Entre el perdón y el olvido: la batalla por el sentido del pasado en la Venezuela de 2026

La historia del tiempo presente nos recuerda que no estamos ante un pasado sedimentado, sino ante un pasado en combustión. Vivimos en una época donde el presente reorganiza retrospectivamente lo que acaba de suceder, donde los actores aún están en escena y las heridas no han cicatrizado. En ese marco, el poder no solo administra instituciones: administra narrativas. Decide cómo se nombra el conflicto, qué se considera delito político, qué se interpreta como exceso y qué se diluye en la categoría ambigua de “errores del pasado”. La amnistía, en este contexto, no cierra una etapa; propone una versión autorizada de ella.

No se trata de negar el valor político del perdón. Las sociedades fracturadas han necesitado, en distintos momentos, fórmulas excepcionales para evitar la perpetuación del conflicto. Pero la justicia transicional no es un simple acto de borrón y cuenta nueva. Es un proceso que articula verdad, reparación y garantías de no repetición. La amnistía puede ser un componente, pero no sustituye el trabajo público de esclarecimiento ni la construcción de una memoria compartida. Cuando el perdón antecede a la verdad, corre el riesgo de convertirse en olvido administrado.

Las críticas a la ley aprobada por la Asamblea dominada por el chavismo han sido reveladoras. Organizaciones como Foro Penal han advertido que la norma es limitada y selectiva, dejando fuera a numerosos detenidos y subordinando la aplicación del beneficio a instancias judiciales cuya independencia ha sido ampliamente cuestionada. Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos han señalado la ausencia de restitución plena de derechos y la falta de mecanismos claros de reparación. Otros han subrayado que la medida no desmonta las estructuras institucionales que hicieron posible la persecución ni establece garantías verificables de no repetición. En ese marco, la amnistía aparece menos como un proceso integral de transición y más como un gesto político que alivia síntomas sin tocar las causas profundas. Desde la perspectiva de la memoria histórica, el riesgo es evidente: el perdón parcial puede convertirse en una estrategia para clausurar el debate público sobre responsabilidades.

La experiencia comparada muestra que las transiciones negociadas suelen privilegiar la gobernabilidad sobre la profundidad moral del ajuste de cuentas con el pasado. No es necesariamente un acto de cinismo; es, muchas veces, una apuesta pragmática. El problema surge cuando la estabilidad se confunde con reconciliación y el silencio con consenso. La historia enseña que los conflictos no resueltos en el plano simbólico regresan, tarde o temprano, convertidos en desconfianza estructural.

La opinión pública venezolana parece moverse precisamente en esa franja de prudencia que no celebra ni estalla. No hay épica en las calles ni júbilo multitudinario. Hay, más bien, una cautela aprendida. Años de confrontación, promesas rotas y anuncios grandilocuentes han producido una ciudadanía que escucha los discursos con la distancia de quien ya ha visto demasiados finales anticipados. El escepticismo no es apatía; es memoria acumulada. Es la conciencia de que los grandes gestos suelen venir acompañados de pequeñas letras invisibles.

En las redes sociales y en las conversaciones cotidianas, el tono dominante no es la furia sino la ironía. El humor ácido reemplaza al entusiasmo. La sociedad parece haber desarrollado una inmunidad frente a las proclamaciones definitivas. Este clima no puede leerse únicamente como desmovilización. Es, en buena medida, una forma de autodefensa simbólica: la ciudadanía se reserva el derecho de no creer hasta ver transformaciones reales en la estructura del poder y en la administración de justicia.

Toda amnistía es también una decisión sobre el futuro del pasado. Decide qué episodios serán recordados como excesos compartidos y cuáles quedarán diluidos en la ambigüedad. Decide cómo se narrará este período dentro de una década. La pregunta crucial no es si se perdona, sino cómo se construye la conciencia histórica de lo ocurrido. Sin un marco público de verdad —aunque sea incómodo, aunque incomode a todos— el conflicto no desaparece: se desplaza hacia los márgenes de la memoria privada.

La estabilidad puede lograrse mediante acuerdos pragmáticos. Pero la legitimidad es otra cosa. La legitimidad se asienta en la convicción de que el pasado ha sido asumido y no simplemente archivado. El perdón, para ser auténtico, requiere reconocimiento. De lo contrario, se convierte en una estrategia administrativa que busca cerrar capítulos sin haberlos leído en voz alta.

Venezuela se encuentra ante una encrucijada menos visible que las anteriores, pero quizá más decisiva. No es la disyuntiva entre confrontación y paz, sino entre memoria crítica y olvido funcional. La primera exige tiempo, escucha y valentía moral. La segunda ofrece resultados más rápidos y titulares más tranquilizadores. Sin embargo, una sociedad que no se atreve a mirar su pasado reciente con honestidad termina prisionera de él.

La batalla actual no es por el control del poder inmediato, sino por el significado de la experiencia histórica compartida. Lo que hoy se nombre como “pacificación” podrá ser recordado mañana como reconciliación genuina o como silenciamiento conveniente. La conciencia histórica no se decreta. Se construye en el espacio público, en el reconocimiento de las víctimas, en la deliberación abierta sobre responsabilidades.

Al final, la pregunta no es si Venezuela puede perdonarse, sino si está dispuesta a comprenderse. Porque los pueblos no se reconcilian por cansancio ni por decreto, sino por conciencia. Y la conciencia histórica es el único terreno donde el pasado deja de ser un espectro y se convierte en aprendizaje. Allí, y solo allí, el perdón deja de parecer un trámite y comienza a parecer una decisión ética.