Seguridad jurídica y rigor técnico: claves para una regulación eficiente del crédito al consumo

La industria de la financiación vive un momento de transformación profunda. La aprobación de la nueva Ley de Crédito al Consumo supone un cambio de paradigma que marcará el rumbo del sector en los próximos años. En este escenario, lo fundamental es legislar con prudencia y sentido de mercado, protegiendo al consumidor mediante reglas claras y aplicables de forma homogénea. No se trata de regular más, sino de regular mejor para aportar certidumbre a ciudadanos y entidades de crédito.

Una base equitativa: la reserva de actividad

Desde ASNEF consideramos que la reserva de actividad, que es una reivindicación histórica de nuestra asociación, supone un paso imprescindible para dotar al sector del crédito al consumo, y a los consumidores, de la seguridad que supone el hecho de que todas las empresas que presten dinero en España operen bajo la autorización y supervisión del Banco de España, con estándares y reglas comunes.

Este principio de «misma actividad, mismas reglas» es vital para fortalecer la competencia leal y evitar asimetrías que hoy perjudican al mercado regulado frente a operadores que actúan en un vacío supervisor. Asimismo, esta protección debe extenderse al canal prescriptor: es imperativo aportar seguridad jurídica a los establecimientos comerciales y concesionarios que actúan como intermediarios subsidiarios, evitando que meros facilitadores en el entorno de pago sean gravados con obligaciones desproporcionadas que solo entorpecerían la agilidad del consumo.

El riesgo de un régimen transitorio precipitado para la aplicación de los tipos de interés máximos

El éxito de la norma depende críticamente de su implantación. El actual Anteproyecto plantea una vacatio legis de apenas 20 días, un plazo materialmente inviable para que el sector adapte sus sistemas tecnológicos, procesos de información y flujos de contratación masiva. Una transición tan abrupta solo generaría inseguridad jurídica. Consideramos que, atendiendo a las implicaciones tecnológicas que supone este cambio estructural para el sector, se debería conceder un plazo mínimo de 12 meses para garantizar que las entidades están en disposición de cumplir los nuevos requerimientos que, en muchos casos, suponen una modificación relevante tanto a nivel estratégico como operativo.

Adicionalmente, defendemos que, mientras no se consolide el desarrollo reglamentario definitivo, debe seguir aplicándose la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo en lo que a tipos de interés se refiere. El margen de los seis puntos porcentuales sobre el tipo medio para determinar la usura ha dotado al sistema de una estabilidad que no debemos poner en riesgo con experimentos administrativos provisionales que incentiven un nuevo ciclo de litigiosidad.

Un aspecto irrenunciable es el respeto al principio de no retroactividad y del rigor técnico: a cada contrato solo se le puede exigir el cumplimiento de los requerimientos vigentes en su fecha de formalización. Pretender proyectar nuevas exigencias sobre carteras históricas vulnera la confianza legítima de las entidades y la seguridad del sistema, poniendo además en riesgo la inversión nueva de los operadores en el mercado.

Para dotar de certidumbre a este proceso, ASNEF propone la figura de la convalidación tácita. Si una entidad comunica cambios para adaptar un contrato preexistente a la nueva ley y el cliente no se opone en el plazo legal, el contrato debe entenderse sanado y acorde a la normativa.

Finalmente, el crédito al consumo no es un bloque homogéneo, desde ASNEF proponemos la categorización frente a la generalización. No responde a la misma estructura el crédito para un vehículo, una tarjeta o un préstamo personal. Por eso, es imprescindible abandonar los tipos medios únicos y apostar por una categorización granular. Solo identificando el destino y la naturaleza de cada producto podremos construir umbrales objetivos que reflejen el coste real del riesgo y no terminen por expulsar del mercado oficial a colectivos que necesitan soluciones financieras específicas.

Considerando la fase legislativa en la que se encuentra el texto, aún estamos a tiempo de alcanzar una norma técnica que aúne protección al consumidor con competitividad. Solo desde el rigor y la escucha a la realidad operativa del sector avanzaremos hacia un mercado financiero más inclusivo, transparente y, que garantice la seguridad jurídica de todos los intervinientes.