Familiares exigen libertad por caso PDVSA Obrero
Un grupo de familiares protestó este miércoles frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir la intervención del fiscal general, Larry Devoe. Los manifestantes demandan la libertad plena de 78 personas detenidas entre 2024 y 2025, a quienes las autoridades vinculan con un presunto caso de contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Denuncian detenciones aleatorias y problemas de salud
El proceso judicial, denominado por los afectados como “PDVSA-Obrero”, involucra tanto a ciudadanos ajenos a la corporación como a obreros de bajo rango. Lustay Franco, colaboradora del grupo de familiares, aclaró a los medios que la cifra real de aprehendidos por esta causa fue de 150 personas, corrigiendo reportes preliminares que estimaban 170 arrestos.
Franco explicó que los tribunales otorgaron medidas especiales de liberación en una primera instancia a 51 ciudadanos, y posteriormente excarcelaron a otros 19 compañeros. La vocera cuestionó los criterios de selección para otorgar estos beneficios procesales al calificarlos como aleatorios, por lo que exigió la extensión de la medida para los 78 trabajadores que aún continúan en prisión.
La portavoz del grupo alertó sobre las precarias condiciones de reclusión y el deterioro físico de los encarcelados. Los familiares reportaron casos de internos con patologías crónicas graves como hipertensión, diabetes, afecciones cardíacas, cáncer y complicaciones renales. Asimismo, Franco puntualizó que el grupo restante de prisioneros incluye todavía a seis mujeres detenidas.
Durante la manifestación en el centro de Caracas, los ciudadanos portaban flores blancas de cartulina con los nombres de los encarcelados mientras exigían “juicio y libertad”. Los defensores sostienen la inocencia de los trabajadores y denuncian la falta de pruebas contundentes en los expedientes presentados por los cuerpos policiales.
El origen de las detenciones petroleras
Los arrestos comenzaron en octubre de 2024 en la Refinería de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, luego de una investigación interna iniciada en junio de ese año. Posteriormente, las comisiones policiales extendieron los operativos a los complejos refinadores de los estados Carabobo, Falcón y Zulia, además de oficinas administrativas ubicadas en Caracas y La Guaira.
El Ministerio Público imputa a los investigados los delitos de asociación para delinquir, legitimación de capitales, contrabando agravado y tráfico de materiales estratégicos. Los familiares rechazan estas acusaciones y mantienen las jornadas de protesta de forma pacífica en las sedes judiciales para visibilizar el estatus legal de los trabajadores de la industria.
Fuentes: Agencia EFE / Testimonios de familiares en el Ministerio Público
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