DERECHOS HUMANOS | Sayragul Sauytbal, defensora de las minorías musulmanas en China: «Si nada cambia, Pekín acabará con nuestros pueblos en una o dos décadas» | elperiodico.com
La activista Sayragul Sauytbal pasó cinco meses en uno de los llamados “Centros de Educación y Formación Vocacional” (VETC, en sus siglas en inglés) que China construyó a mediados de la pasada década para reprimir a la población uigur y a otras minorías étnicas musulmanas en la provincia de Xinjiang, en el extremo occidental del país. Como profesora, fue obligada a reeducar a los detenidos y a participar en la campaña orquestada por Pekín para forzar la asimilación cultural de los habitantes de esta región con los Han, la etnia mayoritaria en el gigante asiático, a base de detenciones arbitrarias, encarcelamientos y torturas físicas y psicológicas.
Ocho años después de su huida del país, Sauytbal ejerce como vicepresidenta del Gobierno en el exilio de Turkistán Oriental —el término con el que estas minorías se refieren a Xinjiang— desde Suecia, donde recibió asilo junto a su marido y sus hijos. En una entrevista con EL PERIÓDICO, la activista, de etnia kazaja, alerta de que China está a punto de lograr su objetivo de acabar con el legado de los uigures, de los kazajos y de otros grupos musulmanes minoritarios y lanza un mensaje a la comunidad internacional para que vuelva a poner el foco en una situación que ha quedado relegada a un segundo plano en los últimos años.
“China afirma haber cerrado los campos, pero siguen en funcionamiento”, denuncia por videollamada. “Lo único que ha cambiado es que se han retirado las torres de vigilancia, pero siguen funcionando y se han construido enormes instalaciones industriales a su alrededor, por lo que el Gobierno chino afirma ahora que se trata de centros de formación profesional en los que se imparte formación laboral a los reclusos y se les proporcionan puestos de trabajo”, añade.
En un informe de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, en sus siglas en inglés) indicó que más de un millón de personas podrían haber pasado por estos campos, aunque se desconocen las cifras oficiales. Los internos, desde adolescentes hasta ancianos, pasaron meses e incluso años en estas instalaciones por motivos tan arbitrarios como tener “demasiados hijos”, llevar velo o barba o haber solicitado un pasaporte extranjero.
Abusos y torturas
En el caso de Sauytbal, la policía la llevó a uno de estos campos de forma forzosa después de que su marido y sus hijos escaparan a Kazajistán huyendo de la represión. Desde entonces ha denunciado los abusos que presenció estando allí, incluidas violaciones a mujeres, torturas y sesiones de adoctrinamiento con propaganda del Partido Comunista Chino (PCCh). “Yo también sufrí abusos físicos y psicológicos. He desarrollado muchos problemas de salud, y antes de que me enviaran al campo de concentración no tenía ninguno. En este momento sigo en el hospital; padezco una afección cardíaca que aparece y desaparece”, lamenta.
China siempre ha sostenido que los VETC fueron creados para educar de forma voluntaria a la población y para erradicar la propagación del terrorismo y del extremismo religioso después de varios atentados sufridos en 2014, los cuales provocaron decenas de muertos. A pesar de que las autoridades aseguran que estos centros fueron cerrados en 2019, Sauytbal denuncia que todavía se están llevando a cabo detenciones arbitrarias y crímenes contra la humanidad en la actualidad, unas afirmaciones respaldadas por la ONU en una evaluación publicada a principios de este año.
Ley de «unidad étnica»
“El Gobierno chino ha logrado alcanzar el 90% de sus objetivos. El 10% restante pretende completarlo acabando por completo con nuestro pueblo y legalizando y normalizando su política genocida. Si nada cambia, lo conseguirán en el plazo de una o dos décadas”, afirma la activista, quien pone como ejemplo la reciente aprobación de una nueva ley de “unidad étnica” en la Asamblea Popular Nacional de China. Esta norma establece que el mandarín sea la lengua de enseñanza en las escuelas y en la comunicación oficial; exige a los padres que “eduquen y orienten” a los niños para que amen al PPCh; y criminaliza la oposición a matrimonios mixtos por motivos étnicos o religiosos, entre otras medidas.
Para Sayragul, este es un paso más en lo que considera un “genocidio” de las minorías musulmanas. “China sigue trasladando colonos chinos a Turkistán Oriental, mientras que más de un millón de niños han sido separados de sus familias y enviados a orfanatos e internados con el objetivo de lavarles el cerebro y de erradicar su identidad y su cultura, poniendo en riesgo el futuro de nuestros pueblos”, afirma.
La única posibilidad para parar la asimilación forzosa de estos grupos es que la comunidad internacional vuelva a poner el foco en esta región del mundo, asegura la activista. Algo que se presenta muy complicado en el que la atención está puesta en otros escenarios de conflicto. “La comunidad internacional está haciendo caso omiso a la crisis de Turkistán Oriental. Si esto sigue así, China logrará acabar con nuestro pueblo y podrá entonces expandirse más hacia el oeste, hacia Asia Central, y posicionarse como la única potencia global dominante. Por eso es importante que la comunidad internacional tome medidas significativas contra China y apoye a Turkistán Oriental no solo por motivos humanitarios, sino también para garantizar su propia libertad, su soberanía y su seguridad”, sentencia.
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En la sección: El Periódico – internacional
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