La deuda laboral del Estado venezolano

Se avizoran tiempos electorales en estos lares ante la justificada exigencia de la sociedad civil de reinstitucionalizar el país, surgida como resultado de la debacle del régimen chavista gobernante durante 27 años, cuyo efecto lo resiente cada milímetro del tejido social nacional que insiste en la aspiración a una vida decente en la tierra que los vio nacer.

Al momento de hacer el balance del desastre general, diferentes análisis se entrecruzan: los voceros partidistas destacan el estado deplorable de las instituciones políticas y la pérdida de autonomía de los poderes públicos; los economistas hablan de los fríos números de la caída en barrena del 75 % del PIB; los sociólogos registran los números alarmantes de la pobreza general de un país extendida al 80 % de la población.

Paralelamente, detrás de todos estos análisis, pocos han reconocido la importancia merecida de los movimientos sociales surgidos para impedir este apocalipsis vivido en nuestro país, ni los sacrificios de millones de seres humanos enfrentando a un régimen sin valores ni talante democrático, que no vaciló en aplastarlos y reducirlos a la mínima condición humana.

El rostro humano de la catástrofe

Cuando hablamos de la catástrofe nacional nos referimos, en primer lugar, a los sectores laborales del país: a los más de 5 millones de pensionados y jubilados, a los centenares de miles de empleados públicos de la salud, la educación, el transporte y las universidades autónomas; en fin, a toda una población activa y pasiva de un país que sufrió las consecuencias de la ofensiva de un proyecto político devastador.

En esta oportunidad me referiré a los trabajadores de PDVSA participantes en el paro cívico nacional de 2002-2003 y a los trabajadores públicos despedidos en 2004 a raíz del referéndum revocatorio (RR). A ambos se les condenó a un apartheid a través de la lista de Tascón que, al calificarlos como «enemigos escuálidos», los excluyó del acceso al empleo y a los servicios públicos.

«Ni un paso atrás»: el paro petrolero de 2002-2003

En el caso de los trabajadores de PDVSA mencionados, fueron considerados al principio como héroes por haberse atrevido a conducir una huelga general contra un Estado todopoderoso, en plazas públicas y manifestaciones en el occidente, el oriente y el centro del país, bajo la consigna de «Ni un paso atrás», que significaba la postura de continuar hasta la caída del autoritario gobierno.

Lo particular de este conflicto fue estar dirigido por sectores gerenciales y apoyado por las federaciones Fedepetrol y Fetrahidrocarburos, así como por sindicatos de la base trabajadora, quienes no vacilaron en apoyar masivamente el conflicto hasta el final, en febrero de 2003. El atrevimiento derivó en el despido de aproximadamente 23 000 trabajadores de PDVSA y contratistas sin pago de prestaciones sociales, conjuntamente con el robo de lo acumulado en cajas de ahorro y fideicomisos laborales.

La OIT reconoció lo que el régimen negó

La legitimidad del conflicto fue reconocida por la OIT a través de uno de sus organismos: el Comité de Libertad Sindical reconoció la validez de la decisión de los trabajadores al calificarla, en 2005, como una huelga laboral en defensa del trabajo y de la meritocracia, y recomendó el reenganche y el pago inmediato de sus derechos laborales. Esta calificación internacional fue desacreditada por la administración del régimen, que a 23 años del desenlace de la huelga no ha reconocido ni un solo céntimo de una deuda multimillonaria en dólares para con estos trabajadores, hoy dispersos por todo el mundo.

El método nazi de la lista de Tascón

En el caso de los empleados públicos, la brutal ofensiva contra los petroleros se extendió a aproximadamente 10 000 trabajadores identificados como «escuálidos opositores» en el contexto del RR de agosto de 2004. Se los enumeró con el método nazi de asignarles una marca —«escuálido», «indiferente» o «prorrégimen»— en listados que cada ministerio e instituto autónomo debía presentar al Ejecutivo para proceder al despido sin pago de prestaciones sociales.

Las directrices gubernamentales desataron la barbarie de ejecutar miles de despidos en todo el sector público, lo que llevó a los sindicatos afiliados a Fedeunep a presentar las quejas respectivas ante la OIT y a registrar toda esta brutal ofensiva.

Una deuda constitucional que el nuevo Estado debe saldar

Hoy, en la perspectiva del fin de un régimen y el restablecimiento del Estado de derecho, la nueva administración que surja de elecciones debe reconocer plenamente los derechos de ambos sectores, por constituir una deuda que proviene de derechos consagrados en la propia Constitución y en las leyes laborales.

Presentar paliativos como excusas originadas en las arcas vacías dejadas por el autoritarismo chavomadurista no es la respuesta que merecen estos trabajadores: en primer lugar, los de PDVSA y contratistas participantes en el paro cívico de 2002-2003; y, en segundo lugar, los empleados públicos despedidos en 2004, como prueba del capítulo más bochornoso de la historia de las relaciones laborales, no solo en nuestro país sino en América Latina.

La respuesta de un nuevo Estado debe asumir el compromiso de comenzar por reconocer el esfuerzo y la valentía de miles de familias que con sangre, sudor y lágrimas no escatimaron su sacrificio para salvar el país y lograr el rescate de la Venezuela democrática a la que aspiramos hoy.