Los exiliados y la Ley de Amnistía: sin garantías para un regreso seguro a Venezuela
En teoría, el artículo 7 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática abre la puerta para que políticos opositores exiliados puedan, a través de un representante legal en Venezuela, solicitar el “perdón” que otorga la normativa y, de ser aprobado, volver al país para retomar la política en el terreno.
Según el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ya se dio instrucciones a la comisión de seguimiento a la aplicación de la ley, encabezada por el diputado (Psuv), Jorge Arreaza, para que evalúe dichos casos. En estos incluyó a ciudadanos solicitantes de asilo en Estados Unidos, tras declararse perseguidos políticos. En declaraciones de este 5 de marzo, Rodríguez aseguró que ya se han presentado “varias” solicitudes.
Pero para algunos políticos que se mantienen fuera de Venezuela, producto de la represión, no es tan sencillo como lo dice la ley ni Jorge Rodríguez, en cuyas palabras no confían.
Consultados por Efecto Cocuyo, exintegrantes del gobierno interino de Juan Guaidó y exdiputados en el exilio son enfáticos al señalar que aún no están dadas las condiciones para que los perseguidos políticos “que no han cometido delito alguno” regresen a su tierra natal. Entienden la normativa como una “trampa” porque el aparato represivo no ha sido desmontado. La única garantía de un retorno seguro de millones de venezolanos, políticos o no, subrayan, es el pleno rescate de la democracia en el país.
“La persecución no ha cesado”
El exembajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, Eduardo Battistini, descarta acogerse a la amnistía, porque, recalcó, no ha incurrido en delito: formó parte de un gobierno encargado entre 2019 y 2022, reconocido por la Casa Blanca y más de 50 países, basado en la Carta Magna.
“Es una situación incierta porque los mismos que han perseguido durante años son los que se mantienen en el gobierno. El fiscal (Tarek William Saab) pasó a ser defensor y el nuevo fiscal encargado, Larry Devoe, defendió a Nicolás Maduro en La Haya frente a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad. La persecución no ha cesado y no hay garantías de que se imparta justicia, partiendo de que los exiliados deben declararse culpables de delitos que no cometieron”, expresó Battistini, presidente de Primero Justicia (PJ) en el exterior.
El segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Amnistía establece que “cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional” podrá hacerse representar ante el tribunal competente, mediante poder otorgado a un abogado o abogada de su confianza. Se asegura que mientras curse la solicitud del perdón, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos (13 eventos) en el artículo 8 y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente.
Battistini sostiene que se trata de una trampa “cazabobos” porque en el mismo instrumento legal está presente la amenaza de nuevas encarcelaciones contra opositores por lo que el chavismo, aún en el poder, considere que son nuevos delitos.
En el artículo 16 se advierte que las personas beneficiadas por esta Ley que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia serán procesadas, de conformidad con la legislación aplicable. En el artículo 7 se agrega que la amnistía solo abarcará a las personas que hayan cesado en la ejecución de los delitos o faltas, objeto de amnistía, o que lo hagan luego de la entrada en vigencia de la ley.
“No hay garantías ni para los que están fuera del país ni para quienes se encuentran en Venezuela. Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, fue excarcelado, vuelto a detener y luego se anunció que recibió libertad plena, pero su abogado asegura que el juicio en su contra continúa. Los amnistiados no tienen garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos en su contra”, sostuvo el exmiembro del interinato.
Unos evalúan y otros descartan
En sus declaraciones desde el Palacio Legislativo, Jorge Rodríguez aseguró que quienes “han ejercido la política en el pasado” y participado “en eventos violentos y usurpación de funciones”, en alusión al interinato de Guaidó, están solicitando que la comisión de seguimiento aborde su caso.
“Se ha dado la orientación de que se atiendan los casos de políticos en el extranjero que deseen reinsertarse en el panorama político venezolano”, agregó.
ONG de DDHH venezolanas han denunciado que ni el gobierno sabe cuántos privados de libertad hay por motivos políticos, porque su encarcelamiento obedece a distintas órdenes. En el caso de los exiliados, producto de la persecución, algunos han asegurado no poseer expedientes en Fiscalía, pero sí saben de procedimientos en su contra por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) o la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por lo que se preguntan cómo ponerse a derecho sin causas judiciales abiertas de manera formal.
