Venezuela y la nueva gramática del poder | Internacional | elmundo.es

La operación estadounidense en Venezuela no admite analogías reconfortantes ni lecturas automáticas de rasgado de vestiduras. Tampoco resulta especialmente conducente recurrir a Tucídides y a su universalmente citada (por cierto, generalmente en forma truncada) sentencia: «En cuanto a la justicia, en el razonamiento humano solo entra en juego cuando las fuerzas son iguales; en caso contrario, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben».

No es Panamá en 1989, cuando Estados Unidos actuó como hegemón indiscutido en un sistema ya de «pax americana«; tampoco es Granada en 1983, una intervención limitada en plena Guerra Fría; ni siquiera Irak, con su fallida pretensión de rehacer un país invocando un orden liberal universal. Venezuela ocurre en un tiempo distinto. Y abordarla con categorías heredadas conduce a un doble error: de diagnóstico y de pronóstico. No se trata solo de una redistribución de fuerzas, sino de un cambio en la gramática del poder: quién decide, con qué lenguaje se justifica la acción y qué normas se consideran operativas.

El diagnóstico falla porque ya no estamos ante un sistema internacional de reglas compartidas y aceptados mecanismos de arbitraje -aún no siempre seguidos-. El pronóstico resulta igualmente erróneo porque ésta no es una desviación pasajera, sino la manifestación de una nueva normalidad. La apelación al orden jurídico internacional ha dejado de operar como referente último para convertirse en lenguaje de combate político. Se esgrime para legitimar posiciones, no para someterse a un veredicto compartido. Los esfuerzos de Washington en el pasado por obtener resoluciones del Consejo de Seguridad -en Irak, en Bosnia- pertenecen a otra época. Ese mundo ha quedado atrás.

Lo que singulariza el caso venezolano es, en primer lugar, el contexto interno en el que se produce la intervención. No se trata de un régimen que acaba de consolidarse ni de un entramado asentado que, sin perjuicio de una cierta contestación, sigue cumpliendo sus misiones esenciales de servicios públicos e interés nacional. Se trata de un gobierno que ha dilapidado todo caudal social y, en consecuencia, perdió de manera abrumadora las últimas elecciones frente a una oposición democrática encabezada -más allá de formalismos- por María Corina Machado.

Esa victoria, ampliamente reconocida dentro y fuera del país, generó un desgaste acelerado del poder y una expectativa palpable y transversal de cambio. Las primeras informaciones procedentes de Venezuela tras conocerse la detención de Maduro y de su esposa reflejan ese trasfondo: en los vídeos informales callejeros se apreciaba, sin excepción, un rumor de ola de fondo, mezcla de alivio, incredulidad y sensación de final de ciclo, cuyo desenlace sigue -no debemos olvidarlo- abierto, desde las afirmaciones complejas de Trump en su alocución explicativa desde Mar-a-Lago.

Sin embargo -esto es decisivo- Washington ha evitado cuidadosamente transitar todo razonamiento político. La actuación no se argumenta para restaurar la democracia, ni se describe destinada a corregir un fraude electoral, ni siquiera como una respuesta a la quiebra del orden constitucional venezolano. El encuadre elegido es otro. La operación se define explícitamente en rigurosos términos de ejecución de una decisión de la justicia penal estadounidense.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, no son tratados en calidad de autoridades en ejercicio, sino como prófugos acusados de delitos federales, en virtud de un indictment (acusación penal formal) vigente desde 2020, que fue completado ayer con referencias a conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. Más aún, la acción militar pasa a ser, en el relato oficial, un dispositivo destinado a garantizar la captura de la pareja y la seguridad de quienes habían de participar en ella. El protagonismo no recae en el Congreso ni en un debate clásico de política exterior, sino directamente en el Ejecutivo, amparado en la extensión de la jurisdicción penal interna.

Ese desplazamiento es de enorme calado. Supone una afirmación explícita de la territorialidad extendida del derecho penal estadounidense, aplicada más allá de sus fronteras y al margen del reconocimiento soberano del Estado afectado. Lejos de negar la vigencia de un orden internacional, lo que se constata es que ya no estructura las grandes decisiones estratégicas. Su función se ve relegada a ámbitos más limitados: ofrecer seguridad jurídica a intercambios, contratos y relaciones técnicas en un mundo cada vez más organizado en zonas de influencia.

Las respuestas externas confirman esta lectura. La condena rusa ha sido inmediata y previsible, en nombre de la soberanía y la no injerencia. Moscú carece hoy de maniobrabilidad real fuera de su entorno inmediato: depende crecientemente de China para sostener su esfuerzo en Ucrania; y Putin no arriesgará una confrontación con Trump. La protesta de Lula responde a una lógica igualmente esperable, alineada con la tradición latinoamericana de rechazo a las intervenciones externas, pero sin capacidad efectiva de alterar los hechos. Desde Asia, al cierre de esta reflexión no hay pronunciamientos significativos de Nueva Delhi. En cuanto a Pekín, la manifestación de tono deliberadamente bajo llegó a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en rueda de prensa ordinaria. Afirmó que «China se opone sistemáticamente a la injerencia en los asuntos internos de otros países» y llamó a «respetar la soberanía y la estabilidad de Venezuela». No es carencia de relevancia, sino cálculo. China observa, mide precedentes y preserva margen, al tiempo que marca posición.

La respuesta europea ha sido medida. La Alta Representante -respaldada horas más tarde por la propia presidenta de la Comisión- ha apelado al respeto del marco normativo internacional y a la contención, evitando tanto la legitimación explícita como la condena frontal. Es una posición coherente con una Unión Europea que sigue anclada en el valor estructurante del derecho, pero que es consciente de su limitada capacidad para incidir en decisiones de esta naturaleza y que, por el momento, calibra con sumo cuidado cualquier posibilidad de enfrentamiento con el presidente estadounidense. Europa constata, una vez más, que el esquema posibilitador, durante décadas, de su acción exterior ya no resulta determinante para los grandes actores.

En este contexto, el papel de Marco Rubio merece atención específica. La intervención en sí, encaja plenamente en la visión hemisférica trumpiana, que concibe América Latina no como espacio de cooperación multilateral, sino como área de alcance directo. El enfoque penal, la presión sobre regímenes adversos y la voluntad de cerrar el caso venezolano refuerzan su posición interna. Sin embargo, si el desenlace consolida el debilitamiento del eje Caracas-La Habana, el impacto respecto a Cuba sería inmediato. Y, de prosperar esa apuesta, Rubio sería el segundo máximo beneficiario político, con una proyección casi automática como heredero en política exterior del actual inquilino de la Casa Blanca.

Venezuela no es, por tanto, un episodio aislado ni un retorno mecánico a viejas prácticas. Es el primer caso plenamente coherente con la lógica trumpiana apartada abiertamente del orden jurídico internacional clásico, que ya no sostiene la arquitectura multilateral, y actúa en consecuencia. No se proclama el fin del derecho, pero se redefine implícitamente su alcance. No se niega la legalidad, pero se la subordina a la jurisdicción propia y al interés estratégico.

La cuestión de fondo no es la legitimidad de esta operación según unos cánones tradicionales u otros, sino lo que revela sobre el mundo que se está configurando. Un mundo en el que el poder se ejerce sin envoltorios normativos universales, las grandes potencias tantean los límites de un sistema sin árbitro, y el derecho internacional conserva una función esencial -la de ofrecer un suelo de seguridad jurídica a las relaciones-, pero abandona la aspiración de alzarse en eje ordenador de la política mundial. Ese es el verdadero cambio. Y Venezuela es su expresión pionera y especialmente nítida.