Denuncian tortura y abusos a presos políticos en Tocorón
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) denunció graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el pasado 17 de noviembre en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. La organización expone cómo la represión contra los internos políticos se intensificó en el penal. Juan David Gutiérrez, un detenido que padece síndrome de Asperger y TDAH, intentó suicidarse en su celda durante un corte eléctrico. Sus compañeros lograron evitar la tragedia y trasladarlo a la enfermería, pero las autoridades penitenciarias no ofrecieron información clara sobre su estado, generando una intensa angustia familiar.
Castigos en “tigritos” e intimidación carcelaria
Al exigir respuestas por el estado de Gutiérrez, los custodios respondieron con amenazas y golpes, ordenando silencio a los demás detenidos. La crisis se agravó cuando Jhoandri José García, compañero de celda, sufrió un colapso nervioso y de ansiedad. Funcionarios del penal, en lugar de proporcionarle atención médica, lo maltrataron. El director del penal, Juan Carlos Quezada, trasladó a García a golpes hacia las celdas de castigo, conocidas como “tigritos”, lugar de aislamiento y represalias. Dos detenidos permanecen actualmente en esas celdas, sufriendo intimidación constante. Organizaciones de derechos humanos señalan que este tipo de trato califica como tortura y trato cruel.
Amenazas directas a las familias denunciantes
El director Quezada no solo ha reprimido a los internos, sino que también ha intimidado directamente a los familiares que buscan la verdad. Las madres y allegados, muchos de ellos en situación de pobreza extrema, denunciaron amenazas de suspensión de visitas o la posibilidad de solicitar detenciones arbitrarias por parte del Sebin si continúan exponiendo los abusos. Esta intimidación busca silenciar la denuncia pública y evitar que la verdad sobre las condiciones de los presos políticos Tocorón se difunda.
El CLIPPVE exige al Estado venezolano investigar las agresiones y abusos de poder, poniendo fin al uso de las celdas de castigo. La organización también urgió a proteger la vida e integridad de los afectados y garantizar atención médica y psicológica adecuada. El Comité advirtió que estos hechos constituyen delitos internacionales, formando parte del material de investigación que evalúa la Corte Penal Internacional (CPI). La organización hizo un llamado urgente a la ONU y a la CIDH para que activen mecanismos de protección inmediata ante esta realidad inhumana.
Fuentes: Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), Runrunes, La Patilla.
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