Restituyen tierras a lideresa social luego de 30 años de violencia y desplazamientos: la historia de resiliencia de la familia Sanabria
Durante más de tres décadas, la lideresa social y política María Ruth Sanabria Rueda cargó con las secuelas de la violencia en Colombia. Amenazas, atentados, desplazamientos y la pérdida de su tierra marcaron la vida de esta mujer, cuya historia acaba de ser reconocida por la justicia mediante la materialización de una sentencia de restitución de tierras y reparación integral.
El Tribunal Superior de Cúcuta reconoció a María Ruth y a su núcleo familiar como víctimas de despojo y desplazamiento forzado, en 2020, ordenando la restitución por equivalencia de los bienes que le despojaron tras huir de San Alberto, Cesar. Allí, desarrolló gran parte de su liderazgo político y comunitario, bajo las banderas de la Unión Patriótica (UP). En los últimos días, le fue entregada una finca en Tocaima (Cundinamarca) como mecanismo de reparación.
La historia de persecución contra María Ruth comenzó en la década de los 80, cuando se estableció junto a su familia en San Alberto. Allí se desempeñó como administradora de la plaza de mercado, activista social e integrante de la Unión Patriótica, actividades que terminaron convirtiéndola en objetivo de amenazas y ataques.
Solicitante de restitución de tierras. Foto:Unidad de Restitución
Entre 1987 y 1988 sufrió intimidaciones constantes que terminaron escalando hasta un intento de homicidio. La lideresa recibió siete disparos en la puerta de su vivienda y, aunque denunció lo ocurrido, el riesgo en su contra aumentó. Tiempo después, hombres armados integrantes de las autodefensas de alias ‘Jorge 40’ intentaron obligarla a subir a un vehículo, hecho que desencadenó su desplazamiento.
La violencia también alcanzó a su familia
La tragedia volvió a golpear esta familia en 1990, cuando su esposo, Pedro Pablo Echeverri, murió tras una agresión en la que, según denunció, habría participado un integrante del Ejército. Luego de exigir justicia por lo ocurrido, María Ruth aseguró haber recibido nuevas amenazas de muerte para obligarla a guardar silencio.
“En 1994 recibió un ultimátum: tenía 24 horas para abandonar el municipio o atenerse a las consecuencias”, se lee en la sentencia de restitución. Por ello, corrió a vender a precio de huevo sus propiedades, lo cual es también considerado un mecanismo de desplazamiento para la justicia.
“Resultaría totalmente descabellado pues sería obligar a una víctima a que, tras de ser amenazada para salir de la región, pierda sus propiedades en lugar de pretender venderlas, lo que en realidad comportaría no solo en un contrasentido sino en una revictimización”, se lee en la sentencia.
Familia de María Ruth Sanabria. Foto:URT
Junto a sus hijos inició, entonces, un recorrido marcado por el miedo y el desarraigo. Bucaramanga, Bogotá y Arauca se convirtieron en refugios temporales donde continuó enfrentando persecuciones, interceptaciones y nuevos episodios de violencia. Incluso, durante años evitó visitar a su propia madre para no ponerla en peligro.
Pese a ello, continuó vinculada a procesos de liderazgo social y defensa de derechos humanos. En Arauca logró consolidar su trabajo comunitario y llegó a desempeñarse como concejala entre 2008 y 2011, manteniendo su activismo pese a los riesgos que enfrentaba.
Un proyecto de cacao hará parte de su reparación integral
La sentencia judicial ordenó la entrega de un predio en Tocaima, Cundinamarca, además de un proyecto productivo de cacao como medida para garantizar su sostenibilidad económica y reconstrucción personal tras décadas de violencia.
“La restitución debe traducirse en oportunidades reales. Por eso, el proyecto productivo de cacao que hoy acompaña esta decisión es clave: no solo le permitirá generar ingresos, sino volver a la tierra desde la esperanza, desde la autonomía y desde la posibilidad de un futuro sostenible”, afirmó Martha Liliana Arévalo, directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Bogotá.
El fallo negó además las pretensiones de terceros que buscaban quedarse con los bienes reclamados y descartó compensaciones a su favor, reafirmando la legitimidad de la reclamación presentada por la lideresa social. Con ello, el caso se convirtió en un nuevo símbolo de reparación para víctimas de persecución política, en concreto de la UP, y violencia armada en Colombia.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com
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