¿Qué hay detrás del aumento de la ola de violencia contra ingenios azucareros al suroccidente del país? En el último año, 1.041 hechos de inseguridad
En la última semana, el suroccidente colombiano se ha convertido en toda una bomba de tiempo por la escalada terrorista que disidentes de las Farc reactivaron desde el pasado 24 de abril con ataques a dos batallones en Cali y Palmira, en el Valle, trasladando esa ofensiva, que iba en un comienzo hacia el Ejército, contra la población civil en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, llegando a ser una de las mayores masacres en el país por 21 civiles asesinados.
Ataque armado en zona rural de Corinto, Cauca. Foto:De video
Esta ofensiva continuó contra comerciantes y sectores de la agroindustria de la caña de azúcar, tanto en el Valle como en el Cauca, con muertes y vehículos incinerados.
Esa alteración del orden público se mantiene en especial, en el norte caucano, a lo largo de ocho municipios del norte de este departamento. Los más recientes ataques durante esta álgida semana en el suroccidente nacional se vivieron en los municipios de Corinto y Caloto, en ese norte caucano donde, al parecer, ese 29 de abril, disidentes de ‘Iván Mordisco’ atacaron en el ingenio La Castilla, dejando el saldo de un trabajador muerto encargado de la seguridad del mismo ingenio, además de otro herido y tres más secuestrados.
Ataque en Caloto, Cauca. Grupo armado quemó una cosechadora de caña de azúcar. Foto:De video
De acuerdo con la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), por la presión del Ejército al grupo armado, los tres secuestrados fueron liberados y fueron ubicados mediante drones para rescatarlos.
Este atentado y los secuestros ocurrieron en zona de La Paila, en Corinto, donde el supervisor Juan Carlos Ceballos fue dejado sin vida en el lugar, a unos metros del vehículo que fue incinerado y en el que se movilizaba con los demás empleados del ingenio. La víctima tenía 47 años de edad.
Presidenta de Asocaña, Claudia Calero. Foto:
En menos de 12 horas desde el ataque en Corinto, en Caloto fue incinerada una máquina cosechadora de caña, donde por fortuna no hubo pérdidas que lamentar. Pero la quema de estos vehículos sucedió un día después de que un camión fue incinerado en la vía Panamericana, en zona del municipio de Santander de Quilichao, en el norte caucano.
Mensaje de rechazo al nuevo hecho de violencia. Foto:Asocaña
No es la primera vez que hay ataques contra personal dedicado a trabajar en los ingenios azucareros de Valle y Cauca. En ocho de los municipios del norte del Cauca, región colindante con el sur vallecaucano, se ha reportado más de mil casos de violencia en el último año, con hurtos, extorsiones, disparos y asesinatos contra los trabajadores de la caña del suroccidente de Colombia.
De acuerdo con fuentes de inteligencia en la Policía y en el Ejército, detrás de algunos de los ataques están los disidentes de las Farc que sostienen alianzas bandas delincuenciales y que se encuentran en corredores de trochas de los ocho municipios del norte de Cauca en límites con el Valle. Entre los disidentes hay miembros del frente ‘Dagoberto Ramos’, de la zona de los ingenios caucanos, así como del frente ‘Jaime Martínez’, que también se encuentra en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca.
Caña de azúcar en Cauca. Foto:Valentina Robles. El Tiempo
EL TIEMPO también pudo determinar que en los atentados contra trabajadores durante sus jornadas laborales y contra aquellos dentro de las disputas por tierras hay disidentes que agitan el orden público en haciendas que eran de vocación cañicultora, ocupadas desde hace cuatro años, como Ucrania, en el municipio de Padilla, del Cauca.
El año pasado, seis trabajadores del sector agroindustrial de la caña fueron asesinados, inclusive en ataques en 48 horas.
Llamado de los gremios
Además de Asocaña, otros gremios, como Procaña, ProPacífico, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev), el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, así como las sociedades de Agricultores y Ganaderos (SAG) de ambos departamentos; la Andi de Cauca, Valle y Nariño, y la Unidad de Acción Vallecaucana volvieron a unirse en un rechazo unánime, reiterando los llamados a las autoridades, pero en especial, al gobierno del presidente Gustavo Petro, realizados también en 2025, así como el anterior y en 2022 y 2023 por la violencia contra estos trabajadores.
Es un llamado que también parte de una mesa de diálogo, donde además de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que ocupan predios de ingenios o de cañicultores particulares, tienen asiento el Gobierno Nacional y gremios, como Asocaña.
Inclusive, hace cuatro años hubo pacto de no violencia que se había adelantado en la misma mesa de negociación para hallar una solución a la ocupación de tierras.
«La vida de quienes día a día habitan, trabajan y defienden el campo, así como la de los líderes sociales que lo protegen y representan, debe ser respetada y protegida. Como sociedad civil y sector productivo hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública, a la justicia y a las autoridades regionales a dar respuestas inmediatas, contundentes y efectivas que garanticen la seguridad en el campo de nuestros departamentos y promuevan el bienestar de sus comunidades», fue el llamado de los gremios.
«Es un mensaje de una región productiva, de una región capaz y absolutamente resiliente. Por eso, pedimos desde la región un plan maestro de seguridad que integre todos los esfuerzos desde el punto de vista presupuestarios y de recursos, que permita poner al día y con las capacidades al máximo a nuestra Fuerza Pública, que bien hace su labor y necesita más apoyo», dijo el director ejecutivo del Ciev, Juan Manuel Sanclemente.
