STEPA lleva a la Comisión Europea la alta temporalidad de los interinos en Aragón

STEPA acude a la Comisión Europea con el fin de que se reduzca la alta temporalidad de los interinos en España y en Aragón, comunidad en la que la tasa alcanza un 43% frente al 8% ilegal, según su informe, con el que se pretende que la institución europea actué para «no consentir violaciones flagrantes y masivas de derechos fundamentales europeos para lograr un objetivo económico y de bienestar. Los trabajadores españoles víctimas del abuso de contratos de duración determinada deben ser protegidos aplicando los derechos fundamentales europeos».

Este informe, presentado por STEPA ante la representación de la Comisión Europea en Madrid, indica que «la Unión Europea no puede autorizar la concesión a España de los 626 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación suspendidos hasta que el Gobierno no apruebe una nueva ley que sancione eficazmente el abuso de temporalidad mediante la estabilización real de todas las personas afectadas».

De acuerdo con este informe, la Administración pública española «lleva décadas infringiendo la normativa y sentencias europeas por la ausencia de normativa nacional válida para sancionar el enorme volumen de abuso de temporalidad existente».

Además, se denuncia que, cuando el Gobierno español preparó este Plan de Recuperación, en abril de 2021, «ocultó el volumen real de temporalidad en el empleo público y las cifras de puestos ocupados temporalmente que habría que transformar en fijos para reducir la temporalidad al 8%».

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el porcentaje de trabajadores temporales es del 32,2%, de manera que «casi un millón de personas, una parte muy significativa de ellos en situaciones de temporalidad claramente abusiva». Además, el 76% de la temporalidad se da en las administraciones autonómicas.

En concreto, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), tercera fuerza en la Administración General de la Diputación General de Aragón, ha subrayado la importancia de dar por fin solución a un problema que afecta de forma especial a la comunidad aragonesa, dado que la temporalidad se sitúa en el 43,35% de los empleados autonómicos. Según sus cálculos, unos 20.000 tienen derecho a la estabilización en su puesto que se reclama a la Comisión Europea.

27 años de incumplimiento

El «Informe de situación sobre el abuso de temporalidad en el empleo público en España» actualiza y reafirma las conclusiones del documento ya presentado hace año y medio y resalta que España sigue sin cumplir con la normativa europea por no haber transpuesto, 27 años después, la Directiva 1999/70/CE que obliga a que los puestos que cubren necesidades permanentes estén cubiertos con personal fijo, pero es sistemáticamente vulnerada en el sector público. Y todo ello, a pesar de que la Comisión Europea ha continuado avanzando en un procedimiento de infracción contra España, que puede desembocar en una sanción.

Asimismo, ha declarado incumplido el compromiso de reducir la tasa de temporalidad en el sector público por debajo del 8%, ligado a recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR) y ha bloqueado el pago de 626 millones.

Además, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a reiterar que los procesos de estabilización para el personal temporal, como los de la Ley 20/2023, no son una solución válida, porque ni garantizan la reparación ni castigan a la Administración abusadora.

La conclusión de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal es que la única solución es una nueva ley estatal «con una medida de estabilización real del personal en situación de abuso y sólo del personal en abuso, junto con la reparación de la infracción del Derecho de la Unión para todas las víctimas».

Compromiso insuficiente

El informe refleja, en relación al Gobierno de España, que «los responsables de Función Pública nunca han recibido a los representantes del personal afectado», como con el Tribunal Supremo y los sindicatos mayoritarios por su falta de respuesta. Igualmente, incide en el total fracaso de las iniciativas puestas en marcha para reducir la temporalidad mediante convocatorias extraordinarias de estabilización.

«Es evidente que España mintió a la Comisión sobre el volumen de temporalidad en el sector público. El compromiso adquirido de estabilizar 300.000 plazas era claramente insuficiente«, señala el documento. Por otra parte, se subraya que el enfocarse en las plazas y no en las personas, «ha tenido el efecto contrario al esperado: el cese de miles de trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad.

>Como primer efecto de esta mínima oferta, «al menos tres cuartas partes del personal en abuso de temporalidad, alrededor de 500.000 empleados públicos, no han podido consolidar su puesto mediante el concurso de méritos, dado que el número de plazas convocadas representó menos del 20% de la temporalidad existente».

Los sindicatos de interinos denuncian a su vez «una falta total de transparencia sobre el número de plazas convocadas» por parte del Estado y, en especial, de las Comunidades Autónomas, que destacan como el gran nicho de la temporalidad en España.

Los últimos datos oficiales del Registro Central de Personal, que recopila los datos de los efectivos al servicio de todas las Administraciones Públicas, Estatal, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, cuentan un total de 3.107.195 trabajadores y trabajadoras, de los que son temporales 999.738, el 32,2% del total. Sin embargo, en la Administración General del Estado, la temporalidad es del 4,6%, en las Administraciones Locales llega al 35,7% y en las Comunidades Autónomas supera el 38,7% de media.

Dado que las autonomías son las principales empleadoras públicas, con más de 1.900.000 trabajadores, concentran el 76% de la temporalidad, casi 750.000 personas. El número de plazas sacadas a concursos de estabilización ha sido de 142.400, «de esta manera, el número de plazas convocadas ha sido inferior al 20% y debería haber rondado el 80%, si realmente se hubiera aplicado el mandato legal a la totalidad del fraude de ley por abuso de temporalidad acumulado».

La temporalidad de Aragón, por encima de la media

«Dado que el número de personas empleadas en la Administración Pública no ha aumentado de forma significativa en los últimos años, la única explicación posible para unos porcentajes de temporalidad tan altos es que la gran mayoría de estos puestos llevan siendo ocupados de manera temporal durante muchos años y, por tanto, que se encuentra en fraude de ley por abuso de la temporalidad, conforme a la normativa europea», recoge el informe.

Además, STEPA ha recalcado que, dentro de la general inobservancia de la ley por los gobiernos autonómicos, Aragón está a la cabeza de los infractores y es la quinta comunidad en índice de temporalidad, con un 43,25% de personal con contratos temporales, cinco puntos por encima de la media.

La alternativa

La transformación de contratos de duración determinada en contratos indefinidos es también defendida como «la única alternativa viable económicamente, que no suponga la ruina de las arcas públicas españolas y un incremento del déficit, ya que de optar por el pago de indemnizaciones a las víctimas «la estimación teórica calculada a la baja, con datos oficiales, es en total de más de 40.000 millones de euros».

Además, supone también evitar un importante problema social, ya que como consecuencia de los procesos selectivos comprometidos por España en el Plan de Recuperación «van a ser cesados o despedidos 600.000 trabajadores temporales, el 70% mujeres con una edad media de 50 años, con nula reinserción laboral».

Por el contrario, esta solución «evitará el desmantelamiento de los servicios públicos, manteniendo los empleados con mejor formación y experiencia de años, que continuarán dando un servicio público de calidad a la ciudadanía, teniendo en cuenta, el volumen de jubilación en los próximos diez años», apunta el informe.