España propone reformar la ley europea de privacidad para facilitar la transferencia de datos fiscales a EEUU | elperiodico.com
España quiere modificar la principal ley de privacidad de la Unión Europea para facilitar la transferencia de datos personales de algunos ciudadanos a Estados Unidos. En un documento de trabajo filtrado por POLITICO Europe y revisado por EL PERIÓDICO, el Gobierno propone alterar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para agilizar el flujo de datos tributarios al otro lado del Atlántico. «El intercambio internacional de datos con fines fiscales constituye un instrumento necesario para luchar contra el fraude fiscal en un mundo globalizado», afirma el texto informal, emitido el pasado 23 de abril.
El Comité de Representantes Permanentes del Consejo de la Unión Europea decidirá este viernes si adopta esa propuesta. En caso afirmativo, el paquete que incluya la modificación española pasará a ser negociado con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Aunque las autoridades españolas defienden en el texto que esta medida «debe equilibrarse con la protección de los datos personales«, expertos legales y en políticas digitales advierten que la modificación podría suponer una «amenaza» al derecho a la protección de datos y a la privacidad de los ciudadanos.
El pasado noviembre, la Comisión Europea planteó un paquete de desregulación o simplificación digital que afecta a distintas regulaciones, también el RGPD. Sin embargo, Bruselas no aborda los intercambios de información fiscal. España estaría aprovechando ese contexto para introducir una reforma que agilice la cooperación internacional contra el fraude fiscal, pero cuyo impacto en la protección de datos puede ser «muy problemático», advierte Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora política del colectivo European Digital Rights (EDRi).
El Gobierno de Pedro Sánchez pretende modificar el artículo 49, que regula las excepciones que permiten enviar datos personales de los ciudadanos fuera de la UE cuando no hay una decisión de adecuación y los acuerdos subyacentes carecen de garantías. España lamenta que eso genera «incertidumbre» y pide permitir la transferencia de datos —también «a gran escala y de manera sistemática«— siempre que esa sea «necesaria para el interés público» o «para la ejecución, aplicación o cumplimiento de acuerdos internacionales o administrativos de asistencia mutua o cooperación».
Rebajará las barreras de protección de datos de los europeos
«Rebajará la protección de datos»
La propuesta de España ha logrado hacerse un hueco en el texto de compromiso alcanzado por el Consejo Europeo. Domínguez de Olazábal señala que este es «menos grave» porque elimina la frase «a gran escala», pero que aun así «sigue siendo preocupante» porque, con el cambio, el artículo pensado para excepciones en situaciones limitadas «se convertirá en la base para transferencias recurrentes de datos». El abogado tecnológico Samuel Parra coincide en señalar que, de cristalizar, la enmienda española «rebajará las barreras de protección de datos de los europeos» y abrirá la puerta a que otras excepciones que profundizarán la erosión de ese derecho.
El RGPD establece que los 27 estados miembro pueden transferir datos personales de sus ciudadanos a terceros países con un nivel de protección esencialmente equivalente al garantizado en Europa. Sin embargo, expertos legales consultados por EL PERIÓDICO advierten que la información de los ciudadanos es enviada a países que, a pesar de ser declarados seguros, podrían atentar contra su privacidad. «No se está cumpliendo, pero debe cumplirse», explica Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) / PHILIPPE STIRNWEISS – Archivo
Preguntados por EL PERIÓDICO, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han indicado que no les consta que se esté tramitando tan modificación del RGPD.
EEUU, un «problema para la privacidad»
Caso paradigmático es el de Estados Unidos, que obliga a proveedores de servicios en la nube como Amazon, Google o Microsoft a entregar los datos que almacenan a las autoridades. El país presidido por Donald Trump cuenta con una ley tributaria (FATCA) que obliga a las instituciones financieras extranjeras a reportar cuentas con obligaciones fiscales a la Hacienda estadounidense. España firmó en 2013 un acuerdo intergubernamental con Washington para implementar esa ley.
Aunque la FATCA solo afecta a ciudadanos estadounidenses, Parra asegura que la enmienda propuesta por España «supondrá un problema para la privacidad porque afectará a todos los ciudadanos que EEUU considere y porque nuestros datos terminarán en un país que no ofrece garantías de seguridad». El jurista, especializado en la protección de datos, advierte que «aunque los datos se manden a EEUU por cuestiones fiscales, nada impide que las autoridades los utilicen para otros fines». En la misma línea, Domínguez de Olazábal avisa que esa información sensible puede terminar en manos de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), convertida en una fuerza paramilitar por la administración Trump.
Expertos consultados por EL PERIÓDICO advierten que los datos fiscales transferidos a EEUU pueden usarse «para otros fines» y terminar en manos de agencias como ICE
Caso sin sentencia
Actualmente, EEUU y la UE comparten un marco legal que habilita el flujo de datos a ambos bandos del Atlántico. Sin embargo, legisladores, abogados y activistas digitales advierten que podría abrir la puerta a la vigilancia masiva de los ciudadanos europeos. Los dos anteriores tratados ya fueron tumbados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por esa misma razón.
Los acuerdos de datos fiscales con EEUU, como el que tiene España, podrían sufrir el mismo destino. En 2023, la autoridad belga de protección de datos prohibió el envío generalizado de información a las autoridades fiscales estadounidenses al dictaminar que eso viola las leyes europeas por su falta de proporcionalidad y transparencia. Otros reguladores de los 27 están revisando esa falta de adecuación. Contactada por EL PERIÓDICO, la AEPD no ha querido pronunciarse sobre una propuesta que no es pública.
Bélgica ha elevado el caso al TJUE, que aún debe tomar una posición. Domínguez de Olazábal denuncia que España está tratando de facilitar un tipo de transferencias que son objeto de controversia legal, aún sabiendo que la Justicia no se ha pronunciado sobre ello. «Si el caso está pendiente de los tribunales entonces no hay seguridad jurídica», remarca.
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En la sección: El Periódico – internacional
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