‘Le pedimos al próximo presidente que implemente la Ley de Huérfanos por Feminicidio en Colombia’: Hufafem

La Ley 2530 de 2025, creada para garantizar por primera vez atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes huérfanos tras el crimen de feminicidio, entra en un delicado limbo jurídico a partir de este 20 de junio. Organizaciones de víctimas advirtieron que el Gobierno de Gustavo Petro nunca expidió el decreto reglamentario necesario para su implementación. Además, que la regulación de la normativa está en manos del Ministerio de la Igualdad, el cual termina sus funciones este sábado, dejando esa deuda sin saldar en perjuicio de las víctimas. Ante ese panorama, EL TIEMPO contactó a Marcela Boyacá, directora de la Fundación Huérfanos y Familias víctimas por Femicidio Colombia (HUFAFEM).
¿Cómo explicarles a los lectores la necesidad de que esta Ley empiece a funcionar?
Es absolutamente necesario que la ley se convierta de manera urgente en beneficios reales para las familias y, especialmente, para los huérfanos y huérfanas del feminicidio. Desde aspectos tan básicos como ayudar a las familias a entender cómo comunicarles la noticia a los niños sin generarles un trauma mayor al que ya enfrentan, hasta brindar apoyo económico para afrontar las dificultades que surgen tras el crimen.
También es fundamental garantizar que, si el victimario o presunto feminicida es el padre de los menores, no tenga ningún derecho de acercarse a ellos, ni él ni su familia. Asimismo, en términos jurídicos, la ley establece la creación de un protocolo para la obtención de la custodia de estos niños y niñas.
Ese protocolo permitirá a las familias simplificar los trámites necesarios para obtener la custodia legal, facilitando procesos tan importantes como la matrícula escolar, la afiliación a una EPS, el acceso a una caja de compensación, la obtención de subsidios estatales y la representación legal de los menores en asuntos médicos, educativos y administrativos.
Marcela Boyacá, lideresa social. Foto:Hufafem
Por eso, su implementación es urgente. Sin embargo, la ley también tiene otras dimensiones relevantes, como la forma en que se aborda esta problemática en los medios de comunicación y en las instituciones educativas, así como la creación de beneficios que permitan a los huérfanos por feminicidio acceder de manera preferencial a programas educativos, culturales y de recreación ofrecidos por el Gobierno Nacional.
¿Qué tan grave es el panorama en Colombia, sobre todo en áreas del país donde la justicia no funciona?
El panorama es gravísimo. La información oficial indica que en Colombia se registran, en promedio, dos feminicidios al día. También sabemos que la mayoría de las mujeres víctimas de este delito pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, y que, según datos del DANE, suelen tener entre uno y tres hijos.
Si tomamos la cifra más conservadora, dos feminicidios diarios equivalen a aproximadamente 730 feminicidios al año. Eso significa que, como mínimo, podría haber 730 niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos por feminicidio cada año. Es cierto que no todas las víctimas tenían hijos, pero también es cierto que muchas de las que sí los tenían eran madres de dos o tres menores, e incluso más.
El problema es aún más complejo porque Colombia no cuenta con un registro oficial de huérfanos por feminicidio. Esto genera un enorme subregistro y hace que la magnitud real de la situación sea mucho mayor de lo que el país imagina. En otras palabras, estamos frente a una problemática que permanece parcialmente invisible para las instituciones y para la opinión pública.
La situación se agrava en las regiones más apartadas del país, donde la presencia del Estado es limitada o inexistente. En muchos municipios no hay comisarías de familia, sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni oficinas de la Fiscalía General de la Nación que puedan brindar una atención inmediata a los menores afectados.
Defensores de derechos humanos piden no más feminicidios ni violencia hacia mujeres Foto:Archivo EL TIEMPO
Por esa razón, el panorama real podría ser mucho más grave de lo que incluso las organizaciones que trabajan con esta población han logrado documentar. La falta de registros, de institucionalidad y de mecanismos de seguimiento hace que miles de niños y niñas afectados por el feminicidio de sus madres permanezcan fuera del radar del Estado.
