El viraje de Washington para la transición en Venezuela

Dentro de su tutelaje, la Casa Blanca ha impuesto una estrategia de transición que se articula en una hoja de ruta gradual y flexible de tres etapas: estabilización, recuperación y transición. En ella, la democratización quedó subordinada primero al logro del control político interno y a los objetivos geopolíticos de Estados Unidos y luego a la reactivación económica, con acceso preferencial de empresas estadounidenses al mercado venezolano.

La estrategia de cambio político de la Casa Blanca no apunta a un desmontaje abrupto del modelo chavista, sino a una reforma progresiva impulsada desde dentro del propio régimen, con Delcy Rodríguez a la cabeza como figura operativa bajo la supervisión directa de Washington.

Hasta junio de 2026, el proceso de cambio político en el país ha ido avanzando mediante conversaciones directas entre representantes de la Casa Blanca y Miraflores, en torno a metas verificables definidas por Washington y acordadas con el interinato. Según ha advertido el secretario de Estado, Marco Rubio, el incumplimiento de estos compromisos podría acarrear consecuencias económicas y políticas, e incluso reabrir la posibilidad del uso de la fuerza.

Estas conversaciones bilaterales han sido marcadamente opacas, fuera del escrutinio público y sin que el pueblo venezolano conozca con precisión cuál es el alcance de las metas y compromisos asumidos en su nombre por el interinato. Algunos de estos acuerdos han derivado en proyectos de reforma legal sancionados de forma automática por una Asamblea Nacional, controlada totalmente por el oficialismo y carente de legitimidad, tanto nacional como internacionalmente.

Esta dinámica acaba de ser alterada con la incorporación formal de la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN 2015), encabezada por su presidenta Dinorah Figuera, como un tercer actor dentro de la estrategia estadounidense de cambio político para Venezuela. Este giro genera interrogantes respecto a qué pudo haberlo motivado y cuál será su alcance real.

Los cuestionamientos que el esquema bilateral no podía responder

Si bien a principios de febrero de este año, la Casa Blanca —incluidos Trump y Rubio— dio algunos indicios de que la estrategia de cambio político en Venezuela podría incorporar a representantes de la oposición democrática, lo cierto es que esa intención no se materializó, ni se ofrecieron explicaciones sobre por qué no se avanzó en ese sentido. En cambio, se mantuvo el esquema bilateral entre la Casa Blanca y Miraflores.

No obstante, el desarrollo de esta estrategia ha generado, en los últimos meses, cuestionamientos y presiones que el esquema bilateral no ha podido responder satisfactoriamente y que podrían explicar el actual viraje de la administración Trump. Entre ellos destacan: la creciente desconfianza dentro de Venezuela sobre si el proceso avanzaba realmente hacia una transición democrática o hacia la normalización del postmadurismo; el reclamo de sectores de la política estadounidense por una ruta clara hacia las elecciones en Venezuela; y la persistente incertidumbre jurídica en el país que frena a los inversionistas estadounidenses.

El primer cuestionamiento surge dentro de Venezuela. Mientras Trump manifiesta públicamente su satisfacción con la actuación de Delcy Rodríguez al frente del interinato, en el país ha crecido el cuestionamiento a su legitimidad como encargada de la Presidencia, una encargaduría que, conforme a la Constitución, tiene un plazo máximo de 180 días y vence el 3 de julio. Delcy Rodríguez no tiene mandato electoral propio. Su posición deriva de la designación de un presidente ilegítimo, y en último término, del tutelaje estadounidense.

A ello se suman el descontento con los resultados de su gestión y la alta desconfianza en su conducción de un proceso de transición democrática que no ha cumplido con las expectativas de los venezolanos. Este rechazo se ha traducido en una creciente conflictividad social, en demandas ciudadanas por el fin del interinato y en la exigencia de convocatoria a elecciones.

El segundo cuestionamiento proviene de la política interna estadounidense. En sus comparecencias ante el Congreso de Estados Unidos, Rubio ha tenido que enfrentar las exigencias de los legisladores que le reclaman falta de plazos claros, de apertura política, de avances verificables y de una ruta electoral concreta para Venezuela.