‘Estamos hartos de esta violencia que cada vez escala más’: presidenta de Asocaña
La presidenta de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), Claudia Calero, hizo un enérgico llamado al Gobierno Nacional por los recientes ataques armados que dejan a un trabajador asesinado, otro herido y tres más que estuvieron secuestrados y luego liberados por la presión del Ejército hasta que los rescató de la zona.
Claudia Calero, presidenta de Asocaña. Foto:Asocaña
No es la primera vez que el gremio eleva el clamor de mayores medidas de seguridad, pero la directiva indicó que, tras los últimos ataques armados en los municipios de Corinto y Caloto, en el norte del departamento del Cauca, la alerta no puede quedar bajo la indiferencia. Enfatizó que la situación amerita mayor atención e instó a la sociedad civil a unirse por los trabajadores rurales que con la agricultura hacen posible la existencia de la despensa para el país.
¿Cómo la situación de orden público está afectando al sector agroindustrial de la caña y a toda la economía en el suroccidente colombiano?
El campo colombiano y el suroccidente están atravesando por una situación de violencia bastante difícil. Solo durante el 2025 pudimos recoger datos de 1.041 eventos de inseguridad que en una gran mayoría afectan a nuestra población trabajadora. Estamos en 51 municipios del valle geográfico del río Cauca (Valle, Cauca, Risaralda y Caldas). El impacto tiene que ver con la interrupción de los alimentos, aquí se interrumpen las cadenas de producción, pero sobre todo, se afecta y interrumpe la vida de trabajadores que hacen parte de comunidades.
¿Frente al número de asesinatos, cuántos casos tiene Asocaña registrados?
El año pasado tuvimos seis trabajadores asesinados y más de 10 heridos en todos estos eventos, robos, hurtos, asesinatos y otros hechos de violencia. El año con más trabajadores asesinados que hemos tenido es el 2025 y le sigue el 2023, con otros cinco colaboradores asesinados. Estos hechos de inseguridad se presentaron en el 73 por ciento de los municipios donde operamos, es decir, en 37 de 51 municipios. La mayoría de los hechos de inseguridad fueron hurtos, con 725 casos. No solo rechazamos esos casos, sino los de los trabajadores asesinados, actos de terrorismo, ataques armados, secuestros y extorsiones.
Asocaña ha insistido al presidente Gustavo sobre la seguridad por los múltiples muertos y estos eventos. ¿Qué acciones ha tomado el Gobierno?
Es necesario generar condiciones de seguridad, pero estas condiciones tienen que llevar, sin duda, condiciones de justicia, porque si no hay justicia, hay impunidad y la impunidad trae más violencia. Estamos esperando resultados. Sin duda, las comunidades, los trabajadores esperan mejores condiciones de seguridad para el campo colombiano que es un activo estratégico de la Nación, como son los oleoductos, como son las estaciones de energía. El campo colombiano, si se resiente, se resiente no solamente la localidad, sino que se resiente toda una región. Es necesario tener en cuenta que en el campo colombiano se genera el 14 por ciento del empleo. Es necesario generar condiciones para que la gente se levante a trabajar y vuelva a sus casas.
¿Cómo va el tema de la invasión de tierras que se agravó a comienzos del mandato del presidente Petro?
Es importante señalar que, luego de la creación de una mesa de diálogo en el año 2023, esa situación se contuvo. Pero aquí lo que está sucediendo de manera recurrente son las condiciones de inseguridad que definitivamente hasta ahora no tienen solución. Ahora se presentaron más ataques de criminales armados. Fue así que una patrulla de seguridad que ofrece servicios de seguridad a un ingenio azucarero asesinó a un trabajador de la seguridad, el otro trabajador está herido, dos trabajadores fueron retenidos y horas después fueron devueltos a la libertad. Eso fue un secuestro.
Ante estos nuevos hechos, ¿qué acciones tomará Asocaña y cuál es el nuevo llamado al Estado?
Esto, sin duda, lo que nos llama es a que Colombia no puede acostumbrarse a estos actos criminales y de violencia. Estamos hartos de esta violencia que cada vez escala más. Aquí se pone en jaque a la comunidad, a los trabajadores, al sector productivo. Esto es un SOS. Colombia no puede darles vía libre a los criminales y esta región lo está sintiendo, este sector lo está sintiendo, así que este es un llamado a toda la sociedad civil para que nos unamos en rechazo a estos actos criminales violentos y despiadados.
¿Qué dicen los trabajadores de la caña?
La gente tiene miedo, la gente tiene zozobra, zozobra de movilizarse, zozobra de trabajar, zozobra porque necesitan tener garantías para vivir.
¿Qué responden las autoridades y la Fuerza Pública?
Por supuesto, las Fuerzas Armadas han estado en el marco del consejo gremial nacional dándonos palabras de aliento y su compromiso total de defender a la sociedad. Hoy estamos discutiendo las acciones que desde la sociedad civil y el sector privado podemos hacer desde el marco de la Constitución y estamos articulados, hasta donde podemos llegar y hasta donde podemos cooperar. Esto sin duda pone al sector de la caña en una condición muy difícil, en una condición que todos los ciudadanos colombianos tenemos que arropar, tenemos que ser empáticos. Los trabajadores rurales llevan los alimentos a la mesa y están en una compleja situación. En este caso, en el suroccidente no tienen las condiciones de vida.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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