Familiares de presos políticos exigen que Delcy Rodríguez cumpla promesa de amnistía

“Mi fe ahora está más fuerte que antes”, dijo Maira Morales, hermana de Ricardo Fonseca, preso político, tras el anuncio de Delcy Rodríguez de una ley de amnistía y el cierre del Helicoide para ser convertido en un centro deportivo.

Rodríguez, quien quedó en el poder tras la intervención militar de Estados Unidos y la captura y extracción de Nicolás Maduro, compartió esta información en horas de la tarde del 30 de enero, durante su discurso en el Tribunal Supremo de Justicia con motivo del inicio del año judicial.

Madres, hermanas y familiares de presos políticos llevan 22 días de vigilia y pernocta en los centros de reclusión. Desde el 8 de enero a la fecha han sido liberados, a cuentagotas, poco más de 300 presos políticos.

Organizaciones no gubernamentales apuntan que faltan más de 700 personas por ser liberadas. Advierten que el número podría ser mayor, debido a que hay aprehensiones que nunca fueron denunciadas por temor a represalias por parte del gobierno.

Morales permanece en el Helicoide, pese a que su hermano no está en el lugar. Ricardo Fonseca Mosquera, primer teniente retirado de la Armada, fue detenido en abril del 2020 y duró cinco años y dos meses en el lugar. Hace seis meses fue trasladado sin que su familia sepa hasta este momento en qué prisión se encuentra.

Morales cuenta que ha pasado 22 días llorando, pidiendo a Dios y haciendo oraciones por la libertad de su hermano.

El Helicoide queda en el centro sur de Caracas. Está ubicado entre las parroquias San Pedro y San Agustín, en una colina que conecta la prolongación de la avenida Nueva Granada con la avenida Presidente Medina (Victoria).

Fue diseñado originalmente por el arquitecto Jorge Romero Gutiérrez como un centro comercial de lujo. La idea proponía que los autos subieran por sus rampas en espiral hasta los locales. Salvador Dalí se ofreció para decorarlo.

Debido a problemas económicos y políticos tras la caída de Marcos Pérez Jiménez, la obra quedó paralizada por décadas. Desde hace años, funciona como una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y ha sido denunciado por diversas ONG y organizaciones de derechos humanos como uno de los centros de reclusión y tortura más grandes de Latinoamérica.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha emitido informes donde detalla que en el Helicoide se practican torturas sistemáticas. Han documentado métodos como descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y violencia sexual. Amnistía Internacional (AI), por su parte, ha denunciado reiteradamente detenciones arbitrarias y las condiciones infrahumanas del lugar, calificándolo como un símbolo de la represión estatal.

Familiares de presos de Zona 7

A uno 10 kilómetros del Helicoide, al este de Caracas, familiares de presos políticos detenidos en Zona 7, ubicado en Boleíta Sur, también celebran el anuncio de Rodríguez, pero sin dejar de resaltar que “nunca han debido estar detenidos”.

En el lugar hay carpas y colchones. Desde el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció las primera liberaciones, los parientes se mantienen día y noche en el lugar, pese a la presencia y presión de funcionarios de seguridad.

Tras lo dicho por Rodríguez, los parientes hacen una vigilia. Acompañan la exigencia de libertad de sus seres queridos con velas y oraciones. Ondean la bandera de Venezuela al tiempo que gritan “¡libertad!”.

Edward Ocariz fue preso político. Forma parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Pide leer “muy bien” el instrumento porque “tenemos que comprender que tenemos presos políticos desde hace 23 años. Los primeros fueron los policías metropolitanos y al día de hoy siguen presos”.

Ocariz es enfático al decir que ninguna de las personas han debido estar presas. “Tenemos que ir al fondo, buscar los responsables: son todos y cada uno de los que continúa en el poder, los causantes de toda esta barbarie”.

El defensor de los derechos humanos señala que en el país hay más de 19.000 personas judicializadas desde 2011 y que en este mismo tiempo 26 personas han muerto en manos del gobierno.

Califica las excarcelaciones de los últimos días de “tortuosas”. Apunta que las liberaciones graneadas han causado más sufrimiento para los presos políticos pero también para las familias.

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