La Comisión incluye a España entre los países sometidos una «desproporcionada» presión migratoria y optará a ayudas | elperiodico.com
Este martes la Comisión Europea ha dado un nuevo paso en la puesta en marcha del recientemente aprobado pacto de Asilo y Migración, al publicar el primer informe sobre la situación en el bloque, que sitúa a España como uno de los países sometidos a una mayor presión migratoria en la Unión Europea (UE), lo que le permitirá optar a ayudas.
Según Bruselas, España se enfrenta a un número «desproporcionado» de llegadas de personas migrantes y refugiadas, como resultado de operaciones de rescate. El informe del Ejecutivo comunitario se basa en los datos recabados entre julio de 2024 y junio de 2025 y no distingue entre operaciones gubernamentales o realizadas por ONG.
Sin embargo, en términos generales, el informe de la Comisión certifica una caída importante tanto de las llegadas irregulares como de las solicitudes de asilo en todo el bloque. «Las llegadas ilegales a la Unión Europea se han reducido un 35% este año. Es resultado del trabajo que hemos realizado con nuestros socios internacionales», ha dicho el comisario de Migración, Magnus Brunner, en una comparecencia ante los medios. Las proyecciones de cara a 2026 anticipan que esa tendencia continuará a la baja. Bruselas subraya, sin embargo, la importancia de seguir garantizando la protección de las personas desplazadas desde Ucrania, debido a la agresión rusa.
Solidaridad en cuestión
Junto a España, entre los países con una mayor presión migratoria, están Italia, Grecia o Chipre. Estos países podrán beneficiarse del mecanismo de solidaridad que establece el pacto y que entrará en vigor el próximo año. Los gobiernos que lo deseen podrán solicitar apoyo financiero, técnico o incluso pedir a otros países que reubiquen a algunas de las personas rescatadas.
En base a las necesidades de estos cuatro países y los recursos del resto, Bruselas pondrá sobre la mesa una propuesta del reparto de la carga. Después, serán los gobiernos quienes negocien el acuerdo final en base a quién está dispuesto a contribuir de qué manera. El problema es que nadie, o casi nadie, parece estar dispuesto a participar.
«Ningún país de la Unión Europea debería tener que afrontar solo esta fuerte presión», ha dicho Brunner insistiendo en que se trata de un mecanismo «equilibrado», donde son los gobiernos quienes deciden. «No se trata de un proceso voluntario, sino de un mecanismo obligatorio, pero flexible», ha reconocido una alta fuente comunitaria. Esa flexibilidad tiene que ver con el tipo de ayuda que los gobiernos pueden ofrecer: acogida, ayuda financiera o técnica.
Exenciones
Pero la legislación también abre la puerta a que algunos países puedan solicitar ser eximidos al entender que han hecho un esfuerzo de acogida importante en los últimos cinco años. Las mismas fuentes insisten en que esta exención depende de «una evaluación objetiva» de la propia Comisión y debe ser autorizada.
Entre los países que podrían optar por retrasar o evitar su contribución están Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia. Se trata de países que se encuentran en una situación compleja dados los esfuerzos realizados en los últimos años, en particular en la acogida de refugiados ucranianos. El Gobierno polaco ya ha anunciado que no participará en el mecanismo de solidaridad.
Además, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia y Finlandia se encuentran en riesgo. Estos países tendrán acceso prioritario a otros mecanismos de ayuda. Para evaluar el grado de presión, la Comisión tiene en cuenta el número de llegadas y solicitudes de asilo, pero también el PIB o la población.
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