Sheinbaum revierte la reforma judicial de López Obrador tras su fracaso para reducir la impunidad

El año pasado se hizo el primer ejercicio de votación de magistrados: acudió menos del 15% del padrón y lograron cargos abogados con trayectorias complejas, como haber estado imputados por delitos o no haber tenido los mínimos requerimientos curriculares.

La decisión, que debe ser sometida al Congreso, llega además en un momento en el cual la Justicia mexicana es el epicentro de casos polémicos, sobre todo en el ámbito empresarial. España es el segundo mayor inversor internacional en México, después de EE.UU.

El pasado mes de marzo trascendió el caso de John Urich, uno de los accionistas de la empresa mexicana Baco, fabricante líder de artículos escolares. Urich llevaba 8 meses en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, luego de que su hermano Edgar, CEO de la empresa, presionara a un juez para encarcelarlo por desacuerdos empresariales.

John Urich, nacido en México, pero también con nacionalidad estadounidense, escribió una carta al presidente Donald Trump explicando los motivos de su encarcelamiento. Por su parte, Sheinbaum demandó explicaciones en su conferencia matutina y a los pocos días Urich fue liberado. En tanto, el titular del Poder Judicial de la capital, Rafael Guerra, quedó en el centro de todas las sospechas.

Encarcelamientos y extorsiones

El otro caso fue el de la Cooperativa Cruz Azul, una de las cementeras más grandes del país, que además ostenta la propiedad de un equipo de fútbol profesional muy popular en el país. La empresa viene de un largo proceso de disputa de poder y acusaciones de malos manejos. El escándalo involucra al entorno del expresidente López Obrador y en la prensa mexicana se ha especulado con que exfuncionarios de su gobierno han encarcelado a directivos de la cementera con la finalidad de adueñarse de la misma a través de supuestas extorsiones.

Durante el sexenio de López Obrador fue encarcelado el titular de la compañía, Billy Álvarez, acusado por supuesto lavado de activos y delincuencia organizada.

Los casos de Baco y Cruz Azul han ganado espacio en la opinión pública porque exponen que la Justicia en México es frágil y que la reforma judicial, no aporta el andamiaje necesario para que el Gobierno pueda generar confianza a empresarios e inversores. Lejos de dar mayor certidumbre, la reforma avalada por el expresidente no parece haber cambiado en nada la percepción de impunidad y tampoco ha reforzado los controles sobre los jueces, como proponía en su letra original.

Inestabilidad institucional

El diagnóstico aparece en los informes de diversas entidades financieras, como es el caso de la calificadora Standard & Poor’s, donde esta semana señaló una parálisis de inversión nacional y extranjera en México como consecuencia de la inestabilidad institucional. La economía retrocedió en México un 0.8% el primer trimestre de 2026.

Al frente económico se suma el internacional, porque la Justicia mexicana está bajo presión de EE.UU por las acusaciones de fiscales de Nueva York contra políticos allegados al oficialismo que están sospechados de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. La Justicia estadounidense quiere llamar a rendir cuentas a diversos políticos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien debió separarse del cargo por las acusaciones esgrimidas en Manhattan. La decisión sobre su extradición corresponde a un juez mexicano.