Golpe del Congreso a LaLiga: se acabaron los bloqueos a las IPTV piratas para ver fútbol tal y como eran hasta ahora

Desde hace más de un año LaLiga ha llevado a cabo una caza a enlaces, plataformas e IPTV piratas que emiten los partidos de fútbol de manera ilegal, pero al mismo tiempo que bloquean estas webs se han llevado por delante otras páginas totalmente legítimas y que nada tienen que ver con el fútbol.

Esto se debe a que varios sitios web comparten una misma dirección IP al tener sus servidores en plataformas de la nube como Cloudflare, un servicio legal, pero que tanto apps piratas como legítimas usan. Esto ha provocado que en este tiempo que llevan ocurriendo los bloqueos, hayan estado pagando justos por pecadores y ha pesar de las constantes denuncias de los usuarios e incluso las alertas por expertos de Bruselas, hasta ahora no se había hecho nada.

Pero según una iniciativa presentada por ERC pactada con el PSOE, y respaldada después por Sumar, Bildu, PNV y Compromís, a la que ha tenido Demócrata, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital ha aprobado una medida para reformar vía enmienda a Ley de Servicios Digitales y acabar con la impunidad de los bloqueos de LaLiga.

El acuerdo pretende aplicar la proporcionalidad tecnológica para evitar «afectaciones indebidas a servicios legítimos». En un principio esto ya era una realidad, ya que la ley amparaba los bloqueos de LaLiga «siempre y cuando no afectaran a terceros», pero en la realidad el organismo liderado por Javier Tebas no ha sido limitado en ningún momento a pesar de incumplir esta premisa.

Desde ERC pusieron el ejemplo de que la plataforma Transporta’m, un servicio sobre el estado de las infraestructuras de transporte en Cataluña. «Cada vez que hay un partido de fútbol, miles de ciudadanos se quedan sin este servicio«, señaló la diputada.

«Intereses privados están condicionando el funcionamiento de Internet con consecuencias directas sobre la ciudadanía, se necesitan reglas claras» concluyó una portavoz del partido.

Por ahora se trata de una iniciativa que tiene que ser aprobada y aunque el PP votó en contra, admiten que hay que buscar una solución que sea más proporcional y justa que cumpla con el objetivo final de evitar «afectaciones indebidas a servicios legítimos».