Joel García critica fin administrativo de Ley de Amnistía
El abogado y defensor de derechos humanos, Joel García, rechazó de forma contundente el reciente anuncio gubernamental sobre la supuesta “conclusión” de la Ley de Amnistía. Según el especialista, el argumento de que la norma cumplió sus objetivos políticos carece de sustento legal. García advirtió que la vigencia de una ley no depende de valoraciones subjetivas del Poder Ejecutivo, sino de lo establecido en la Constitución.
A través de sus redes sociales, el jurista explicó que existe una confusión grave entre la eficacia política y la vigencia jurídica. El abogado subrayó que, sin una cláusula de caducidad expresa o un acto legislativo de derogación formal, la ley mantiene su vigor. Por lo tanto, cualquier intento de frenar su aplicación constituye una irregularidad que afecta la seguridad jurídica del país.
El rol de los jueces frente al Ejecutivo
García recordó que la amnistía opera ipso iure, es decir, por el derecho mismo. Cuando un ciudadano cumple con los requisitos establecidos en la norma, el juez tiene la obligación de aplicarla de inmediato. En este sentido, el Poder Ejecutivo no puede interponer barreras administrativas ante una facultad que corresponde exclusivamente al ámbito jurisdiccional y a los tribunales.
El defensor de derechos humanos calificó como una “vía de hecho administrativa” el intento de limitar el alcance de la ley por criterios de oportunidad. Para García, el respeto a la jerarquía normativa es fundamental para sostener el Estado de Derecho. Si no hay una derogación aprobada por el órgano legislativo, la norma sigue siendo de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades.
Riesgos de la desviación de poder
La propuesta de trasladar los casos amparados por la ley a nuevos “Programas de Convivencia” generó una alerta inmediata en el sector jurídico. García señaló que esta acción sustituye un derecho subjetivo ya adquirido por una simple concesión política discrecional. Este movimiento representa una desviación de poder que vulnera directamente la reserva legal y el principio de separación de poderes.
Finalmente, el abogado enfatizó que la seguridad jurídica en Venezuela exige que las leyes se respeten hasta su reemplazo formal. Considerar que una ley “termina” por decisión unilateral debilita las instituciones y deja en desprotección a los beneficiarios de la norma. La comunidad jurídica nacional permanece atenta ante lo que consideran un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos fundamentales.
Fuentes: Cuenta oficial de X de Joel García (@joelgarcia69).
También puedes leer en Punto de Corte:
Danos tu opinión sobre el tema en nuestro foro de DEBATES de Telegram:
Fuente de TenemosNoticias.com: puntodecorte.net
En la sección: Nacional Archivos – Punto de Corte
También te puede interesar
