiciones estructurales de exclusión y fallas institucionales. Las encuestas reflejan, además, que los migrantes tienden a apoyar a quienes ofrecen estabilidad y seguridad, no ideología. Pero esa racionalidad electoral choca con los estereotipos cultivados en el discurso público. Cuando una sociedad elige el miedo sobre la comprensión, su frontera más peligrosa ya no es la geográfica: es la moral.
Asumir una mirada realista implica reconocer las dificultades de integración y las causas profundas de la crisis venezolana. No se puede entender la delincuencia transnacional sin hablar del colapso institucional que la generó, pero tampoco se puede permitir que ese fenómeno sirva de excusa para criminalizar al conjunto de la diáspora. Integrar exige equilibrio: políticas públicas eficaces, justicia sin prejuicios y memoria histórica que recuerde por qué —y de quién— huyen tantos.
El desafío no es menor. Requiere que los medios vuelvan a su vocación de contexto, que los partidos abandonen la tentación de usar el miedo como táctica, y que la sociedad civil construya puentes reales de inclusión más allá de la compasión momentánea. Porque el exilio no es una amenaza: es un espejo que revela tanto la ruina de un país como la capacidad del otro para responder con humanidad y coherencia. Y es allí donde se mide, al final, la verdadera madurez democrática: no en los discursos sobre derechos, sino en la forma en que una nación trata a quienes cruzan su frontera buscando sobrevivir.
- @NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds
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Fuente de TenemosNoticias.com: runrun.es
En la sección: Opinión archivos – Runrun.es: En defensa de tus derechos humanos
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