Cuerpos de seguridad revisan celulares en Venezuela
La vigilancia policial en las calles de Maracaibo y Caracas escala a nuevos niveles. Ciudadanos denuncian revisiones ilegales de chats privados bajo la búsqueda de términos como “Maduro” o “invasión”.
Ciudadanos en las principales urbes de Venezuela enfrentan una nueva modalidad de control social que vulnera directamente la privacidad. Funcionarios de seguridad detienen vehículos y transeúntes no solo para verificar documentos, sino para inspeccionar teléfonos celulares sin orden judicial. Esta práctica busca rastrear opiniones políticas o supuestos vínculos conspirativos en aplicaciones como WhatsApp y Telegram.
Testimonios recientes en Maracaibo revelan el modus operandi. Agentes policiales retienen a los conductores y exigen acceso a sus dispositivos móviles. Una vez desbloqueados, los uniformados ingresan palabras clave en los buscadores de los chats. Términos como “Maduro”, “Trump”, “sexo”, “droga” o “invasión” activan las alertas de los funcionarios.
Una joven trabajadora del sector tecnológico, vivió este episodio junto a su novio. “Pasamos muy mal momento. Nos retuvieron por unos 15 minutos y, luego de revisar los celulares y nuestros bolsos, nos dejaron ir”, relató la afectada, quien prefiere el anonimato por seguridad.
Vigilancia y control social
Expertos en seguridad y sociología advierten sobre el objetivo detrás de estas requisas. Una fuente policial confirmó que las autoridades buscan detectar a personas que apoyen una intervención extranjera o critiquen a la administración de Nicolás Maduro. El hallazgo de contenido “comprometedor” puede derivar en extorsión o cárcel.
Guillermo Tell Aveledo, experto en ciencias políticas, explica que estas acciones buscan imponer temor. La estrategia apunta a desmovilizar a la ciudadanía y fomentar la autocensura. Como resultado, la gente abandona los grupos de chat y evita emitir opiniones políticas por miedo a represalias.
La Constitución venezolana, en su artículo 48, garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Sin embargo, la realidad en las calles contradice la norma. Domenico, un ciclista en Caracas, denunció que tres policías lo retuvieron durante dos horas para leer sus conversaciones personales. “Me sentí humillado”, confesó.
Aumento de la represión selectiva
El clima de tensión aumenta ante el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe y las recientes interacciones entre Donald Trump y Nicolás Maduro. En este contexto, organizaciones no gubernamentales reportan un incremento en las detenciones arbitrarias.
La ONG Provea registró 54 arrestos con fines políticos solo en octubre. Entre los afectados destacan líderes sindicales y gremiales. La Policía Nacional Bolivariana detuvo recientemente a José Elías Torres, secretario general de la CTV, y a William Lizardo, dirigente sindical en Valencia.
Los tribunales también emiten sentencias severas. Rafael Tudares, yerno del excandidato Edmundo González, recibió una condena de 30 años. De igual forma, Marggie Xiomara Orozco, una médico de 65 años, enfrenta tres décadas de prisión por enviar un audio de WhatsApp crítico contra la gestión de Nicolás Maduro.
Juan Manuel Trak, sociólogo, define esto como un “patrón de represión” renovado. El gobierno intenta desarticular cualquier foco de protesta ante la volatilidad económica y la presión internacional. Mientras tanto, líderes opositores como María Corina Machado convocan a movilizaciones globales, denunciando el control que ejerce el crimen organizado sobre el territorio nacional.
Fuentes:
- El Nuevo Herald
- Punto de Corte
- Testimonios y datos suministrados en el texto base.
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