El Reino Unido se suma a la ola antiinmigratoria en Europa y reclama revisar las leyes de derechos humanos para acelerar las deportaciones | elperiodico.com
El Gobierno laborista del Reino Unido se ha sumado a más de una veintena de países europeos y ha reclamado revisar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) para frenar la llegada de inmigrantes al continente. La declaración, suscrita por países con gobiernos ultraconservadores como Italia y Hungría, ha sido redactada este miércoles en el marco de la reunión en Estrasburgo de los ministros de Justicia del Consejo de Europa, a la que ha asistido el viceprimer ministro británico, David Lammy. Las presiones del Reino Unido para endurecer la legislación europea, especialmente los artículos que dificultan la deportación de los extranjeros que cometen delitos en sus países de acogida, han ido en aumento en los últimos meses en un intento de frenar el auge de la derecha populista.
En la declaración conjunta, firmada por 27 de los 46 países miembros del Consejo de Europa, los ministros de Justicia reconocen que los gobiernos deben garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales pero, al mismo tiempo, señalan que también deben «preservar los valores» de sus sociedades y «proteger eficazmente las fronteras», algo que incluye impedir los cruces ilegales y luchar contra las redes de tráfico ilícito de migrantes. «Los derechos y libertades de nuestras poblaciones se ven amenazados por personas que se aprovechan de nuestra hospitalidad para cometer delitos graves; la trata de seres humanos y la instrumentalización de los migrantes», señala el documento.
Revisión de la CEDH
Los países firmantes han puesto el foco concretamente en los artículos 3 y 8 del CEDH, los cuales protegen a los extranjeros condenados por delitos graves de la deportación en caso de que exista el riesgo de que sufran un «trato inhumano y degradante» si son expulsados o de que se vulnere su derecho a la vida familiar —por ejemplo, si tienen hijos a su cargo—. La declaración pide al Consejo de Europa que aporte una mayor claridad sobre la definición de «trato inhumano y degradante», al mismo tiempo que reclama que se dé más importancia a la naturaleza y a la gravedad del delito cometido que a los vínculos sociales, culturales y familiares del delincuente extranjero con el país de acogida.
La petición ha sido recogida por el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, quien ha tomado nota de las preocupaciones de los países firmantes y se ha comprometido a adaptar la legislación europea a las circunstancias actuales. «Las nuevas formas y la magnitud de la migración irregular ejercen presión sobre los gobiernos en su esfuerzo por mantener el orden público, garantizar la seguridad nacional y proteger la seguridad de las personas», ha asegurado Berset. «Estos retos son reales y legítimos», ha añadido. Los Estados miembros se han emplazado a una nueva reunión la próxima primavera para discutir las reformas de la CEDH, aunque existen diferencias significativas entre ellos. Países como España, Francia o Alemania se han mantenido al margen de la declaración.
Discurso antiinmigración
El Gobierno laborista del Reino Unido está endureciendo su discurso contra la inmigración para hacer frente al auge del partido de derecha populista Reform UK, liderado por el ultra Nigel Farage, quien se ha mostrado a favor de abandonar la CEDH para evitar reveses judiciales como el que tumbó la implementación del plan de deportaciones a Ruanda impulsado por el anterior Gobierno conservador. Los laboristas no han ido tan lejos e insisten en su voluntad de respetar las leyes internacionales de derechos humanos, pero sí se han mostrado a favor de modificar la legislación nacional en esta materia para hacerla más restrictiva.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció a finales de noviembre nuevas limitaciones a la obtención de la nacionalidad británica para los ciudadanos extranjeros, algo que se suma a los esfuerzos por reducir cuanto antes el número de solicitantes de asilo y cerrar los alojamientos temporales. Mahmood se ha comprometido a seguir adelante con su plan a pesar de las recientes advertencias de algunos organismos independientes, entre ellos la Oficina Nacional de Auditoría, que ha alertado este miércoles de que la reforma del sistema de asilo podría conllevar «consecuencias no deseadas», como el aumento del sinhogarismo o nuevos retrasos en la tramitación de las solicitudes.
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