SNTP exige libertad para seis periodistas detenidos
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alzó su voz nuevamente para demandar la libertad plena de seis comunicadores sociales. Estos profesionales permanecen privados de libertad en distintos centros de reclusión del país bajo condiciones que el gremio califica como injustas. La organización denunció que las detenciones responden a represalias directas por el ejercicio informativo y la difusión de opiniones críticas en el territorio nacional.
Comunicadores bajo custodia del Estado
La lista de detenidos abarca casos registrados desde el año 2022 hasta mediados de 2025. El sindicato detalló que Jonathan Carrillo cumple más de tres años en prisión, tras su captura el 20 de julio de 2022; actualmente se encuentra en Yare II. Por su parte, Deivis Correa permanece en El Helicoide desde julio de 2024, sumando meses de encierro sin una sentencia definitiva que justifique su situación.
Durante el transcurso de 2025, la persecución contra la prensa sumó nuevos nombres a las estadísticas de detenciones arbitrarias. Marifel Guzmán fue capturada el 7 de febrero y permanece en la sede de la PNB en Anzoátegui. Pocos días después, las autoridades detuvieron a Rory Branker, a quien trasladaron al centro penitenciario de Tocorón. La lista la completan Pedro Urribarri, recluido en Yare II, y Juan Pablo Guanipa, detenido en mayo en la sede de la DIP en Maríperez.
Procesos judiciales sin fundamentos
El SNTP manifestó su profunda preocupación por el uso del sistema de justicia como herramienta de amedrentamiento. Además de los casos de prisión efectiva, la organización gremial alertó sobre la situación de periodistas excarcelados que aún enfrentan restricciones legales. Muchos trabajadores de la prensa mantienen procesos judiciales abiertos sin causas claras, lo que limita su capacidad de movimiento y su derecho al trabajo.
La organización sentenció que el periodismo independiente enfrenta un clima de hostilidad creciente. Mientras Nicolás Maduro continúa su gestión, los organismos de seguridad mantienen una vigilancia estricta sobre quienes informan sobre la realidad social. El gremio exige el cese de la persecución y el respeto a la libertad de pensamiento, derechos fundamentales que están amparados por tratados internacionales.
Defensa del derecho a informar
La labor informativa en Venezuela atraviesa uno de sus momentos más complejos debido a la criminalización del oficio. El sindicato insiste en que informar no es un delito y que la pluralidad de voces fortalece la democracia. La comunidad internacional sigue de cerca estos casos, especialmente tras las recientes denuncias sobre centros de tortura que operan en el país contra la disidencia.
Fuentes: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Punto de Corte.
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