Rebelión de las grandes eléctricas y la industria contra los sobrecostes opacos que impone Red Eléctrica

Rebelión de las grandes eléctricas y la industria contra Red Eléctrica. La falta de trasparencia de la operación reforzada ha provocado una auténtica revolución sectorial. Las grandes eléctricas, así como la industria han elevado el tono contra los sobrecostes de la gestión del sistema eléctrico y han reclamado a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) una intervención urgente.

El sector ha decidido dar un paso al frente con la creación del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, una plataforma respaldada por la práctica totalidad de la industria y la comercialización eléctrica en España, que elaborará cada quince días un informe sobre el coste de estas medidas de una presunta garantía de suministro. Detrás de la iniciativa se alinean Aelec, Acenel, ACIE, AEGE o la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.

Las empresas están cansadas de asumir unos costes crecientes cuya formación no se explica con suficiente detalle y que están erosionando la competitividad de la economía española. Según sus cálculos, los servicios de operación sumaron 2.700 millones de euros en todo 2024 y 3.500 millones en el 2025, pero en apenas los primeros cuatro meses de este año ya alcanzan los 1.800 millones, una escalada que consideran absolutamente insostenible.

Solo entre el 1 y el 23 de abril, los consumidores soportaron 320 millones adicionales, equivalentes a 23,58 euros por megavatio hora. En numerosas horas, denuncian, el mercado mayorista registra precios próximos a cero, pero la factura final termina inflándose por los costes añadidos de operación del sistema.

El golpe no se reparte por igual. Para un consumidor doméstico acogido al PVPC, el sobrecoste ronda el 15% del recibo. En las pymes supera el 20%. En la industria electrointensiva, directamente rebasa el 50% de la factura eléctrica, una carga que las empresas consideran incompatible con competir frente a otros países europeos.

Las asociaciones denuncian que este mecanismo se está utilizando de forma intensiva, encareciendo el suministro sin que exista una explicación pública suficiente sobre sus criterios, duración real o impacto económico detallado.

En privado, muchas compañías llevan meses trasladando su malestar; ahora lo hacen abiertamente y de manera conjunta.

Por ello, exigen a la CNMC que actúe y fiscalice de manera inmediata estos costes, con especial foco en la operación reforzada. Reclaman información periódica, trazabilidad de cada euro cargado al sistema y una hoja de ruta con fecha de caducidad para este esquema extraordinario.

Además, plantean sacar parte de estos costes del mercado diario y convertirlos en un coste regulado vía peajes o cargos, para suavizar el impacto en la factura y aportar previsibilidad al sistema. También piden una reforma fiscal permanente que deje de penalizar a la electricidad frente al gas, al entender que la actual estructura tributaria frena la electrificación. El malestar se extiende también al tratamiento de las renovables. Las empresas denuncian que las restricciones en mercados de control de tensión están elevando los vertidos de energía limpia hasta el 18,6% en lo que va de año, muy por encima del límite europeo del 5%, desperdiciando producción barata mientras los consumidores pagan más.