La nueva doctrina del Tribunal Supremo respecto a la Exoneración del Pasivo Insatisfecho

La Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) se encuentra regulada en los artículos 486 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC). Con la reforma operada por la Ley 16/2022, de transposición de la Directiva (UE) 2019/1023, se introdujo un mecanismo de rehabilitación económica sobre la persona natural alineado con la segunda oportunidad europea, pero dejó abiertos ciertos interrogantes interpretativos, en particular respecto del crédito público y del concepto de buena fe.

La Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) ha abordado estas cuestiones en sus Sentencias (STS) nº254/2026, nº259/2026, nº260/2026, nº261/2026, nº262/2026 y nº263/2026, todas ellas de 18 de febrero, fijando una doctrina jurisprudencial sobre el alcance objetivo y subjetivo de la exoneración. Uno de los conceptos a tratar versa sobre el crédito público.

El TS reinterpreta el alcance de la EPI frente a los créditos públicos -tradicionalmente considerados intocables-: el alcance cuantitativo del privilegio público, el ámbito subjetivo de aplicación de esta nueva doctrina sobre todos entes públicos, la exoneración total de créditos subordinados y la derivación de responsabilidad. Esta nueva doctrina supone un alivio para el deudor.

Los límites de exoneración previstos en el art. 489.1.5º TRLC. Hasta ahora, se pueden exonerar hasta un máximo de 10.000 euros derivados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de la Seguridad Social. Los primeros 5.000 euros se cancelan íntegramente, y a partir de ahí se exonera el 50% hasta alcanzar el límite total.

La nueva interpretación del TS mantiene inalterada la parte cuantitativa (5.000 euros íntegros y el 50% del resto hasta 10.000 euros) pero señala que se aplica de forma independiente para cada acreedor titular de créditos de Derecho público. Esta nueva regulación evita que se agreguen las múltiples deudas administrativas de distintos organismos públicos y se impida al deudor acceder a la liberación de parte significativa de su pasivo.

Además, la jurisprudencia amplía el ámbito subjetivo de la limitación más allá de la dicción literal del mencionado art. 489.1.5.º TRLC. Cierto es que el precepto menciona únicamente a la AEAT y a la SS; ahora bien, el TS determina que la exclusión parcial de la exoneración tiene que ser aplicada a todos los créditos de Derecho público, con independencia de qué organismo tenga encomendada su recaudación; consecuentemente quedan incluidos los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas u otros Entes públicos.

En definitiva, el criterio determinante no es la identidad del acreedor recaudador, sino la naturaleza pública del crédito. El sistema legal no puede otorgar privilegios indebidos a unos organismos públicos y a otros no, sino que tiene que existir una coherencia a la hora de dotar del mismo privilegio a todos los entes públicos.

El TS también ha confirmado que el crédito público calificado como subordinado sí puede ser objeto de exoneración total bajo estas reglas; en concreto los intereses, los recargos y otros accesorios que no forman parte del crédito principal privilegiado.

Con esta nueva vertiente interpretativa, el Tribunal pretende consolidar un enfoque más justo y proporcional del privilegio público. De esta forma libera al deudor persona natural de todas las cargas que arrastraba históricamente y que se mantenían en el tiempo a pesar de la exoneración del principal.

Por último, la doctrina del TS clarifica la derivación de responsabilidad. No se configura como un castigo automático que impida la exoneración; únicamente bloquea el beneficio cuando se acredita una conducta dolosa o gravemente reprochable –equiparable a infracción muy grave–.

Así, la derivación de responsabilidad deja de ser un obstáculo mecánico para la segunda oportunidad, reforzando la finalidad rehabilitadora de la EPI. En estas circunstancias, se le ofrece al deudor un fresh start más tangible, más real, sin comprometer la protección del interés público.

La jurisprudencia de febrero de 2026 establece un nuevo marco doctrinal para la segunda oportunidad, reinterpretando el equilibrio entre la protección del crédito público y la rehabilitación económica del deudor, el alcance tradicionalmente expansivo del privilegio público.