¿Qué decirle al gobierno nacional?
Al Gobierno Nacional le pedimos un esfuerzo enorme. Entendemos que el país atraviesa un momento complejo por los tiempos electorales y poselectorales, y que existen desafíos importantes relacionados con la transición y entrega de responsabilidades al próximo gobierno. Sin embargo, esta es una población que necesita ayuda urgente y que la reclama a gritos.
En términos prácticos, nuestra principal solicitud es que el decreto reglamentario sea firmado y expedido antes de que jurídicamente ya no sea posible hacerlo. La incertidumbre alrededor del futuro del Ministerio de la Igualdad genera dudas sobre hasta cuándo podrá ejercer legalmente sus funciones y liderar este proceso.
Lo que pedimos es que, durante el tiempo que resta de funcionamiento del ministerio y de la actual legislatura del Congreso, se haga el máximo esfuerzo institucional para desarrollar estos protocolos, redactarlos con el mayor rigor técnico posible y dejar firmado el decreto reglamentario.
¿Cuál es el llamado al Congreso?
El llamado al Congreso de la República es a pensar en esos niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos por feminicidio, así como en las familias que hoy asumen su cuidado. Les pedimos que, dentro del tiempo que resta de actividad legislativa, busquen mecanismos que permitan garantizar la continuidad de esta política pública.
Congreso de la República. Foto:Paula Rodríguez. EL TIEMPO
Consideramos fundamental que se evalúen alternativas jurídicas e institucionales que permitan mantener viva la implementación de la ley, ya sea mediante disposiciones transitorias, decretos o cualquier otro instrumento que garantice que las funciones asignadas al Ministerio de la Igualdad puedan continuar mientras se culmina el proceso.
Lo más importante es que exista una salida que permita avanzar en la reglamentación y dejar firmado el decreto que hará posible la aplicación efectiva de la ley. De lo contrario, miles de niños y niñas podrían seguir esperando una protección que ya fue reconocida por el Estado colombiano, pero que aún no se ha convertido en una realidad.
¿Qué entidad cree que puede asumir esas funciones con la terminación del Ministerio de la Igualdad?
También hemos escuchado, aunque por ahora únicamente a través de versiones y rumores, que el Ministerio de Justicia podría asumir la continuidad de esta política pública una vez desaparezca el Ministerio de la Igualdad. No necesariamente en lo relacionado con la reglamentación, sino en la implementación y el seguimiento de la ley. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre cuál será la entidad encargada de asumir esas funciones.
Desde nuestra perspectiva, y aunque no somos la instancia competente para definirlo ni contamos con la experticia institucional para proponer una solución definitiva, creemos que el Ministerio de Justicia podría desempeñar ese papel. También consideramos que una entidad como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) podría contribuir de manera importante a garantizar la continuidad de la atención a esta población.
¿Qué decirle al próximo presidente?
Para el gobierno entrante y el próximo presidente, esperamos que combatir la violencia de género, y en especial los feminicidios, sean una prioridad absoluta en su mandato. No podemos seguir normalizando ni dejando pasar que ocurran dos feminicidios al día sin que pase nada, sin que nos duela y permitiendo que se conviertan en una cifra más. Necesitamos que la violencia de género reciba especial atención, asuma quien asuma la presidencia.
Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda. Foto:EL TIEMPO
Le pedimos al Gobierno nacional entrante que ‘se ponga la camiseta’ con la implementación de la Ley de Huérfanos por Feminicidio en Colombia. Los niños y jóvenes huérfanos son una población que requiere atención prioritaria, ya que cargan con traumas complejos que, de no atenderse, afectarán a la sociedad en el futuro.
Estos son problemas que aún no están del todo documentados ni se conocen por completo, pero que exigen un enfoque especial debido a los severos ciclos de violencia que estas víctimas han sufrido; incluso, muchos de ellos presenciaron el feminicidio de sus madres. En conclusión, lo que hacemos es un llamado urgente y exigimos un compromiso real por parte del gobierno entrante.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
@SebasCote95 en X
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