Centros de deportación, más de 2 años de detención, sanciones…: las claves del acuerdo que endurece aún más la política migratoria de la UE | elperiodico.com
El Consejo de la Unión Europea, que representa a los 27 gobiernos del bloque, y el Parlamento Europeo llegaron el pasado lunes a un acuerdo sobre la nueva regulación europea de retornos que permitirá crear centros en terceros países para deportar a personas migrantes que hayan recibido una orden de expulsión, y permitirá detenerlas durante más de dos años.
La UE ha dado esta semana un paso más en el endurecimiento de sus políticas migratorias. A pesar de que las llegadas irregulares siguen bajando, un 26% en 2025 según datos de la Comisión Europea, y aumentan las deportaciones, un 28% el pasado año, el porcentaje más alto de la última década, el objetivo del bloque sigue siendo hacer cada vez más difícil a las personas migrantes llegar y, sobre todo, quedarse en territorio europeo, y acelerar las expulsiones.
Ese es el fin de la nueva ley de retornos que el Consejo y el Parlamento han sellado este lunes. Entre las cuestiones que esta negociación tenía que resolver estaban el reconocimiento de las órdenes de expulsión en toda la UE, para que todos los países sean responsables de ejecutarlas aunque no las hayan emitido. También cuál sería la fecha de entrada en vigor de la legislación, que los gobiernos querían retrasar dos años.
Con el objetivo de acelerar las expulsiones, cuando las autoridades decidan que una persona no tiene derecho a residir en territorio europeo, esa decisión vendrá acompañada de una orden de abandonar el territorio de manera inmediata o en un espacio de tiempo definido. Si no quieren enfrentarse a sanciones, deberán cooperar.
Cuando los países consideren que no lo están haciendo, hay riesgo de fuga o suponen «un riesgo para la seguridad», la nueva legislación contempla periodos de detención de hasta dos años y medio. Esa orden de detención podrá ser emitida tanto por una autoridad administrativa como judicial. La ley plantea en cualquier caso alternativas a la detención como vigilancia electrónica o una suerte de fianza.
Originalmente, la propuesta de la Comisión excluía de esta posibilidad a menores no acompañados o a familias. Sin embargo, el acuerdo entre la Eurocámara y los gobiernos endurece aún más las normas y abre la puerta a que también ellos puedan ser detenidos «como último recurso» y «durante el periodo más breve posible».
El objetivo de la ley es, por encima de todo, acelerar las deportaciones. Para lograrlo, Bruselas abrió la puerta a la creación de centros de deportación para personas en situación irregular que hayan recibido una orden de expulsión en terceros países. Este lunes, los gobiernos y la Eurocámara han pactado hacerlo posible.
En la práctica, dependerá de los gobiernos. La ley simplemente ofrece la base legal para que los países que lo consideren puedan enviar a un tercer país a las personas que se encuentren ilegalmente en la UE y hayan recibido una orden definitiva de expulsión, sobre la base de un acuerdo o convenio celebrado bien bilateralmente o bien a nivel del bloque, del que deberán informar al resto de países y al Ejecutivo.
Esos acuerdos solo podrán celebrarse «con terceros países que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución». Algunos países como Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia trabajan ya para crear este tipo de centros. El pasado mes de marzo, los ministros de Interior de estos cinco países se reunieron para explorar vías. En esa reunión participó también el propio comisario de migración, Magnus Brunner.
El Ejecutivo comunitario optó por una regulación frente a una directiva, lo que implica que las normas serán exactamente las mismas en los 27 países de la UE. Y esas normas serán más duras para quienes se nieguen a aceptar la orden de expulsión, como denegándoles subsidios o incentivos para el retorno voluntario, o imponiéndoles la prohibición temporal o incluso permanente en caso de que supongan un riesgo de volver a entrar en territorio comunitario.
Además, para mejorar la coordinación entre países, las «órdenes europeas de retorno» serán accesibles para las autoridades de los Veintisiete a través de un sistema de información, en todo el espacio Schengen, que permite la libertad de movimiento entre la mayoría de países de la UE. Las autoridades podrán decidir en ese caso si emiten una nueva o reconocen la original, algo que podría acabar siendo obligatorio en el futuro.
Otra de las cuestiones que esta negociación debía determinar era la entrada en vigor de la ley, que algunos gobiernos querían retrasar hasta dos años. Finalmente, buena parte de las medidas entrarán en vigor de forma inmediata en cuanto el Consejo y el Parlamento aprueben el texto final, como la creación de centros de retorno, mientras que aquellas que requieran una preparación previa lo harán 12 meses después de su publicación.
El acuerdo ha sido posible en gran medida debido al giro a la derecha en la política nacional y europea. La posición tanto de la Eurocámara, que pactaron los partidos de extrema derecha, conservadores y populares europeos, como del Consejo, es mucho más dura que la propuesta original de la Comisión. Mientras, los grupos socialista, de los Verdes y la Izquierda trataron de frenar sin éxito el proceso legislativo.
El texto final es el resultado de una negociación que se ha alargado durante casi un año. Ahora, tanto los gobiernos europeos como el propio Parlamento deberán aprobarla formalmente para que pueda entrar en vigor. Lo hará previsiblemente casi en paralelo con el Pacto Migratorio que está en marcha desde este mes de junio.
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