OVP denuncia muerte de dos reclusos bajo custodia estatal en mayo
El Observatorio Venezolano de Prisiones alertó sobre la
de dos internos en Lara y Guárico por falta de atención médica y condiciones inhumanas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció recientemente el fallecimiento de dos ciudadanos que estaban bajo la responsabilidad directa del Estado.
Estas muertes ocurrieron durante los primeros días de mayo en centros de reclusión ubicados en Lara y Guárico. José Espinales, de apenas 23 años, perdió la vida en la Comunidad Penitenciaria Fénix tras padecer una grave afección respiratoria.
Por otro lado, Francisco Segundo Ojeda murió en el Internado Judicial 26 de Julio debido a la ausencia de cuidados sanitarios oportunos. Ambos casos reflejan la profunda crisis humanitaria que azota actualmente al sistema penitenciario de la nación caribeña.
El joven Espinales pasó sus últimos cinco meses de vida esposado a una cama de hospital. Sus familiares debieron costear todos los insumos médicos ante la total desidia de las autoridades competentes.
Esta situación evidencia una vulneración sistemática de los derechos fundamentales y el abandono absoluto de la población reclusa por parte del régimen.
El impacto de la crisis carcelaria en la vida de los reclusos
La organización advirtió que estos decesos por causas médicas no representan eventos aislados dentro de los recintos de detención nacional.
Al contrario, estas muertes forman parte de una práctica sostenida y documentada en diversos centros penitenciarios de todo el territorio.
El OVP señaló que el traslado de internos a zonas lejanas fractura los vínculos familiares y complica el acceso a recursos básicos.
Los allegados de las víctimas deben enfrentar gastos exorbitantes para intentar salvar las vidas de sus seres queridos en cautiverio. Esta falta de atención adecuada vulnera directamente el artículo 272 de la Constitución Nacional venezolana.
Dicha norma obliga al Estado a garantizar condiciones de reclusión dignas para todos los privados de libertad.
La ONG exige justicia inmediata y reformas profundas para detener esta ola de fallecimientos evitables en las cárceles. Es urgente que las autoridades asuman su responsabilidad legal frente a la integridad física de quienes permanecen bajo su estricta custodia.
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