El sector inmobiliario ve «insuficiente» el Plan Estatal de Vivienda: se queda corto en fondos y no aborda el problema del suelo

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 arranca con el respaldo formal del sector, pero no se queda exento de críticas. Tanto la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) como la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) coinciden en que el plan llega en un momento crítico, pero se queda corto en aspectos clave. Así, creen que su capacidad para transformar el mercado será limitada si no se refuerzan los recursos, se clarifica el marco regulatorio y, sobre todo, se actúa sobre el principal cuello de botella, la falta de oferta.

Desde ASVAL consideran que la aprobación del programa es «un paso necesario para reforzar la política pública en este ámbito», aunque advierten de que su alcance real dependerá de su desarrollo normativo. «Será imprescindible analizar su redacción definitiva en el BOE para evaluar con precisión su impacto», señalan.

El principal reproche se centra en la financiación. La patronal de propietarios alerta de que «el volumen de recursos previsto representa un avance, pero sigue claramente por debajo de lo que exige la dimensión del problema», en un mercado que arrastra un déficit estructural de vivienda.

Un diagnóstico que comparte el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, quien ha asegurado que el plan nace con «importantes limitaciones» que comprometen su efectividad, especialmente «en un contexto marcado por un déficit de oferta de vivienda».

Más allá del volumen de recursos, el sector cuestiona el enfoque territorial del plan. Alfaro advierte de que el problema se concentra «de forma especialmente intensa en las grandes ciudades y áreas metropolitanas», donde la escasez de vivienda es más acusada y la demanda sigue desplazándose. En este sentido, critica que el programa «no focaliza de manera suficiente sus recursos ni sus medidas en estos mercados tensionados», lo que limita su capacidad de actuación en los puntos donde la presión es mayor.

La incertidumbre presupuestaria es otro de los elementos que genera más dudas. Desde FAI subrayan que la falta de unos Presupuestos Generales del Estado condiciona la ejecución del plan, lo que puede diluir su impacto. «Sin una base presupuestaria clara, el plan corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones», advierte Alfaro, con «dificultades evidentes para trasladarse al mercado».

En paralelo, ASVAL insiste en que el reto exige un esfuerzo inversor sostenido y alineado con Europa, especialmente para desarrollar un modelo eficaz de vivienda asequible. «Valoramos positivamente la incorporación de incentivos para movilizar vivienda hacia el alquiler asequible, pero el planteamiento actual es todavía insuficiente para generar un cambio de escala», apuntan. La patronal de los caseros defiende la necesidad de avanzar hacia un sistema «plenamente definido, estable y previsible» que permita atraer inversión institucional, en línea con el marco europeo de vivienda asequible, cada vez más amplio e inclusivo.

Otro de los puntos críticos señalados por FAI es el diseño competencial del plan. Según Alfaro, «el diseño del plan condiciona la actuación de las comunidades autónomas mediante sistemas de cofinanciación», lo que puede ralentizar o incluso bloquear la puesta en marcha de medidas en determinados territorios.

Sin medidas para generar suelo

Pero si hay un elemento que genera consenso en el sector es la ausencia de iniciativas para aumentar la oferta de vivienda nueva. FAI alerta de que el plan no aborda uno de los principales cuellos de botella como es la generación de suelo finalista.

«No se abordan los plazos urbanísticos ni la seguridad regulatoria necesaria», subraya Alfaro, factores que considera «clave» y que siguen frenando tanto el desarrollo de nueva vivienda como la inversión promotora.

En la misma línea, ASVAL insiste en que la movilización de oferta requiere un marco más coherente y estable. «El Plan debería servir para avanzar hacia un sistema más ordenado y coherente, evitando la fragmentación actual de instrumentos», apuntan, destacando la importancia de la seguridad jurídica.

Ante este escenario, el sector reclama medidas de mayor calado. Desde FAI insisten en la necesidad de un «verdadero plan de choque» que permita aumentar la oferta en las zonas de mayor demanda, agilizar los procesos urbanísticos y reforzar la seguridad jurídica.

Asimismo, Alfaro subraya que la solución pasa por un acuerdo político amplio. La «falta de un pacto de Estado» en materia de vivienda es, a su juicio, uno de los principales lastres del plan, ya que impide articular una respuesta coordinada y eficaz a la crisis habitacional.

ASVAL, por su parte, pone el acento en el papel del sector privado para alcanzar la escala necesaria. «La escala del reto exige contar con la participación activa del sector privado», recuerdan, al tiempo que advierten de que los propietarios están asumiendo «de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado».