Estado de excepción en Bolivia para desbloquear los cortes de carreteras de los seguidores de Evo Morales

Es la decisión más drástica adoptada por el Gobierno desde que comenzaron las movilizaciones impulsadas por sectores campesinos, organizaciones afines a Evo Morales y grupos que exigen la renuncia del mandatario, quien asumió la Presidencia hace poco más de siete meses.

«Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional», anunció Paz durante un mensaje difundido la madrugada de este sábado, acompañado por su gabinete ministerial.

La medida llega después de semanas en las que el Gobierno ha insistido en primar el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto. Incluso durante los últimos días, distintas autoridades descartaban la posibilidad de aplicar este recurso constitucional, argumentando que una medida de esa naturaleza podía agravar la confrontación o ser utilizada políticamente por los sectores movilizados.

El conflicto llegó a su día 51 con más de 45 puntos de bloqueo distribuidos en al menos seis departamentos del país, afectando el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y otros productos esenciales. La capital, La Paz, continuó siendo el principal foco de la crisis, cercada por movilizaciones campesinas y organizaciones afines al expresidente Evo Morales.

A todo ello se suman los episodios de violencia registrados estas semanas cerca de la plaza Murillo, donde grupos movilizados protagonizaron enfrentamientos con efectivos policiales, ataques a infraestructuras públicas y privadas, agresiones a periodistas y saqueos a comercios. Para el Ejecutivo, esos acontecimientos confirmaron que la protesta había dejado de ser únicamente una movilización de reivindicación social.

Durante su discurso, el presidente boliviano sostuvo que detrás de los bloqueos existen estructuras políticas organizadas que buscan utilizar el conflicto como instrumento de desestabilización. El mandatario señaló además que algunos sectores con demandas genuinas comenzaron a retirarse de las medidas de presión, pero que otros optaron por profundizar el conflicto.

Precisamente, uno de los hechos que antecedió a la declaración fue el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Sus sindicalistas suscribieron un entendimiento con el Ejecutivo y anunciaron el levantamiento de sus medidas de presión. Sin embargo, el acuerdo no logró desactivar la crisis.

Los cocaleros del Trópico de Cochabamba rechazaron este pacto, acusaron al dirigente Mario Argollo de «traición» y anunciaron la masificación de los bloqueos. En paralelo, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari se desmarcó del acuerdo y determinó continuar e intensificar las movilizaciones en el departamento de La Paz.

«Llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad. Ese momento ha llegado», sostuvo el presidente Rodrigo Paz.

La decisión también se produce en medio de una creciente presión internacional. Durante la semana, el Gobierno llevó el conflicto ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció intentos de desestabilización política, daño a los derechos fundamentales de la población y graves consecuencias humanitarias derivadas de los bloqueos.

Ante ese organismo, Bolivia solicitó respaldo para preservar el orden constitucional y pidió una condena a toda forma de violencia política y coerción organizada. En la sesión, varios países expresaron preocupación por la situación humanitaria, el desabastecimiento y los efectos de los bloqueos sobre la población.

El apoyo de EE.UU. al Gobierno

Estados Unidos respaldó públicamente al presidente Rodrigo Paz y condenó cualquier intento de alterar el orden democrático mediante violencia o intimidación. Días antes, su vicesecretario de Estado, Christopher Landau, había afirmado que en Bolivia existe «un golpe de Estado en marcha», atribuyendo la crisis a una alianza entre actores políticos y estructuras vinculadas al crimen organizado.

La OEA también manifestó su apoyo a la institucionalidad democrática boliviana y exhortó a las partes a buscar soluciones mediante el diálogo. A pesar de estos llamamientos para desactivar la crisis, el conflicto ha seguido escalando.

Ante el agravamiento de la situación, Paz decidió activar uno de los mecanismos más extraordinarios previstos por la Constitución Política del Estado. La medida ha entrado en vigor de manera inmediata, aunque deberá ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su revisión. El Parlamento dispone de 72 horas para pronunciarse sobre la declaración del estado de excepción.

El Gobierno sostiene que el objetivo no es restringir derechos ni alterar la vida cotidiana de la población. Desde la Oficina del Presidente se informó además que no habrá toque de queda, no se suspenderán los derechos fundamentales, no se cerrarán comercios y los servicios financieros continuarán operando con normalidad, salvo en zonas de riesgo.

Paz instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para liberar las carreteras, restablecer el abastecimiento y garantizar la circulación en todo el país. Durante las primeras horas de este sábado comenzaron a observarse movimientos y contingentes policiales y militares en distintos puntos del país, en preparación para los operativos de desbloqueo.

El Gobierno considera que la medida es necesaria para recuperar el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, además de evitar un mayor deterioro económico. Al mismo tiempo, lanzó una última advertencia a quienes mantienen las medidas de presión. «A quienes mantienen bloqueos les digo con claridad: aún están a tiempo de desistir voluntariamente», señaló Rodrigo Paz.