Recientemente, el exdiputado de la AN, Carlos Lozano, y el exdiputado regional Manuel García (hijo del exparlamentario Ismael García), anunciaron su regreso al país para acogerse a la amnistía. García se grabó en video para informar que volaba desde Colombia hasta Venezuela a finales de febrero, luego de que iniciara el proceso para obtener el perdón por un expediente abierto y orden de captura por delitos de odio, radicado en Aragua. Dijo confiar en las autoridades de EEUU para no ser apresado.
“Lo que suceda conmigo es responsabilidad de quienes aún gobiernan en Venezuela, con Dios siempre por delante y la verdad, por la democracia y un país distinto, donde todos podamos reconocernos y trabajar en paz, por la verdadera reparación de quienes hemos sido víctimas de injusticia. Seguiremos trabajando por la democracia”, expresó García.
Se sabe de otros exiliados, sin proporcionar nombres, que han nombrado abogados pero que aún evalúan la factibilidad, el mecanismo, el proceso y las garantías con las cuales contarán para regresar.
Al igual que Battistini, la exdiputada de Voluntad Popular (VP), Gabriela Arellano, también descarta solicitar amnistía. Lo que no desestima es poder regresar pronto al país a partir de un proceso electoral con garantías democráticas.
“No es una Ley de Amnistía que cumpla con los estándares internacionales para ser considerada como tal y todo lo que emane de la actual AN carece de legitimidad. No puede amnistiar quien persiguió y encarceló que siguen siendo Delcy y Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Nunca me voy a apegar a algo que no tiene legitimidad”, dejó claro Arrellano desde Colombia.
“No me voy a entregar”
El exdiputado Ismael García también sigue con cautela la aplicación del instrumento legal y las excarcelaciones y liberaciones plenas que se han dado, las cuales, advirtió, no son producto de una rectificación del chavismo ni de la Ley de Amnistía, sino del tutelaje de EEUU.
Este 6 de marzo, la comisión de seguimiento que preside Arreaza aseguró que, de 12.233 personas que han solicitado amnistía, se han otorgado 7.654 libertades plenas. Sin embargo, las cifras que manejan ONG como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón, son mucho menores y no llegan ni siquiera a mil excarcelados o liberados plenamente.
García señala que es una decisión personal de cada exiliado intentar con el procedimiento de amnistía establecido por el actual interinato y que más importante que el retorno de algunas figuras es que Venezuela logre rescatar la democracia, como única garantía de la restitución de los derechos civiles y políticos de todos sus ciudadanos. Asegura que cuando tome la decisión de regresar al país, él mismo lo anunciará.
“Yo denuncié en EEUU la existencia del Cartel de los Soles y no me voy a entregar a quienes torturan y matan. Pero lo más importante no es si yo regreso o no o si los exiliados volverán en grupos o poco a poco, sino lograr un proceso de transición hacia la democracia, que el venezolano de a pie se beneficie de las mejoras económicas. El secretario de Estado, Marco Rubio, y los secretarios que han llegado a Venezuela han ratificado que hay un plan de tres fases y que el país necesita elecciones democráticas, ese es el foco que hay que mantener para que después todos puedan regresar”, enfatizó el exdiputado.
García fue señalado por Diosdado Cabello en 2018, al igual que a Julio Borges y Juan Requesens, de estar involucrado en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolas Maduro, del 4 de agosto de ese año, a través de reuniones desde Colombia. Dicho evento, por el que permanecen detenidos civiles y militares, no fue considerado en el artículo 8 de la Ley de Amnistía, aunque la comisión de seguimiento tiene la instrucción de evaluar casos excluidos.
Confirmó que su hijo Manuel García se encuentra en el estado Aragua, a la espera de una respuesta a la solicitud de amnistía, pese a no haber cometido ningún delito.
“No es amnistía”
Otro dirigente que apareció en Mérida luego de haber estado en el exilio durante más de año y medio es Lawrence Castro, de VP, quien no especificó si decidió acogerse a la Ley de Amnistía por estar bajo riesgo de detención. Durante un acto con estudiantes de la Universidad de Mérida, este 5 de marzo, exigió la libertad plena de todos los presos políticos y ratificó el compromiso por la reinstitucionalización del país.
