Venezuela urge un Pacto de Estado para los DDHH

Enrique Ochoa Antich propone un Pacto de Estado para los derechos humanos. El activista afirma que el perdón es la base para la reconciliación en Venezuela.

Enrique Ochoa Antich, fundador del Comité de Víctimas del 27F, propuso un Pacto de Estado para proteger los derechos humanos en Venezuela.

El activista recordó la masacre de 1989 como una lección sobre la importancia de la justicia y la dignidad humana. Relató escenas conmovedoras como la exhumación en las fosas de La Peste y el hallazgo de restos de ciudadanos desaparecidos.

Para Ochoa Antich, las agresiones contra la integridad física no distinguen entre presos políticos y ciudadanos comunes en las barriadas. El defensor considera que el perdón mutuo constituye el único instrumento espiritual capaz de sanar a una sociedad fracturada.

Actualmente, la polarización política utiliza el tema de los derechos fundamentales como un arma arrojadiza en debates subalternos. El país necesita una reconciliación nacional profunda que permita superar las heridas abiertas durante las últimas cuatro décadas de historia.

La propuesta busca elevar la discusión humanitaria por encima de la diatriba partidista para garantizar la paz duradera. Según su visión, el reconocimiento de los errores de todos los sectores facilitará el camino hacia la convivencia civil.

Un Pacto de Estado para sanar las heridas nacionales

La propuesta de Ochoa Antich incluye la creación de un espacio de consulta permanente entre el Estado y las organizaciones humanitarias. El activista sugiere conformar una comisión independiente para revisar detalladamente cada caso de los presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

También solicita una renovación profunda del Poder Ciudadano bajo parámetros estrictos de independencia, autonomía y transparencia según manda la Constitución. Una Defensoría del Pueblo autónoma debe encender las alarmas frente a cualquier violación sistemática de los derechos de los ciudadanos venezolanos.

El Pacto de Estado contempla además una Comisión de la Verdad para establecer criterios compartidos sobre los eventos traumáticos recientes. Esta instancia permitiría lograr objetivos claros de reparación, memoria histórica y justicia para las víctimas de la violencia estatal y política.

Igualmente, recomienda revisar los protocolos militares y policiales vigentes en materia de seguridad interna para evitar nuevas tragedias nacionales. La meta final reside en transformar el sistema carcelario y los métodos de control de orden público en el país.

Para concluir, Ochoa Antich destaca algunas de sus propuestas para un Pacto de Estado en DDHH que fuera remitido a las diversas instancias del Estado hace tiempo atrás:

Comienza señalando que el tema de los ddhh en una sociedad políticamente polarizada como la nuestra reclama de una atención especial.

Se requiere procurar excluir el tema de los ddhh del debate político subalterno, dice.

Aquí algunas de sus ideas:

1. Creación de un espacio permanente de consulta entre el Estado y las organizaciones de ddhh. La Defensoría del Pueblo debe jugar un papel fundamental a ese respecto.

2. Conformación de una Comisión  independiente para la revisión uno por uno de los casos de los presos políticos (al día de hoy, los que no hayan sido beneficiados de modo directo con la Ley de Amnistía), de modo de emitir recomendaciones al Ejecutivo.

3. Renovación del Poder Ciudadano (como ya se está diligenciando con las renuncias del Fiscal y del Defensor), que cumpla con los parámetros de independencia y autonomía que dispone la Constitución. El Ejecutivo es el primer interesado en que una *Contraloría* y una Defensoría autónomas enciendan las alarmas frente a hechos de corrupción o de violacion a los ddhh que el gobierno debe atacar a tiempo.

4. Considerar la conformación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que permita establecer criterios compartidos de verdad respecto de los eventos relacionados con los ddhh sucedidos en los últimos 30 o 40 años y objetivos claros y viables en materia de reconciliación, justicia, memoria histórica, reparación y reconocimiento (la Comisión de Convivencia y Paz designada por la Presidenta puede cumplir este rol).

5. Designación de una *Comisión presidencial que revise los protocolos militares y policiales en materia de seguridad interna*, tanto en la conservación del orden público como en la punción de los delitos que en esta materia se cometan (en particular las condiciones de prisión de los indiciados).