Fiscal General y Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos tras comunicarlo a la AN

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Ángulo, renunciaron a sus cargos tras comunicarlo a la Asamblea Nacional.

El anuncio lo hizo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en la sesión de este miércoles. Tarek William Saab pasó a ocupar el cargo, en calidad de encargado, de la Defensoría del Pueblo, puesto ya había ocupado entre 2014 y 2017.

Tarek William Saab también fue gobernador apoyado por el chavismo. Llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Gestiones polémicas

La gestión de Tarek William Saab al frente del Ministerio Público fue severamente cuestionada por organismos internacionales y la sociedad civil, quienes denunciaron la instrumentalización de la justicia para perseguir a la disidencia política.

Informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU señalaron una falta de independencia institucional y aseguraron que la fiscalía actuó como un brazo del Ejecutivo para criminalizar a activistas, periodistas y opositores, manteniendo así una postura de confrontación ante las advertencias sobre la desintegración del Estado de derecho.

Por otro lado, se le criticó su inacción sistemática frente a denuncias graves de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal. Organizaciones como Espacio Público y Foro Penal subrayaron que, pese a sus anuncios de depuración interna, el Ministerio Público mantuvo altos niveles de opacidad y complicidad institucional.

Tras su renuncia, los cuestionamientos persisten debido a su inmediata designación como Defensor del Pueblo encargado, interpretada como una rotación de poder que perpetúa la falta de justicia autónoma.

Tarek William Saab indicó que reivindicó una «refundación» del Ministerio Público fundamentada en el combate a la corrupción y destacó la imputación de más de 21,800 personas por desfalcos en sectores estratégicos como PDVSA y la depuración de casi 600 fiscales de su propia institución.

En sus balances oficiales, subrayó logros en materia de seguridad ciudadana, como la incautación de 365 toneladas de droga, la desarticulación de bandas criminales transnacionales y la implementación de programas de atención directa que, según sus cifras, alcanzaron a millones de venezolanos.

Por su parte, Ruiz finalizó su gestión tras una trayectoria iniciada en 2017 y enfocada en la formación académica y promoción de derechos humanos junto a organismos como Unicef.

Su mandato, ratificado hasta 2031 antes de su salida, priorizó la vigilancia institucional y la protección de grupos vulnerables, según los informes de gestión. Sin embargo, enfrentó críticas de organizaciones civile por una supuesta pérdida de independencia y inacción ante denuncias de torturas y detenciones arbitrarias.

Expertos y organismos técnicos señalaron que la institución operó alejada de los Principios de París, funcionando frecuentemente en consonancia con el Poder Ejecutivo.