Sumar presenta una ley para regular las actividades económicas de los expresidentes

Sumar registró este miércoles una proposición de ley para regular las actividades económicas que pueden realizar los expresidentes del Gobierno en España y que llega poco después de la imputación del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.

Lo anunciaron en una inusual rueda de prensa convocada en el escritorio del Congreso de los Diputados el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Barbero; y el portavoz de Izquierda Unida y portavoz de Justicia e Interior de Sumar en la Cámara Baja, Enrique Santiago.

La ‘proposición de ley de regulación del estatuto de los expresidentes’ modificaría tres leyes, retiraría a los expresidentes del Gobierno la indemnización que reciben y su sueldo y cargo vitalicios en el Consejo de Estado si realizan actividades lucrativas privadas, y les impediría trabajar para sectores estratégicos privados relacionados con la administración en los 10 años siguientes a su desempeño.

Aplicaría a todos los expresidentes

Sólo se les permitiría realizar actividades académicas, divulgativas o culturales, y, según una disposición transitoria de la proposición, se aplicaría a todos los expresidentes que en el momento de entrada en vigor de la norma «se encuentren percibiendo pensiones indemnizatorias, utilicen medios públicos o formen parte del Consejo de Estado», por lo que se verían afectados Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, además de, por supuesto, Pedro Sánchez y sus sucesores.

La iniciativa modificaría la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 1980 y en particular su reforma de 2004 que asignó a los expresidentes del Gobierno puesto y sueldo vitalicios en él, el real decreto de 1992 que reguló el estatuto de los expresidentes y la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de 2015.

Sectores extratégicos

De esta última ley, a la que se refiere el artículo primero de la proposición, se elevaría de dos a diez años la limitación para prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones gubernamenteales o en sectores estratégicos, para evitar casos como el de Aznar, a quien contrató Endesa después de haberla privatizado, según explicó Santiago.

La ley del Consejo de Estado, a la que se dedica el artículo segundo, se modificaría para subrayar que ser consejero nato exija una dedicación exclusiva, de forma que un cargo público vitalicio no pueda compatibilizarse con un trabajo privado. En realidad, ni González, ni Aznar ni Zapatero ni Rajoy han hecho uso de su derecho a estar en el Consejo de Estado.

Según el texto de Sumar, «el ejercicio efectivo de esta condición será incompatible con el desempeño de cualquier actividad profesional o laboral de carácter privado, sea por cuenta propia o ajena, a salvo de actividades económícas, creativas o divulgativas», y estar en ese órgano «requerirá la declaracíón formal del interesado de no realizar actividades privadas lucrativos o retribuidas a salvo de las indícadas».

Realizar tales actividades supondría además la suspensión inmediata de los medios materiales y personales previstos en el estatuto de los expresidentes, con la excepción de los que se refieren a su seguridad, de acuerdo con la reforma prevista para el decreto de 1992 que estableció el estatuto de los expresidentes, al que se refiere el artículo tercero.

Este artículo estipula también que «la percepcíón de la pensión indemnízatoria» a la que tienen derecho los expresidentes «será incompatible con cualquíer retribución proveniente de activídades privadas, excepto actividades académicas, creativas o dívulgativas». Los cuatro expresidentes perciben esta pensión, que asciende a casi 80.000 euros anuales.

Normativa «insuficiente»

Barbero comenzó la rueda de prensa diciendo que Sumar comparte «la preocupación, el desconcierto y la tristeza del electorado progresista» por los casos de corrupción del PSOE, y marcó como «la auténtica prioridad nacional» la de «mejorar la calidad democrática» de España.

Para ello, señaló que «las instituciones son más fuertes cuando las reglas son claras, no hay zonas grises y por encima del interés general no va a prevalecer ningún otro interés». Por eso, justificó la proposición, dado que España, a diferencia de otros países, «sigue teniendo una normativa claramente insuficiente» para regular la actividad de sus expresidentes. Aunque admitió que no se ha comentado previamente la iniciativa con el PSOE, dijo no ver «ninguna razón» por la que el socio mayoritario del Gobierno pudiera no considerar oportuno aprobarla.

Santiago, que detalló los pormenores técnicos de la iniciativa, lamentó que el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que, según dijo, Sumar arrancó al PSOE, sólo se ha ejecutado en lo que respecta a la protección de denunciantes, y aseguró que su grupo empuja para que, al menos, la ley de lobbies, para la que ya se ha cerrado el período de enmiendas, «se apruebe de inmediato».

También enumeró algunas actividades de González y Aznar, «quizá más graves» que las de Zapatero, como el citado fichaje de éste último por Endesa, o el que el primero fuera a la vez consejero de Naturgy y miembro del consejo rector del Parque Nacional de Doñana.

Finalmente, Urtasun reiteró su convicción de que, ante los casos de corrupción, era «importante enviar una señal» a la ciudadanía y «actuar rápido y demostrar que la política se puede ejercer desde la transparencia». Los tres hicieron gala de que el espacio político a la izquierda del PSOE no ha tenido aún ni un solo caso de corrupción.