«Si tuviera dinero, me iría del país»: cómo la inseguridad y la inestabilidad política son los factores que más motivan a los votantes en las elecciones en Perú

En el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, barrios polvorientos se extienden precariamente por las laderas de los cerros.

Policías armados custodian la entrada de la terminal de autobuses donde trabaja Toño. Según señalan, este es el distrito de Lima más afectado por las extorsiones.

Toño, quien ahora conduce acompañado por policías armados vestidos de civil para su protección, quiere que quienquiera que sea el próximo presidente tenga «mano dura contra la delincuencia».

Según un observatorio independiente de criminalidad y violencia, 239 conductores fueron asesinados el año pasado.

«Nunca había sentido tanto miedo de dejar a mis hijos pequeños. Si tuviera dinero, me iría del país», dice.

Eiffel Calla, jefe de seguridad de la terminal, señala que cinco conductores de su empresa han sido atacados: uno murió y otro quedó en estado vegetativo.

El temor a la inseguridad ha llevado a otras naciones latinoamericanas a inclinarse hacia la derecha en elecciones recientes, impulsando a líderes que prometen políticas de mano dura en materia de orden público.

En sus últimos actos de campaña, Fujimori declaró la «guerra» a los extorsionadores y prometió desplegar al ejército contra el crimen organizado, tomar el control de las cárceles y colaborar con las instituciones financieras para bloquear el dinero proveniente de las extorsiones.

Keiko ha invocado la memoria de su padre, Alberto Fujimori —presidente entre 1990 y 2000—, cuya política de mano dura derivó en su encarcelamiento por violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, sus partidarios lo recuerdan por haber instaurado el orden en el país y estabilizado la economía.

En un mitin de Fujimori, uno de sus partidarios llamado Piero dice que hace mucha falta una política de mano dura frente a la inseguridad en los tiempos actuales y describe a Perú como un país desbordado por la delincuencia.

Otra simpatizante, Janeth, afirma: «Para la estabilidad económica, elegimos a Keiko Fujimori».

A pesar de haber pasado por ocho presidentes en la última década, la economía peruana se ha mantenido relativamente estable. El país es un importante exportador de minerales y metales clave, como el cobre.

Los partidarios de Fujimori contraponen su enfoque de libre mercado y su promesa de atraer más inversión estadounidense a las propuestas de Sánchez: revisar contratos mineros, aumentar ciertos impuestos corporativos, elevar el salario mínimo y otorgar al Estado mayor control sobre los recursos naturales; ideas que han inquietado a los mercados financieros.

Él argumenta que la riqueza derivada de los recursos naturales de Perú no llega a la gente común ni a las comunidades —a menudo rurales— donde se concentra gran parte de la actividad minera.

Sus seguidores, como María Elena Linares, discrepan de la idea de que sus políticas provocarán inestabilidad económica.

«Vamos a nacionalizar, pero también aceptaremos a países extranjeros que quieran contribuir a nuestra nación. No crean en esa idea negativa de que el comunismo ahuyenta a los inversores extranjeros; ¡están totalmente equivocados!», insiste ella.

«Nuestras materias primas, nuestro oro y nuestro cobre se van a otros países… nosotros vivimos en la miseria».

Raúl, apoya los planes de Sánchez de ampliar el papel del Estado y espera que esto atraiga más inversión no solo en salud y educación, sino también en infraestructura fuera de las grandes ciudades.

Sánchez también ha prometido liberar al expresidente de izquierda Pedro Castillo, quien fue encarcelado en 2022 tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto para evitar un proceso de destitución.

El viernes, un juez dictaminó que Sánchez podría ser juzgado por presuntos fondos de campaña no declarados correspondientes a elecciones regionales celebradas entre 2018 y 2020. Él niega las acusaciones y se prevé que apele la decisión.

Fujimori también estuvo bajo investigación durante años por acusaciones relacionadas con la financiación de campañas, cargos que fueron retirados el año pasado. Sin embargo, pasó casi un año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020.

Ningún partido cuenta con mayoría en el Congreso peruano —lo que ha provocado frecuentes procesos de destitución presidencial—, aunque el partido de Fujimori posee el bloque minoritario más grande.

Muchos peruanos están agotados por esta inestabilidad.

El año pasado estallaron protestas protagonizadas por la Generación Z, cuyos jóvenes argumentaban que el Estado no estaba logrando combatir la delincuencia, la corrupción y la desigualdad.

Los menores de 30 años representan cerca de una cuarta parte del electorado peruano, y muchos de los que protestaron no creen que ninguno de los dos candidatos pueda lograr un cambio real.

Consuelo, de 21 años, es vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y describe un «agotamiento político» respecto a la «clase política».

Ella siente que elegir entre las dos opciones finales en la votación del domingo equivale a escoger el «mal menor».

Sin embargo, le preocupa la promesa de Fujimori de replicar algunas de las políticas de su padre.

«Hablar de fujimorismo es hablar de autoritarismo, y eso es algo que para muchos estudiantes representa un temor enorme».

Otra estudiante, Cielo, de 23 años, ha participado en protestas «anti-Keiko», a pesar de que la delincuencia es una de sus principales preocupaciones tras haber sufrido su familia una extorsión en su pequeño negocio.

Álvaro, de 22 años, comenta que su candidato preferido no logró pasar a la ronda final, pero que votaría «con criterio» por Sánchez para evitar que Fujimori llegue al poder.

«Me gustaría una derecha más moderna», afirma, «con valores de libre mercado, pero representada por alguien que no sea tan revanchista y que quiera trabajar por el Perú».

Lo que estos estudiantes comparten con los partidarios más apasionados de ambos bandos es el deseo de que cese la inestabilidad para que, de este modo, se puedan implementar realmente políticas contra la delincuencia, la corrupción y la desigualdad.

Sin embargo, ante la ausencia de un partido mayoritario en el Congreso y con dos candidatos situados en extremos opuestos del espectro político, muchos analistas consideran que ese escenario aún se ve lejano.

José Luis Pérez Guadalupe, ministro del Interior entre 2015 y 2016 y profesor de la Universidad del Pacífico, señala que la «gran polarización» implica que, «gane quien gane, le resultará difícil llevar a cabo sus planes».

«Hemos tenido ocho presidentes en diez años, veinticuatro ministros de Justicia y treinta y dos ministros del Interior. Es una volatilidad muy alta».

No es de extrañar, pues, que muchos peruanos compartan la opinión frustrada de Consuelo: «Gane Fujimori o gane Sánchez, sabemos que lo más probable es que haya mucha inestabilidad».

«En realidad, es una elección bastante desalentadora».

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