▷ La ONU denuncia silencio de Colombia y Venezuela ante el atentado contra el activista Yendri Velásquez #13Mar

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La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y un grupo de expertos de las Naciones Unidas emitieron una contundente comunicación dirigida a los gobiernos de Colombia y Venezuela, donde manifestaron su profunda preocupación por el intento de asesinato contra el activista LGBTIQ+ Yendri Omar Velásquez. El documento, enviado originalmente el 10 de diciembre de 2025, se hizo público ante la falta de respuesta de ambos Estados y la ausencia de avances en las investigaciones judiciales.

El Atentado en Bogotá

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre de 2025 en la capital colombiana, cuando Velásquez y otro ciudadano venezolano fueron interceptados por dos sujetos armados al salir de un edificio residencial. En un ataque directo, el defensor recibió ocho impactos de bala antes de que los perpetradores huyeran del lugar.

Aunque Velásquez sobrevivió tras ser intervenido de urgencia en el hospital Reina Sofía, los expertos de la ONU denuncian que su seguridad se vio comprometida cuando la prensa filtró su ubicación, mientras que, a día de hoy, los responsables siguen en libertad sin que la fiscalía colombiana reporte progresos en el caso.

Un historial de persecución transnacional

La trayectoria de Velásquez, fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, está marcada por un patrón de hostigamiento que cruzó fronteras. En agosto de 2024, el activista sufrió detención arbitraria y tortura en Venezuela cuando se disponía a viajar a Ginebra.

Tras la anulación injustificada de su pasaporte, Velásquez se vio obligado a huir a Colombia en busca de asilo en septiembre de 2024. Sin embargo, el ataque en Bogotá sugiere que la persecución no cesó con su exilio, vinculándose con amenazas previas que emanaron de funcionarios públicos venezolanos o actores asociados a ellos.

Preocupación Internacional

Para los expertos de Naciones Unidas, este intento de magnicidio no solo vulnera el derecho a la vida y la integridad personal, sino que apunta a una preocupante persecución extraterritorial. El informe advierte que, de confirmarse la participación de actores estatales venezolanos en suelo colombiano, se estaría violando el principio de no intervención y socavando la soberanía de Colombia. Este escenario genera un «efecto amedrentador» sobre la sociedad civil y otros defensores de derechos humanos que trabajan desde el extranjero.

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