El alquiler turístico andaluz cifra en seis millones el coste del registro estatal anulado por el Supremo

Andalucía se ha consolidado durante los últimos años como el gran epicentro europeo del alquiler turístico. La comunidad lidera actualmente el número de viviendas turísticas registradas dentro de la Unión Europea y concentra una parte muy relevante de la actividad vinculada a este modelo alojativo, especialmente en destinos como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada. El crecimiento del turismo internacional, la expansión del alojamiento vacacional y el auge del teletrabajo y las estancias de larga duración han impulsado un fenómeno que se ha convertido en uno de los grandes motores económicos de la comunidad, pero también en uno de los principales focos de debate político y regulatorio.

En este contexto, la anulación por parte del Tribunal Supremo del registro único estatal de alquiler turístico ha abierto un nuevo escenario de incertidumbre para el sector. La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avvapro) ha cifrado en cerca de seis millones de euros el coste directo asumido por propietarios y gestores andaluces para adaptarse a un procedimiento que finalmente ha quedado sin efecto tras la resolución judicial.

Según los datos trasladados por la patronal, un total de 71.852 viviendas turísticas andaluzas iniciaron o completaron el proceso de adaptación al sistema estatal. El procedimiento implicaba nuevos trámites administrativos, gastos de gestoría, obtención de notas simples registrales y distintos costes asociados a la documentación exigida para acceder al registro.

La organización calcula que aproximadamente el 65% del parque de viviendas turísticas andaluzas llegó a incorporarse al sistema estatal antes de su anulación, lo que, a juicio del sector, supone que cerca de dos terceras partes de toda la oferta legal de la comunidad realizaron inversiones económicas y administrativas finalmente inútiles.

Impacto económico y malestar

Pero más allá del impacto económico directo, el principal malestar del sector se concentra en el número de alojamientos que quedaron excluidos del sistema pese a cumplir con la normativa autonómica vigente. Avvapro asegura que 21.856 viviendas turísticas legales, inscritas correctamente en el registro andaluz y ajustadas a la regulación vigente, no lograron completar con éxito el procedimiento estatal y quedaron bloqueadas o rechazadas.

La asociación sostiene que esta situación generó un importante escenario de inseguridad jurídica para miles de pequeños propietarios y operadores turísticos que vieron comprometida su capacidad para comercializar sus alojamientos en determinadas plataformas o mercados. Según sus cálculos, uno de cada cuatro alojamientos legales que intentó acceder al registro estatal acabó viéndose perjudicado por el procedimiento.

La mayor concentración de Europa

El conflicto se produce además en un momento especialmente sensible para el sector turístico y residencial andaluz. Andalucía cuenta actualmente con una de las mayores concentraciones de viviendas turísticas de toda Europa, con especial intensidad en la Costa del Sol, Sevilla y otros grandes destinos urbanos y vacacionales. La expansión del alojamiento turístico ha generado durante los últimos años un intenso debate sobre el acceso a la vivienda, la presión sobre los precios del alquiler y la convivencia vecinal, impulsando distintas iniciativas regulatorias tanto desde el Gobierno central como desde ayuntamientos y comunidades autónomas.

Sin embargo, desde el sector insisten en que la inmensa mayoría de las viviendas afectadas por este proceso son alojamientos completamente legales y sometidos ya a controles autonómicos. La patronal andaluza considera que el intento de implantar un registro estatal adicional generó duplicidades administrativas y aumentó la complejidad burocrática sin aportar mayor seguridad jurídica ni mejoras operativas reales.

Además del impacto económico inmediato derivado de tasas y trámites, Avvapro advierte también de consecuencias indirectas más difíciles de cuantificar relacionadas con pérdida de reservas, inseguridad empresarial y posibles efectos sobre el empleo vinculado a la actividad turística. Aunque la organización no ha concretado una cifra económica global de ese impacto indirecto, sí alerta de que miles de pequeños propietarios y empresas auxiliares vinculadas al alquiler vacacional se vieron afectados durante meses por la incertidumbre generada alrededor del registro.

El debate sobre la regulación del alquiler turístico continuará previsiblemente marcando parte de la agenda política y económica andaluza durante los próximos años. Mientras administraciones y ayuntamientos intentan buscar fórmulas para equilibrar el crecimiento turístico con el acceso a la vivienda, el sector reclama ahora mayor coordinación normativa, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en uno de los segmentos más relevantes de la economía turística andaluza.