Estos reclamos le han sido ratificados recientemente mediante una comunicación conjunta, fechada el 8 de junio, suscrita por la senadora Jeanne Shaheen y el representante Gregory W. Meeks, líderes demócratas de los comités de Relaciones Exteriores del Senado y Asuntos Exteriores de la Cámara, respectivamente. En ella le exigen una explicación detallada de la política hacia Venezuela, así como una estrategia específica para asegurar que el cambio político en el país derive en una transición democrática real y no una continuidad del autoritarismo.

El tercer cuestionamiento proviene desde el mundo de los inversionistas norteamericanos. Para cualquier empresa dispuesta a comprometerse con Venezuela a largo plazo, la pregunta de entrada es: ¿quién tiene legitimidad para firmar en nombre del Estado venezolano? Washington ha intentado responder a este cuestionamiento por vía administrativa: levantó las sanciones personales a Rodríguez, la trató como autoridad venezolana en litigios dentro de Estados Unidos, le permitió restablecer lazos con bancos occidentales, y facilitó su readmisión en el FMI.

Sin embargo, aunque estos esfuerzos de Washington le confieren a Rodríguez cierta autoridad funcional en el sistema internacional y han reducido parte del riesgo inmediato para los inversionistas, no han disipado las dudas de fondo. Analistas advierten que los acuerdos suscritos por un gobierno interino sin origen democrático, así como las reformas legales sancionadas por una Asamblea Nacional cuya legitimidad ha sido cuestionada incluso por el propio gobierno norteamericano, podrían ser cuestionados por futuras administraciones venezolanas.

¿Qué cambia con la incorporación de la AN de 2015?

Al introducir la Casa Blanca formalmente dentro de su estrategia de cambio político para Venezuela a la representación de la AN 2015, intenta ofrecer una respuesta a uno de los cuestionamientos fundamentales que el esquema bilateral no podía responder: la ausencia dentro de ese esquema de un actor institucional que representara con legitimidad democrática los intereses de los venezolanos.

Aunque todavía es muy pronto para evaluar el alcance real de este viraje, entre otras razones porque persiste la opacidad y la información disponible es muy general, es posible, con base en los comunicados oficiales de los actores involucrados, identificar algunos aspectos relevantes.

De sus coincidencias se desprende que las partes acordaron preliminarmente un formato de trabajo para las discusiones: una mesa técnica de carácter político, de composición equilibrada, encargada de definir una agenda de trabajo con hitos y cronogramas, orientada a una transición democrática del país (aunque el comunicado oficialista se refiere a este objetivo como «el fortalecimiento de la democracia»).

En cuanto a los temas específicos a discutir, la AN 2015 establece prioridades concretas —entre ellas el fortalecimiento del CNE, la restitución de los partidos políticos y las garantías para todos los actores políticos, prioridades que también recoge el comunicado del Departamento de Estado— mientras que el texto del oficialismo es deliberadamente genérico, evitando comprometerse públicamente con ningún objetivo específico en este momento. Un aspecto que no precisan los comunicados es si el acompañamiento de Estados Unidos en estas discusiones implica una presencia formal en la mesa técnica o solo un acompañamiento externo.

La incorporación de la representación de la AN 2015 constituye un reconocimiento implícito de Washington de que el esquema bilateral seguido hasta ahora resultaba insuficiente para dotar de legitimidad al proceso de cambio político en Venezuela.

Con el rediseño, se abre un espacio institucional para que las demandas e intereses de los venezolanos estén representados en la discusión sobre la hoja de ruta hacia la democracia, se contribuya a reducir la opacidad del proceso, y se introduce un elemento adicional de control sobre la deriva continuista del postmadurismo. Está por verse si este viraje logrará traducirse en avances verificables hacia las elecciones libres y una verdadera transferencia del poder, o si, por el contrario, terminará legitimando un autoritarismo reformado bajo la tutela de Washington.

(ms)