Corte IDH ordena al Estado venezolano el cierre de «El Helicoide» por violaciones a derechos humanos
La sentencia, notificada este 10 de junio, responsabiliza al Estado por la detención ilegal, torturas y tratos crueles perpetrados contra Jorge Rojas Riera en El Helicoide y ordena el cierre de este sitio, tildado como un centro de tortura.
Caracas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles, 10 de junio, al Estado venezolano el cierre de El Helicoide, una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), catalogada como un centro de tortura, y donde estuvo detenido el estudiante Jorge Rojas, en 2003.
“La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención El Helicoide”, sentenció la CorteIDH.
COMUNICADO | 📄
En la Sentencia del caso Rojas Riera y otra Vs. Venezuela, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela, por restringir la participación del señor Jorge Rojas Riera en… pic.twitter.com/HW0HvBABEe
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) June 10, 2026
El tribunal determinó que la continuidad de este recinto es «incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos» y advirtió que la privación de libertad en instalaciones controladas por agencias de inteligencia, cuyas funciones no están orientadas a la custodia de personas, genera un riesgo agravado para la integridad personal de los detenidos, una circunstancia que, en este caso, facilitó la comisión de actos de tortura.
En la decisión, la CorteIDH se afianzó en el hecho de que distintas instituciones y organismos internacionales, que trabajan en el seguimiento a la situación de los derechos humanos en Venezuela, determinaron que las personas privadas de la libertad en El Helicoide han sido sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“Su continuidad resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este Tribunal advirtió que: a) la privación de la libertad del señor Rojas Riera en El Helicoide —bajo la administración de la entonces DISIP, un órgano de inteligencia estatal— generó un riesgo agravado para su integridad personal y sus garantías judiciales, y b) este riesgo agravado se mantiene para las personas allí detenidas”, dictaminó.
La sentencia
El caso sobre el que se pronunció la corte se remonta al 19 de septiembre de 2003, cuando Jorge Rojas Riera fue detenido violentamente por agentes de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) mientras participaba en labores de apoyo voluntario durante una manifestación pacífica en la plaza Francia de Altamira.
Tras su detención ilegal, durante la cual no se le informaron los motivos de su aprehensión, Rojas Riera permaneció en prisión preventiva durante tres meses y 16 días, período en el que fue sometido a actos de tortura dentro de El Helicoide.
Según la sentencia, la víctima sufrió golpes, amenazas de violencia sexual, simulacros de ejecución y fue apuntado con armas de fuego. La Corte subrayó que estos actos de tortura no fueron investigados por el Estado venezolano.
Coincidencias
La decisión del tribunal no es un caso aislado. La sentencia destaca que diversos organismos internacionales, incluida la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, han documentado que las personas privadas de libertad en El Helicoide han sido víctimas de torturas y tratos crueles por parte del Sebin, institución sucesora de la Disip.
Además, tiene lugar tres días después del traslado de privados de libertad considerados presos políticos que se encontraban en este centro de detención, que el Gobierno había anunciado sería convertido en un centro cultural y de recreación para funcionarios policiales.
La Corte concluyó que El Helicoide no cumple con los requisitos mínimos para el tratamiento digno de los detenidos, determinando que «la permanencia en ese centro constituye *per se* un trato violatorio del derecho a la integridad personal».
El fallo, que también reconoce las afectaciones sufridas por la madre de la víctima, Jackeline Riera Pietri, marca un precedente en la lucha contra la impunidad en los centros de reclusión manejados por organismos de inteligencia en el país.
Además del cierre del centro de detención, la Corte IDH ordenó al Estado venezolano una serie de medidas adicionales:
- Investigación efectiva: Reabrir y realizar de manera diligente la investigación penal para esclarecer los hechos, así como juzgar y sancionar a los responsables.
- Reconocimiento público: Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
- Protocolos y prevención: Adoptar un protocolo especializado para la investigación de torturas y establecer medidas de prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Registros: Crear un registro oficial centralizado de denuncias e investigaciones relacionadas con violaciones a DD. HH. en «El Helicoide».
- Compensación: El pago de las cantidades fijadas por concepto de rehabilitación, daño material e inmaterial, así como el reintegro de costas y gastos.
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Fuente de TenemosNoticias.com: cronica.uno
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