Ana Gallego, una ‘paracaidista’ al frente de la política de justicia europea | elperiodico.com
Ana Gallego (1974) se define a sí misma como, ante todo, «una granadina» y «una jurista europeísta convencida», «con una gran vocación de servicio público». Desde 2021, Gallego se encuentra a los mandos de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, lo que la convierte en una de las españolas con más peso e influencia en la fontanería legal comunitaria.
Licenciada por la Universidad de Granada en Derecho primero y Traducción e Interpretación después, aunque reconoce que nunca entregó el proyecto de fin de carrera de la última, Gallego es una ‘paracaidista’ en Bruselas. Es decir, no hizo carrera en las instituciones, sino que llegó desde la administración pública española, en concreto desde el Ministerio de Justicia, donde dirigía el área de Cooperación Jurídica Internacional.
Aunque ‘aterrizó’ en Bruselas tras una larga carrera en España, la Comisión no fue la primera institución comunitaria que pisó Gallego. Diez años antes, la granadina había sido consejera de Justicia en la Representación permanente de España en la UE, que se encarga de defender los intereses del país en el bloque. Además, durante su carrera estuvo muy involucrada en la transposición de la legislación comunitaria al acervo nacional.
En su dilatada experiencia en el sector público ha pasado por el Ministerio de Justicia, de Sanidad, y también de Educación, Cultura y Deportes. Fue directora de la Filmoteca Española e Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además, ha trabajado en cuestiones de calado como la lucha contra la violencia de género y por la igualdad, y en el ámbito de la cooperación internacional. Todas estas, áreas en las que ha trabajado después desde la Comisión.
Como directora general de Justicia y Consumo, Gallego está a la cabeza de un potente equipo técnico que centra su trabajo en estas cuestiones que van desde el respeto al Estado de derecho hasta la protección de los derechos y libertades fundamentales. Un trabajo que lideran en lo político el comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath, y la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib.
Más que justicia
El área de Justicia y Consumo de la Comisión ha ido ganando peso a lo largo de los años. Los retrocesos democráticos en países como Hungría, Polonia o Eslovaquia han hecho del informe sobre el Estado de Derecho en el bloque uno de los más leídos, de todos los documentos que produce el Ejecutivo. Un trabajo que Gallego lidera.
La granadina reconocía en una entrevista reciente que si algo le ha enseñado este ejercicio es la importancia que tiene el informe para todos los países, aunque haya que poner el acento específicamente en algunos estados miembros. La guerra en Ucrania también ha acentuado la importancia del servicio, con un ojo puesto en la necesidad de garantizar modelos de justicia internacional más allá del bloque. El impulso a las políticas de igualdad o los retos que plantea la digitalización también son áreas fundamentales para la española.
En esa misma entrevista, la propia Gallego reconocía que su trabajo va mucho más allá de la legislación, de derecho penal o civil, sino que cada vez más se centra en la defensa de los valores europeos. Un trabajo necesario tanto en el seno del propio bloque como en el ámbito internacional. Cauta en lo político, firme en lo legal, quienes han tratado con ella la describen como una persona «llana, cercana y muy competente». La propia Comisión Europea destacó de la granadina «su sólida trayectoria» como gestora y «sus avanzadas habilidades de negociación» de alto nivel tras su nombramiento.
Ana Gallego es una de las españolas más influyentes de la burbuja europea. Solo otros dos altos cargos de la Comisión tienen pasaporte español, curiosamente otro de ellos, Alberto de Gregorio, recientemente nombrado director general de los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario, también en el área legal. Puestos ambos fundamentales porque aunque el peso político recae en los comisarios, buena parte del trabajo comunitario se hace en los pasillos.
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