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El abogado y defensor de derechos civiles, Rafael Narváez, exigió que la cadena de mando —integrada por el Ministro de Relaciones Interiores, el Fiscal General, la Defensora del Pueblo y el Ministro de Asuntos Penitenciarios, junto al CICPC y la DGCIM— rinda cuentas ante la justicia por la muerte de Víctor Hugo Quero, su entierro clandestino y el ocultamiento de información a su madre, la señora Carmen Navas.
Narváez instó al Ministerio Público y al TSJ a desprenderse de la “disciplina partidista” y retomar sus competencias constitucionales para procesar penalmente a los responsables.
El exparlamentario calificó de “crimen imborrable” el calvario de Navas, quien buscó a su hijo desde su detención en 2025, recibiendo negativas sistemáticas hasta que el Estado notificó el deceso y la sepultura ilegal.
Finalmente, el penalista denunció irregularidades en la exhumación, señalando que se violaron los protocolos forenses al impedir la participación de anatomopatólogos de alto nivel y técnicos privados. “Ningún gobierno se investiga a sí mismo cuando los encargados de la pesquisa son los mismos responsables de los hechos”, sentenció.
