CIDH otorgó medidas cautelares a excandidato Enrique Márquez y otros cinco presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este miércoles que otorgó medidas cautelares a favor del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez y otros tres ciudadanos por considerar que están en una situación «de gravedad y urgencia».

«Sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela», agregó, en un comunicado, el organismo multilateral.

Márquez, de 62 años, fue uno de los candidatos de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 y se encuentra detenido desde el 7 de enero. Ese día fue interceptado por cuatro hombres armados y vestidos de civil, detalló la resolución. «La parte solicitante resaltó que tuvo conocimiento de que fue aprehendido por agentes estatales a través de una declaración pública del Ministerio del Interior».

CIDH otorgó medidas cautelares

La comisión encontró que la situación de detención de Márquez, la falta de comunicación con sus familiares, la ausencia de información sobre sus condiciones de detención, así como su estado de salud actual lo exponen a mayor afectación a sus derechos.

La resolución de la CIDH cobija igualmente con medidas cautelares a Macario Bonifacio González Arias, a su hija y nieta, a Merys Torres de Sequea y a Ana Zoris Gutiérrez Torres.

González Arias, de 73 años, fue diputado a la Asamblea Nacional, alcalde en el estado Lara y dirigente del partido opositor Voluntad Popular. La CIDH señaló que se desconoce su paradero desde el mes de septiembre, cuando fue detenido.

Sin protección a sus derechos

En la misma situación se encuentran Merys Torres y Ana Zoris Gutiérrez, indicó la comisión. La CIDH destacó que familiares y representantes enfrentan la imposibilidad de activar acciones internas efectivas para proteger sus derechos.

La resolución solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de esas personas. También que informe si los beneficiarios se encuentran bajo custodia y, en ese caso, indique el lugar, el motivo y las circunstancias de su detención.

Comunicación con familiares

Entre otras cosas, solicitó que se facilite la comunicación con familiares y abogados de confianza, que informe si les han imputado delitos y sin han sido presentados ante un tribunal. El gobierno debe, según la resolución, realizar de inmediato una revisión médica y garantizar la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, cuyos resultados sean informados a sus parientes y representantes.

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza hasta este miércoles 1.080 presos políticos en el país, de los cuales, según sus registros, 224 pertenecen a organizaciones políticas y 564 son parte de la sociedad civil.

La ONG Foro Penal, que también asiste a presos políticos, contabiliza menos casos. Hasta el 10 de noviembre, su registro incluye un total de 882 presos políticos en el país y reporta que se desconoce el paradero de 59 personas.

El Gobierno de Nicolás Maduro y también el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos. Aseguran que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.