María Del Pilar Valencia, magistrada de la JEP que declaró a los Montes de María y sus comunidades como víctimas del conflicto armado, explica fallo
📅 🕐 31 Dic 2025🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 9 min de lectura
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La jurisdicción espacial para la paz declaró este año a los Montes de María y a sus comunidades como víctimas en el conflicto armado.
Ya había declarado al Canal del Dique y el Río Magdalena como víctimas dentro del macrocaso 8 que investiga la relación que existió entre las Fuerzas Armadas del Estado y Grupos Paramilitares.
La Magistrada de la JEP María Del Pilar Valencia, autora del fallo, habló para EL TIEMPO sobre esta decisión histórica.
¿Cuál es el significado de este fallo histórico?
Tiene un significado en distintos sentidos: primero que todo en la región, pero también el reconocimiento de la comunidad campesina como sujeto colectivo de reparación.
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¿Cómo nace esta declaratoria?
Los Montes de María es uno subregión del Caribe golpeada por el conflicto armado. Foto:Archivo/EL TIEMPO
Quienes solicitaron a nuestro despacho esta acreditación del territorio como víctima fueron los colectivos y organizaciones de desplazados, que son básicamente campesinos que además representan a algunos pueblos y comunidades étnicas de la región.
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¿En qué consiste reconocer a un territorio como víctima?
Esto implica que hay una interdependencia entre el territorio, entendido no solamente como los ecosistemas, sino como condición para la vida digna de las comunidades que allí lo habitan. Lo resumo en una frase: Toda afectación al territorio afecta también el derecho a la vida de las comunidades. Y toda afectación a las comunidades al mismo tiempo genera efectos sobre el territorio.
¿Cómo se llega a este fallo?
Puesto de control en la Troncal del Caribe, en Marialabaja (Bolívar). Foto:Armada Nacional
Este fallo se da gracias a una solicitud de las comunidades montemarianas, es decir, la organización social fue fundamental para que la Jurisdicción Especial para la Paz adelantara estas investigaciones.
¿Esta decisión se enmarca en que investigaciones de la JEP?
Investigamos el subcaso Montes de María, dentro del marcocaso 08, que investiga la responsabilidad de agentes del estado e integrantes de la fuerza pública que pudieron estar en asociación con el paramilitarismo, y terceros que hayan cometido graves violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado, ya sea de manera directa o indirecta.
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¿A qué terceros hace referencia?
EL SALADO Foto:Archivo el tiempo
Preexiste el reconocimiento de otros colectivos que también tienen un vínculo estrecho con el territorio. Para comprender la dimensión de estas investigaciones debemos reconocer que el territorio tiene varias dimensiones: Una de las dimensiones es la ruptura y el debilitamiento del tejido social de comunidades o pueblos que requieren de los ecosistemas, y que requieren una serie de prácticas y conocimientos para una vida digna. Aquí no se trata de una vida en condiciones precarias, se trata de una vida con el pleno de garantías.
¿Esas garantías están representadas en que aspectos?
En seguridad, pervivencia cultural, supervivencia física y de sujetos que interactúan y desarrollan su cultura. Además, hay que decir que en esta declaración las comunidades son protagonistas. Aquí no son la sumatoria de personas individuales. Se trata de comunidades que preexisten al conflicto y cuyos destinos de vida, cuyas opciones de desarrollo, cuyas manifestaciones culturales han sido gravemente afectadas por el conflicto armado.
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¿Cómo impactó el conflicto a los ecosistemas?
EL SALADO Foto:archivo el tiempo
La guerra afecta no solamente la vida humana, sino otras formas de vida: ya sea fauna, flora y la diversidad. A su vez, la seguridad alimentaria de estas poblaciones. También viene afectando el ejercicio de sus derechos como sociedad en un territorio y en unas instituciones del Estado, que no han sabido responder por esos derechos.
Puntualmente ¿cómo van a ser resarcidas estas comunidades?
Las organizaciones han presentado una serie de denuncias sobre daños que ha sufrido el territorio. Esos daños están relacionados con las dimensiones que le he mencionado, que incluyen no solamente la pérdida material del territorio por el despojo, producto de diversos intereses, que los han expulsado de sus tierras, además se han roto una serie de prácticas como la economía campesina que garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria; pero además la ruptura del tejido social que se mueve alrededor de estas prácticas.
Es así como las mismas organizaciones vienen formulando propuestas restaurativas que deben ser tenidas en cuenta en la resolución de las conclusiones, donde se van a proponer las sanciones propias con trabajos, obras con contenido reparador, que deben ser dialogadas entre los comparecientes y las víctimas. En este macrocaso número ocho que adelanta este tribunal, es claro que hubo una alianza entre grupos paramilitares y fuerza pública.
¿En qué etapa se encuentran estas investigaciones para el macrocaso número 8?
Don Gabriel en el pasado fue epicentro de presencia de grupos armados al margen de la ley. Foto:Cortesía: Juan David Díaz.
