Vicente Brito: Factores que limitan el desarrollo económico y social

Los análisis realizados por diversos gremios y voceros empresariales sobre las causas de la caída de la producción nacional y sus efectos en la economía y el empleo coinciden en señalar que un conjunto de leyes orientadas a limitar la actividad privada y a incrementar la participación del Estado en las actividades económicas ha tenido un impacto determinante en la contracción de la actividad productiva, con consecuencias directas en los niveles de producción y en la calidad de vida de la población.

Entre estas normativas destaca la Ley de Tierras, que desplazó a actores privados de la actividad económica primaria y permitió la ocupación de aproximadamente cinco millones de hectáreas que estaban en manos privadas. Dichas tierras fueron asignadas a organizaciones civiles con el objetivo de incrementar la producción; sin embargo, pese a los importantes recursos destinados a este proceso, los resultados evidencian una disminución sostenida de la producción agrícola, ganadera y pesquera. Así lo reflejan las cifras correspondientes a los últimos veinte años desde la implementación de este proceso de estatización.

Una situación similar se observa en numerosas propiedades y empresas privadas que pasaron a manos del Estado. Si bien en algunos casos se cumplió con la compensación a propietarios extranjeros, esta práctica no se extendió de manera general a los propietarios nacionales, salvo contadas excepciones. Los resultados de estas medidas se manifiestan en la reducción de los niveles de producción y en el deterioro de la calidad de los servicios prestados.

En este contexto, corresponde a la Asamblea Nacional revisar y evaluar de manera integral la gestión y los efectos de las leyes que han limitado la actividad económica privada, así como su impacto en la producción, el empleo, los salarios y la calidad de vida. Asimismo, resulta fundamental establecer un sistema de consulta y diálogo con los gremios empresariales y los sectores privados afectados, con el fin de identificar soluciones que impulsen el crecimiento económico y el desarrollo social que el país requiere.

El desarrollo económico y social del país exige decisiones orientadas a recuperar la confianza, fortalecer la producción nacional y garantizar condiciones que permitan mejorar de forma tangible la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Vicente Brito

Presidente

Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.

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