La aprobación del ‘bazuca comercial’ exigirá una mayoría reforzada del 55%

La Unión Europea se prepara para activar su mayor arma económica ante las amenazas de la Casa Blanca a los países que apoyan, ya sobre el terreno, la soberanía danesa de Groenlandia. Todo ellos se muestran indignados ante las presiones de Washington; no obstante está por verse si formarán frente común en la cumbre de este jueves para activar el bazuca comercial. Este último requiere mayoría cualificada, es decir, el 55% de los Estados miembro que representen el 65% de la población comunitaria. La coordinación del eje francoalemán será, una vez más decisiva, pero es dudoso que las dos capitales actúen de forma coordinada.

Por un lado, París toma una postura claramente proactiva, pero la exposición de Berlín al mercado estadounidense podría hacer quebrar las intenciones del presidente de la República gala, Emmanuel Macron. El canciller alemán, Friedrich Merz, mostraba su recelo, este mismo lunes, a aplicar esta medida y abogó por la vía del diálogo. Se postuló, así, por evitar una escalada comercial que pueda dañar las relaciones trasatlánticas y la economía germana.

Pero hay discrepancias internas, lo que puede dificultar aún más la toma de posición definitiva de Berlín. En concreto, no opina lo mismo que Merz el ministro de Finanzas germano, el socialista Lars Klingbeil, que aseguró que se ha llegado al límite y se inclinó por que la UE responda con medidas al chantaje.

Es mucho lo que hay en juego desde el momento en que el mecanismo anticoerción comunitario está diseñado para golpear a un país como EEUU donde más le duele.

El bazuca permitiría aplicar restricciones a las grandes tecnológicas norteamericanas, además de aplicar más aranceles a sus exportaciones, y limitar el acceso de las empresas estadounidenses a los contratos públicos comunitarios, entre otras «acciones disuasorias».

Este protocolo defensivo de la UE recibió luz verde en 2023, aunque la propuesta de la Comisión Europea se originó en 2021. Lo hacía a instancias de un cambio en el tablero de juego internacional. Un contexto inestable en el que las ofensivas arancelarias del primer mandato de Trump y las tensiones comerciales con Pekín, a la luz de un conflicto con Lituania derivado de la presencia en Taiwán, ponían al bloque comunitario en situación de protegerse de terceros países. El gigante asiático, como respuesta, sacó a la República báltica del sistema de aduanas, bloqueando cualquier exportación. Sus ventas al país asiático se desmoronaron un 90% y surgieron todo tipo de problemas administrativos.

Porque el instrumento anticoerción está diseñado precisamente para eso, para disuadir que terceros países apliquen medidas de presión que limiten la capacidad de uno o varios Estados miembro de tomar sus decisiones de forma soberana. Es decir, ante una amenaza de aplicar medidas que puedan afectar al comercio y a la inversión. El instrumento se articula como un último recurso, por eso lo de bazuca comercial, e incluye medidas de respuesta que afectan de forma restrictiva al comercio, inversiones y financiación. Se trata de medidas cuya finalidad sería la disuasión y no la represalia, con la vía del diálogo abierta.

En qué sectores actuaría

Este arma comercial permitiría al bloque comunitario aplicar gravámenes a las importaciones estadounidenses, también limitar el acceso de inversión estadounidense en suelo comunitario, vetar la actividad de las compañías norteamericanas en los contratos públicos europeos, suspender los derechos de protección de propiedad intelectual, o restringir la actividad de los gigantes tecnológicos en suelo comunitario. De hecho, Bruselas tanteaba utilizar esta última medida en la primera ronda de represalias arancelarias de Trump en el arranque del año. Ahora, se abre de nuevo la puerta para que la UE golpee a Washington donde más le duele. La brecha entre el Ejecutivo estadounidense y Bruselas se agranda.

Las intenciones de la Casa Blanca de hacerse con Groenlandia abren una fisura que deja, por otro lado, en el aire, el acuerdo comercial sellado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado julio.

Uno de los principales problemas del mecanismo anticoerción es precisamente la lentitud de su puesta en marcha, tal como prevén los documentos relativos a su despliegue a los que ha tenido acceso elEconomista.es. Requiere, por un lado, una investigación por parte de la Comisión Europea, que tendría que determinar que, efectivamente, existe coerción en un plazo de cuatro meses.

Luego, los países deberían acordar por mayoría cualificada la activación del mecanismo, una decisión que requiere de la posición de los líderes comunitarios y podría retrasar la aplicación de esas medidas de disuasión. Posteriormente, la UE negociaría con el EEUU y, en caso de fracasar, se aplicarían estas medidas