Ya hemos recibido informes, hemos revisado más de 470 expedientes de restitución de tierras, decenas de expedientes de justicia y paz, también documentos oficiales, informes de la comisión de esclarecimiento de la verdad, el Centro de Memoria Histórica, entre otros. Estamos en este momento recibiendo información de 147 personas que rinden versiones voluntarias. De estas, hasta el momento, la mayoría de testimonios que hemos recibido pertenecen a la brigada de infantería de Marina.
Hemos practicado 131 versiones, 10 en audiencia y siete aportes a la verdad. También hemos recibido siete testimonios de ex paramilitares, incluyendo la audiencia pública que se hizo con el señor Salvatore Mancuso.
De todo de todo este acervo hemos recibido información que puede dar cuenta, ya sea de alianza, asociación o en algunos casos omisión.
¿Qué nombres y qué rangos de la fuerza pública participaron de hechos victimizantes en Montes de María?
No puedo dar nombres en este momento porque estamos en la fase final del procesamiento de la información, que será presentada en un proyecto de autodeterminación de hechos y conductas, y una vez que se emita el auto, haciendo la contrastación de la información y los aportes de las víctimas, sí podría podemos dar esos nombres. Hacerlo en este momento podría implicar un prejuzgamiento porque estas definiciones tenemos que hacerlas a través de autos.
¿Cuándo se conocerá ese fallo?
Amenazas de bandas criminales en Ovejas, Sucre. Foto:Armada Nacional
Esperamos que el próximo semestre la sala apruebe el proyecto que presentaremos, seguramente en el mes de enero, y allí sí podemos dar información clara, fiel, digna y confiable con nombres, rangos y hechos ilustrativos, que pueden constituir bases para señalar quienes pueden ser los presuntos responsables de graves crímenes y de violaciones al derecho internacional humanitario.
¿Estos crímenes y atropellos al derecho internacional humanitario se llevaron a cabo entre qué años?
El periodo que nosotros estamos investigando es a partir del año 1996, porque coincide con la masacre de Pichilín. Esta masacre como lo atestigua numerosa información, versiones voluntarias y las diferentes fuentes que le he citado, incluyendo también revisión exhaustiva de prensa de la época, atestigua que este fue el hecho más grave y reiterado que sucedió en Montes de María por décadas. Con, con base con base en esto, entonces hemos significan que las masacres están asociadas a hechos cometidos con anterioridad durante y después de las masacres.
Como le decía, entonces nosotros si bien estamos investigando desde 96 el juzgamiento lo haremos eh priorizando el periodo de 1999 a 2001 porque aquí registra digamos, 44 masacres, que fue el pico más alto y que genera las mayores victimizaciones eh y que está íntimamente conectado con el abandono forzado y el despojo de el despojo de tierras y el desplazamiento forzado en general y aquí ya no se discrimina eh ninguna ningún tipo de población, sino de este conjunto diverso de víctimas de conflicto armado.
Aquí vale decir que también utilizamos como fuente el registro único de víctimas que han solicitado reparación individual y colectiva, algunos ya han sido indemnizados y otros están en proceso de reparación.
Uno de los apartes de este auto señala que muchos de los territorios que fueron despojados después terminaron en manos de empresas y empresarios.¿Cuál fue el papel de alcaldes, gobernadores y empresarios en estos crímenes?
En este momento yo no podría hablar de responsabilidad en concreto, por varias razones, porque nosotros estamos investigando a los comparecientes obligatorios que son miembros de la fuerza pública y otra sala investiga los hechos cometidos por terceros.
¿Cúál es la responsabilidad de empresarios?
Porque la comparecencia de los terceros tiene que ser voluntaria y por esa razón entonces nosotros en este momento no tenemos un concepto jurídico al respecto, pero lo que sí registran los informes y la documentación es que en las tierras que anteriormente fueron ocupadas por la población campesina, afrodescendiente luego fueron apropiados, ya sea por empresas o personas individuales que se hicieron a esos territorios, que pertenecían a comunidades que fueron víctimas del desplazamiento.
¿Algo más que quiera agregar, por favor?
Un detalle y es la importancia de esta declaratoria del territorio no solamente para la región, sino que el conjunto de declaraciones son antecedentes a nivel mundial porque no tenemos conocimiento que en otros conflictos lo hayan hecho. Es decir, Colombia es pionero en reconocer a un territorio como víctima, teniendo en cuenta que se reconoció como víctima al canal del Dique, al río Magdalena y ahora a los Montes de María.
¿Que otros territorios y escenarios geográficos han sido declarados por la JEP como víctimas?
Además de la declaratoria de Montes de María como territorio víctima, el sur de Nariño, el norte del Cauca Valle, el Magdalena Medio, el Canal del Dique: son experiencias pioneras que van a dejar muchas lecciones. Además, nosotros tenemos unos antecedentes de la Corte Constitucional que nos han servido de base y fundamento por la interdependencia que existe entre el territorio.