Dirigentes políticos como Andrés Velásquez y Alfredo Ramos (La Causa R) y Delsa Solórzano, exdiputada y presidenta de Encuentro Ciudadano, no estaban en el exilio, pero también retomaron la actividad pública, tras los eventos del 3 de enero, luego de permanecer en clandestinidad durante más de un año para evitar ser apresados.
El expresidente de la AN y exencargado de las relaciones exteriores del interinato de Guaidó en el exilio, Julio Borges, igualmente advirtió que lo aprobado desde el Parlamento no es una verdadera amnistía, por lo que quienes están dentro y fuera del territorio, incluyéndose, siguen bajo amenaza.
“Una amnistía significa que desaparece completamente la acción penal que cientos y cientos y miles y miles de personas tienen ahorita por razones políticas en Venezuela, entre ellos mi persona. Entonces cuando salen personas de la cárcel y los que están afuera se tienen que presentar a un tribunal al acogerse a esa ley, y siguen teniendo procedimientos abiertos, allí no hay una amnistía”, recalcó.
Agregó que una verdadera amnistía también pasa porque sea aplicada en igualdad de condiciones para las personas dentro y fuera del país y especialmente en el caso de militares que han sido excluidos y discriminados, pese a que se han dado excarcelaciones de al menos una treintena. La Ley de Amnistía descarta la rebelión militar como objeto del “beneficio”.
“Hay que seguir empujando para que eso sea una realidad para todas las personas, tiene que ser una medida que sea verdaderamente para toda la alternativa democrática que ha luchado estos 25 años para que se haga cumplir la Constitución, con la igualdad que corresponde para este momento y no con la arbitrariedad, con las excepciones o con el laberinto que supone la Ley de Amnistía que se ha creado en Venezuela”, enfatizó.
Regreso de María Corina Machado
Con amnistía o no, otros exiliados admiten cifrar sus esperanzas en el pronto regreso de María Corina Machado a Venezuela, anunciado por ella misma, lo cual podría arrojar más luces sobre las condiciones para seguir haciendo política en el terreno.
“Los venezolanos hemos sufrido mucho. La espera es zozobra, pero tenemos la esperanza de volver a Venezuela este año, de volvernos a abrazar, porque confiamos en la ruta que ha trazado María Corina Machado y en su articulación con los actores decisores. Delcy y Jorge Rodríguez pueden decir lo que quieran porque igual mienten siempre. Las transiciones no son fáciles, pero estamos seguros que este proceso que arrancó el 28 de julio (2024) y el 3 de enero, no se perderá. No va tan rápido como queremos, pero avanza”, sostuvo Arellano.
Battistini confiesa temer que la cooperación entre EEUU y el interinato – con el objetivo por parte de los Rodríguez de ganar tiempo y permanecer indefinidamente en el poder – no derive en una transición hacia la democracia, sino en una autocracia con libertades económicas mas no políticas como sucede en China. Apuesta por estar equivocado.
“Si hay oportunidad de regresar a Venezuela lo haré. La política en Venezuela no puede significar bailar al son del régimen como sí lo están haciendo factores políticos en la AN que dicen ser de oposición, pero no lo son. No tiene sentido volver para ser objeto de censura, para no poder opinar libremente o estar bajo amenaza de volver a ser detenido si protesto por los derechos de los venezolanos. Diosdado Cabello sigue amenazando, por lo que creo que el régimen se reagrupa y aplica una pausa estratégica”, dijo.
A través de un video colgado en sus redes sociales, este 6 de marzo, la exanimadora de TV y esposa del líder de VP en el exilio, Leopoldo López, Lilian Tintori, denunció que la casa familiar de ambos en el municipio Chacao, que fue “saqueada” en 2022, volvió a ser allanada de manera ilegal “por orden de Delcy Rodríguez”. Con fotos y videos relató que fueron sustraídos todos los objetos que allí todavía se encontraban y destruidas las paredes de su interior.
“El régimen continúa con la persecución, el abuso de poder, la dictadura continúa”, fustigó.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
En la sección: Política – Efecto Cocuyo
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