La Justicia francesa condena a Lafarge por haber financiado al Estado Islámico en Siria

La larga lectura del fallo —duró cerca de cuatro horas— terminó con una escena inhabitual en los recintos judiciales galos: el exdirigente de una gran empresa del Cac 40 (bolsa de París) saliendo esposado de una sala de audiencias y escoltado por agentes de policía para que lo llevaran directamente a la prisión. La corte condenó a Bruno Lafont, que era el presidente y director general de Lafarge en el momento de los hechos, a seis años de cárcel y una multa de 225.000 euros. Su abogado ha considerado que la aplicación inmediata de la pena «no estaba justificada» y ha anunciado que pedirá la liberación provisional de este empresario, de 69 años.

Además de la empresa —ya la habían sancionado en Estados Unidos con una multa de 778 millones de dólares por este mismo caso— y del que fuera su presidente entre 2007 y 2015, los jueces declararon culpables a los otros siete acusados. Todos ellos habían ocupado cargos relevantes en la francesa Lafarge, que se convirtió en 2014 en el número uno mundial del cemento tras fusionarse con la suiza Holcim. Las penas oscilaron entre siete años y uno y medio entre rejas, así como multas de entre 225.000 y 20.000 euros. Christian Herrault, exdirector general adjunto del grupo, también salió esposado de la sala, después de que lo hubieran condenado con cinco años de prisión y una aplicación inmediata de la pena.

Pagos por más de cinco millones de euros

«Esos pagos» a yihadistas y, «en particular, al Estado Islámico resultaron decisivos para permitir el control por parte de esas organizaciones de los recursos naturales de Siria», afirmó Prevost-Desprez. «Sirvieron para financiar acciones terroristas en esa zona, pero también en el extranjero, especialmente en Europa», añadió sobre unos hechos que tuvieron lugar poco antes del inicio de la oleada de atentados en Francia. La corte estimó en 5,6 millones de euros la cantidad total del financiamiento que la multinacional aportó a esos grupos armados. Además de Daesh, Lafarge financió al Frente al Nusra (rama siria de Al Qaeda) y Ahrar al Sham, organización fundamentalista que lideró el actual presidente interino de Siria, Ahmed al Shara.

Lafarge decidió financiar a grupos yihadistas en aras de mantener abierta, al precio que fuera, una fábrica en Jalabiya. Había adquirido en 2008 esa planta en el norte de Siria e invertido en ella hasta 680 millones de dólares, siendo la más importante que poseía en Oriente Medio. Solo tres años después de esa adquisición, estalló la revuelta en Siria en contra del régimen de Bashar al Asad. La situación degeneró desde 2012 cuando el norte del país se convirtió en un mosaico de bandas armadas. Así lo reflejaba el hecho de que esa fábrica se encontraba en una zona controlada por los kurdos —asociados a la oposición prodemocrática—, pero estaba rodeada por varias zonas en manos de organizaciones islamistas radicales.

«No fueron fruto de extorsiones»

Esa compleja situación motivó que la multinacional decidiera pagar a esas organizaciones yihadistas para permitir que sus trabajadores y mercancías llegaran y salieran de la planta, además de evitar una toma violenta, que terminaría produciéndose el 19 de septiembre de 2014. Los magistrados han considerado este lunes que esos pagos «no fueron fruto de extorsiones», porque el grupo había negociado antes y «siempre dispuso de la autonomía de poder cerrar la fábrica». Han determinado que actuó de esa manera por avaricia económica y por querer «beneficiarse de una situación de monopolio en la reconstrucción de Siria al final del conflicto», momento en que el cemento se convertiría en uno de los materiales más preciados.

Esta sentencia «demuestra que la búsqueda de beneficios no puede justificar cualquier decisión y que hay un límite en las actividades empresariales. Las multinacionales que operan en el mundo también deben tener en cuenta los derechos humanos, sobre todo cuando operan en países en guerra», dijo a este medio la abogada Julie Février, de la asociación Sherpa. Esta ONG ha tenido un rol preponderante en el enjuiciamiento de este caso tan turbio, destapado la pasada década por una periodista independiente en el diario ‘Le Monde’. La sentencia de este lunes no solo representa una advertencia para las grandes empresas que actúan en países en guerra, sino también una victoria de una parte de la sociedad civil. Ha sido castigada una inmoralidad económica mayúscula.