Cevasa se empantana en los tribunales contra sus inquilinos de renta antigua

Cevasa, decana de la promoción y gestión de vivienda protegida (VPO) en España, se empantana en una batalla judicial contra sus inquilinos de renta antigua. La propia inmobiliaria, que cotiza en bolsa, lo reconoce en su informe financiero anual relativo al ejercicio 2025.

«Dado su carácter de viviendas de protección oficial, hasta el vencimiento de sus calificaciones no podía aplicarse la disposición transitoria segunda de la LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos], que permite la actualización de las rentas de alquiler en función del IPC acumulado desde que se formalizaron los contratos y progresivamente en un plazo de entre 5 y 10 años, pero solo a los arrendatarios cuya unidad familiar tenga unos ingresos totales superiores entre 2,5 y 3,5 veces el salario mínimo interprofesional en función del número de convivientes», expone la compañía.

A renglón seguido, Cevasa explica que a medida que han ido venciendo las calificaciones se ha comunicado a los inquilinos la voluntad de poner al día sus mensualidades. «A pesar del alcance reducido de la actualización», puntualiza la privada, «una gran parte de los arrendatarios está oponiéndose y se muestran reacios a facilitar la información requerida». «Aunque la mayor parte de los contenciosos han tenido sentencias favorables al grupo, esta situación está demorando los aumentos de renta«, reconoce.

El parque inmobiliario en alquiler de Cevasa se distribuye entre viviendas de renta libre o con protección oficial pero de precio de venta y renta libres (41,6%), viviendas de protección oficial con precios limitados administrativamente (36,1%) y viviendas de protección oficial de renta antigua (22,3%). En este último grupo se está dando el conflicto judicial con los arrendatarios.

A 31 de diciembre de 2025, Cevasa contaba con 354.929 metros cuadrados construidos, con un total de 6.064 espacios alquilables, de los que 2.378 corresponden a inmuebles y el resto a otras tipologías, fundamentalmente aparcamientos y trasteros. La empresa también tiene en cartera locales comerciales que se ubican en los bajos de sus edificios residenciales.

Críticas al intervencionismo

Al margen de este contencioso, la cotizada se muestra crítica con las políticas públicas en vivienda adoptadas por el Estado y la Generalitat de Cataluña. A pesar de que «la oferta de viviendas en alquiler se aleja cada vez más de la elevada demanda y ello asegura la plena ocupación de los edificios», también constata que «las Administraciones Públicas (…) aplican políticas cada vez más perjudiciales para los propietarios».

«El elevado peso que suponen las viviendas protegidas en el total parque residencial del grupo ha permitido que algunas de aquellas medidas no nos hayan afectado especialmente. Sin embargo, el grupo no es inmune a estas políticas», advierte. Entre otras, menciona la prohibición de desahucios, el tope a las rentas del alquiler y la calificación permanente de los suelos destinados a viviendas de protección oficial.

En 2025, la matriz de Cevasa registró un ebitda positivo de 29,4 millones de euros. El valor de su cartera al cierre del ejercicio fue de 611,1 millones, un 2,85% más excluyendo las inversiones y desinversiones ejecutadas. Además, las rentas de alquiler en 2025 fueron un 11,99% superiores a las del año anterior.